Opinión

¿Por qué no funcionaron las medidas de protección?

12 de abril de 2021, 5:00 AM
12 de abril de 2021, 5:00 AM

La sociedad quedó horrorizada con el feminicidio en que un ciudadano persiguió a su expareja conyugal hasta un supermercado, compró un arma blanca y la victimó de manera cruenta para después darse a la fuga, aunque después fue aprehendido.

Los crímenes conyugales o de pareja (mal llamados “pasionales”) son generalmente el resultado de relaciones de violencia que culminan con la muerte. Por eso, muchas veces se define estos crímenes como “violencia de género llevada al extremo”. Se usa el término “femicidio” para hacer visible que se trata de un tipo particular de crímenes, sexuales y de género. Lo que importa, más allá de las circunstancias y los contextos de los femicidios, es que son muertes que podrían haberse evitado. En los homicidios conyugales el crimen suele ser el resultado de un crescendo de violencia fuera de control, en los que se pone en juego la dominación, el sentido de propiedad o control de los varones sobre las mujeres.

En este caso, se tiene conocimiento de que dicha pareja estuvo ante la Policía el 21 de marzo y se denunció ultraje físico, arguyéndose que hubo una previa discusión por problemas familiares, que desencadenó violencia entre ambas personas e incluso tuvo participación de la madre de la víctima; resultando ambas partes agredidas, por lo que el feminicida fue arrestado.

La Fiscalía, amparada en el art. 389, Bis, incs. 1, 4, 5 y 6 del Código de Procedimiento Penal, dictó medidas de protección ordenándole al agresor que abandone inmediatamente la casa, considerando que hacía más de un año que estaban divorciados, empero él seguía viviendo en el inmueble matrimonial; le prohibió intimidar a la víctima o a cualquiera de sus familiares; le suspendió el régimen de visitas; negándole interferir con la guarda, crianza o custodia de la víctima; así como, terapia en un centro de alcohólicos.

Las medidas de protección previstas por ley fueron debidamente activadas, sin embargo, las mismas no fueron suficientes para evitar la violenta muerte de la víctima, quedaron en la buena intención de dicha normativa legal y esto debido a que el Estado ha omitido implementar mecanismos oportunos y eficaces que hubieran podido hacer funcionar dichas medidas de protección y asegurar la vida de la víctima.

Las medidas de protección quedan en manos de la víctima y es ella la que por su cuenta debe hacer valer su aplicación y denunciar una eventual violación de la misma ante el Fiscal. Lo correcto sería que el Estado, a través de la Policía, realizara el constante acompañamiento y verificación de tales medidas, consultando periódicamente a las víctimas de cualquier anomalía de la contraparte. Sin embargo, en la práctica no es así por la carencia de personal y apoyo logístico.

Cabe preguntar, por qué hasta ahora y a pesar de que la ley 1173 al momento de su implementación y socialización tenía prevista la creación de un centro policial de monitoreo de las medidas de protección con equipos electrónicos colocados a los agresores que permitieran verificar posibles violaciones de prohibición de acercamiento a sus víctimas, pudiendo tomarse medidas persuasivas a través de llamados telefónicos o acudir hasta el lugar donde la señal electrónica así lo apunte y arrestar al infractor, para luego informar a la Fiscalía y pedir su detención preventiva.

En la medida que el Estado no cumpla con su palabra de apoyo efectivo a las víctimas de violencia familiar mediante la logística a la que se tiene comprometido, la sociedad en su conjunto seguirá asistiendo este lamentable tipo de hechos y preguntándose por qué las medidas de protección no funcionan en la protección de las vidas de las mujeres.



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