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17 de julio de 2023, 4:00 AM
17 de julio de 2023, 4:00 AM

La política fiscal constituye uno de los instrumentos más importantes de la política económica en la consecución de los objetivos económicos de corto plazo como el equilibrio de la balanza de pagos (sector externo) y el balance fiscal (ingresos y gastos públicos). El país recibe ingresos de cuatro fuentes principales, la primera son las exportaciones de bienes y servicios (de empresas públicas y privadas), la segunda son las inversiones extranjeras directas (IED), la tercera los ingresos financieros por préstamos de países y organismos internacionales y dividendos de inversiones (bonos colocados en el mercado internacional), y la cuarta, las remesas de los bolivianos en el exterior.

De fuente interna el Estado percibe ingresos de los impuestos nacionales que recauda de contribuyentes formales, los tributos aduaneros de las importaciones legales y las ventas en el mercado interno de bienes y servicios provistos por las empresas públicas. En contrapartida el gasto público debe solventar el funcionamiento del Estado en sus tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), además de la seguridad pública, la fuerza militar, la educación, salud, saneamiento, salubridad y otros, además de los subsidios a los combustibles y alimentos, y las rentas destinadas a la vejez, los escolares y otros. De igual manera el Estado debe ejecutar inversión pública en carreteras, puertos, aeropuertos, tecnología, seguridad, infraestructura educativa y de salud.

Como se aprecia, no es tarea fácil el desarrollar política y gestión fiscal, lo cual se torna aún más complejo y riesgoso cuando los ingresos netos de fuente externa (balanza comercial de bienes y servicios) en los últimos dos años representan un déficit acumulado de al menos 1.000 millones de dólares, esto sin considerar las exportaciones netas de oro ingresado de contrabando del Perú y Brasil, lo cual redundaría en un déficit global real de no menos de 3.000 millones de dólares en 2021-22, lo cual afectó de manera directa la disponibilidad de divisas, que se mermaron aún más con el subsidio pagado a los proveedores de combustible equivalente a otros 1.700 millones de dólares el pasado año.

En una economía pequeña de 43.000 mil millones de dólares en PIB, un déficit real cercano al 12% de su tamaño solo en Cuenta Corriente, es muy difícil de asimilar sino se adoptan medidas concretas de ajustes en el tipo de cambio y la reducción del subsidio a los combustibles y alimentos importados. Lo contrario implicará exponer a un mayor sacrificio al sector productivo formal, lo que en el corto plazo redundará en menor producción, empleo e  ingresos tributarios.

El bienio 2021-22, según datos oficiales del INE el déficit público se situó en -9,3% y -8% del PIB, respectivamente, haciendo un total de más de 6.500 millones de dólares americanos, la previsión del 2023 es que el déficit alcance los 3.200 millones de dólares que equivaldrían al -7,5% del PIB. Sin embargo, el problema no es el déficit, sino, cómo financiar el gasto.

Como lo venimos sosteniendo, el talón de Aquiles de la política fiscal sigue siendo la recaudación tributaria, tanto interna como aduanera, el 2022 la recaudación de impuestos internos alcanzó los 6.000 millones de dólares, un 17% más que el periodo anterior post pandemia, mientras que la recaudación de tributos aduaneros el 2022 llegó a los 2.350 millones de dólares, de igual manera un 17% más de recaudación respecto al año anterior. Ambos ingresos fiscales representan el 19,5% del PIB, cuando los países emergentes y las economías más desarrolladas duplican esta relación, lo cual no necesariamente significa mayor presión fiscal sobre las empresas, sino, mayor producción contributiva al desarrollo económico y social del país.

En el sistema tributario boliviano la multiplicidad de regímenes promueve la evasión y elución de impuestos consolidando un Estado informal. El contrabando cuyas incautaciones no sobrepasan el 10% del valor de su estimación, es constatable en la cantidad de vehículos indocumentados en las provincias rurales y en la proliferación de mercados informales con venta directa de ropa usada, bebidas alcohólicas y alimentos que ingresan evadiendo el control aduanero y sanitario. Por su parte los regímenes tributarios especiales en el comercio “minorista”, el transporte cooperativista y el agropecuario no llegan a representar ni el 1% del total de las recaudaciones tributarias, algo irrisorio respecto al valor de su producción y comercialización.

Después de 37 años de vigencia de la Ley 843 es oportuno pensar en una nueva reforma tributaria basada en una política fiscal consistente con el desarrollo económico del país y la equidad entre todos los contribuyentes, con un régimen tributario único pero diferenciado en las tasas y gravámenes según los sectores primario, secundario y terciario, eliminando impuestos innecesarios como el RCIVA, el Impuesto a las Transacciones (IT) o el Impuesto a la Transacciones Financieras (ITF), estableciendo tributos universales como el de los ingresos gravables según nivel salarial o bajando el IVA para universalizarlo.

Como señala un reciente análisis del BID sobre Política y Estrategia Fiscal en América Latina y El Caribe; los países deben procurar que su política fiscal reduzca el impacto negativo de las medidas procíclicas, mejore la eficiencia del gasto público, se deben reformular las estructuras tributarias, mejorar la redistribución del ingreso, es indispensable fortalecer la institucionalidad fiscal, además de mitigar la adaptación de la economía a los cambios climáticos y conservación del planeta.

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