Este fin de semana se cumplen cinco años del fallo del juicio de Bolivia contra Chile por la obligación de negociar una salida soberana al mar para Bolivia.

Fue un 1 de octubre, cuando todos los aspectos aludidos por Bolivia fueron desestimados por la Corte Internacional de Justicia.

En los años posteriores, a esa derrota judicial se sumó una segunda. En esta segunda, fue Chile quien demandó a Bolivia en relación con la naturaleza y las obligaciones país referidas a las aguas del Silala.

De pleito en pleito, pero sobre todo en el primer caso, la pugnacidad del Gobierno boliviano rayó en el surrealismo. Misma distorsión que llevo a la creación de Diremar y que enfrascó a Bolivia en una obsesión por ganarle algo a Chile.

Desde el 2009 hasta el cierre del juicio del Silala el 2021, el gasto en propaganda, institucionalidad, recursos del Estado y ánimo país supuso una sola voz en Bolivia. Una voz para hablar sobre el despojo, sobre el robo histórico, sobre la deuda pendiente de Chile y la absoluta necesidad de Bolivia por una salida soberana al mar. Ello, sin hablar del derecho irrenunciable establecido en la Constitución boliviana.

En el caso de Chile, los matices menos dramáticos, por cierto, se concentraron en lidiar con la figura presidencial y tratar, desde la política exterior, de bajar el tono. A ratos se logró. Pero en la opinión pública, ambos pleitos supusieron una interrupción de las relaciones de todo tipo y lo que fue más sentido, un deterioro sustancial de la vida fronteriza, hoy vista como un tierra en permanente estado de excepción y con las Fuerzas Armadas custodiando las fronteras inéditamente.

A lo anterior hay que sumar un aspecto que hoy juega un rol crucial: el rol del crimen organizado y el empobrecimiento y continuo peligro para los pueblos indígenas y la población en general. Así, se concluye que mientras más discutían los países, mejores fueron las estrategias del delito en la extensa frontera que nos une.

Un ejemplo de ello, en territorio chileno, son los continuos decomisos de droga durante estos años. Incautaciones que han involucrado cuantiosas cantidades interceptadas y retiradas del mercado.

Hasta la fecha de esta columna, no existen estadísticas oficiales sobre los volúmenes incautados en lo que va de 2023. Sin embargo, a estas alturas del año anterior, ya se habían sacado de circulación 46.655 kilogramos de droga en todo el país, de los cuales 23.559 kg provenían de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

En perspectiva, los mayores operativos del año en curso se llevaron a cabo el 13 de marzo, con 1.600 kilogramos incautados; el 29 de julio, con 2.000 kg incautados; y el 17 de agosto, con 907 kg incautados. Todas estas intercepciones de droga, tienen vínculos con el norte de Chile y/o conexiones con Bolivia. Las cifras de este 2023, con justa razón, generan preocupación en relación a las cantidades de droga que atraviesan nuestro país, ya que solo los tres mayores decomisos suman 4.500 kilogramos, representan casi el 10% del total del año anterior”.

Aun así, en toda esta cadena de cuestiones legales y de seguridad fronteriza, poco ha importado el daño realizado a las nuevas generaciones de bolivianos y chilenos. A partir de este ciclo, existe una generación de jóvenes poco disponibles al conocimiento mutuo y a la hermandad latinoamericana.

De paso, también el pensamiento crítico se ha empequeñecido. En un país con una línea de conducta de partido único, la educación y la historia se han soslayado. Lo coyuntural es lo único que prima. Chile no lo hace mucho mejor.

Tanto el estallido social, como los debates constitucionales y la migración venezolana, han subsumido revisar el estado de cosas con Bolivia hasta ahora en forma integral. Han de reconocerse que los esfuerzos del presidente Boric han logrado reuniones y diálogos mutuos. Notable por lo mismo es que por primera vez, en décadas, saltara la situación del Paño de Arica. El pasado 13 y 14 de septiembre se realizó en dicha ciudad, la XV Reunión del Comité de Fronteras e Integración Chile-Bolivia, que contó con la presencia de autoridades de cada país y que trató temas de distinta índole. Uno de ellos, es el terreno de 3,5 hectáreas cedido a Bolivia para que la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) construyese un oleoducto para el movimiento de hidrocarburos y que hoy se encuentra en el medio de la ciudad. Este proyecto pensado hasta el día de hoy, no se ha realizado y deja como saldo un estanque metálico, una casa y un terreno llano custodiado por un guardia.

Así, tanto los terrenos abandonados por Bolivia, como uno peruano en similares condiciones, significan en primer lugar un problema urbano enorme para la ciudad. Pero también, un sinsentido y eventual conflicto entre Chile y sus vecinos. Resulta poco entendible que se proporcionen terrenos que Bolivia no utilice. Más incomprensible es que el tema se lleve un silencio de décadas en una zona altamente poblada. Más allá de la soberanía que ello implica, son suelos que pueden ser utilizados para el beneficio de todos los habitantes de Arica, tanto por su extensión como por su ubicación estratégica dentro del radio urbano.

Por ello es que resulta interesante ver hasta dónde llegan los acercamientos entre ambas cancillerías. Al respecto se advierte que se conversa en un marco inusualmente práctico. Una, porque a través de las fronteras hacia el Pacífico, opera una red de contrabando de mercancías de todo tipo, tráfico de drogas y armas, trata de personas y robo de vehículos como nunca antes en la historia de ambos Estados. Otra, porque finalmente, ambas cancillerías coinciden en la necesidad de ajustar el acuerdo económico binacional a la realidad. En efecto, Bolivia podrá ingresar carne y otros productos a Chile a través de una modernización del Ace 22. Sobre Arica, no ha habido trascendidos. Éste es un tema clave para ambos países.

Aun así, en medio de estas conversaciones subyace un absurdo, la ausencia de relaciones diplomáticas entre ambos países desde hace casi medio siglo. ¿Se atreverán a hacerlo?