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El Gobierno de Evo Morales apagó con represión en 2015 el conflicto por el cumplimiento de 26 demandas que tenía el departamento de Potosí. Ese factor fue la chispa de lucha que se encendió en la Villa Imperial hace seis años. Cuatro años después, la institucionalidad potosina logró la anulación de un contrato con una empresa alemana para la explotación del litio y en esa misma gestión, tras las elecciones fallidas por denuncias de fraude, Potosí se plegó a la protesta de los 21 días, en la que Marco Pumari fue protagonista.

Hoy, la justicia le cobra cuentas al exlíder cívico y el Gobierno se enfrenta a los a los actuales dirigentes potosinos. Marco Pumari fue detenido el jueves y es procesado por delitos electorales tras las elecciones fallidas de 2019. El actual presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel fue detenido el viernes.

Potosí vivió momentos tensos la noche del jueves. Se desplegaron al menos 2.000 efectivos policiales que llegaron a la Villa Imperial desde Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Oruro y Tarija. Se vieron camionetas, motocicletas e incluso equipo tecnológico, en un desplazamiento que fue calificado como “normal” por el comandante de la Policía, Johnny Aguilera. Todo fue montado para detener a los dirigentes y para contener a la ciudadanía.

El ministro de Justicia, Iván Lima, salió en defensa del operativo y señaló que en todo ese despliegue no hubo afectación al debido proceso y desaparición de ciudadanos, aunque el vehículo de Pumari quedó en la calle con las llaves en el contacto. La autoridad también dijo que “no hubo afectación a los derechos humanos de ninguna de las personas sometidas a un proceso penal”.

El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, dijo que la acción de la Policía y la Fiscalía merece un aplauso y recordó que el 29 de noviembre, en la concentración final de la “Marcha por la Patria”, en La Paz, las organizaciones sociales dieron un ultimátum para que la justicia aprese a los responsables.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, afirmó que la justicia había demorado en detener a Pumari y a los dirigentes cívicos. El oficialismo, en el ámbito de la teoría del “golpe de Estado”, no perdona el protagonismo que tuvo esta región en contra de Evo Morales.

El analista político Paúl Antonio Coca consideró que el descontento de Potosí viene de mucho tiempo atrás. “La región tiene una demanda histórica que no se ha podido solucionar. De ser la Singapur de su momento, el centro neurálgico de los negocios mundiales, hoy es una región que tiene muchas falencias en salud, infraestructura, educación y desarrollo humano, olvidada por los diversos gobiernos”, opinó.

El malestar se concentra en la ciudad de Potosí, ya que en el área rural el MAS tiene respaldo. Este factor se evidenció en las elecciones subnacionales. Por el voto del campo ganó el oficialista Jhonny Mamani la Gobernación de la región, mientras que Johnny Llally, dirigente cívico que encabezó la lucha de 2015, venció en el municipio potosino.

En 2015 se ejecutó una marcha hacia la ciudad de La Paz. La columna fue acompañada por una protesta que paralizó un mes a la Villa Imperial. La protesta fue derrotada por cansancio y no porque el gobierno del MAS hubiera dado respuestas ni soluciones.

El comité de huelga ordenó la suspensión para recuperar el aliento y organizar otras formas de protesta contra el entonces Gobierno de Morales, que no atendió la mayoría de las 26 demandas que el movimiento planteó; entre ellas, la construcción de un aeropuerto, de fábricas de cemento y vidrio y de hospitales, entre otras.

Las autoridades prometieron la hidroeléctrica que solicitaban los huelguistas durante el diálogo que tuvieron con ellos y que terminó sin acuerdos. En la ocasión, también ofrecieron aumentar la cantidad de médicos asignados a la región y otras concesiones que fueron consideradas “menores”.

Fueron más de 30 días de protesta. La huelga no se suspendió, pero el cansancio obligó a levantar medidas, que durante un mes paralizaron todas sus actividades y la aislaron a esa región del resto del país.

La marcha y el paro no lograron tener como interlocutor al entonces presidente Evo Morales, como habían exigido los potosinos desde el principio, con el argumento de que las promesas que recibieron de los ministros después de un anterior conflicto, en 2010, no habían sido cumplidas reseñó El País en su momento.

La estrategia de las autoridades, con el exministro de Gobierno Carlos Romero a la cabeza de la negociación, fue dilatar la solución, a fin de que la contundencia de la movilización se volcara en contra de sus propios protagonistas.

Potosí vive de la minería como principal actividad económica, y el turismo en segundo lugar. Llally es exminero y extaxista. El ahora alcalde confesó que votó por el presidente Evo Morales en 2005, pero que ya no lo hizo en 2014.

Con lágrimas en los ojos le reclamó a Morales y dijo que no entendía cómo un indígena no se ponía en los zapatos de los pobres. Entonces, Llally fue criticado por las autoridades, que lo acusaron de hacer política y “terrorismo”.

“La lucha por el tema del litio fue clave. Ese negocio lamentablemente se fue”, comentó el analista Coca.

En mayo de 2018, la empresa alemana ACI Systems se impuso ante otros siete postulantes que eran de China, Rusia y Canadá. La firma de Alemania iba a ser la encargada de levantar la planta de fabricación de baterías de litio en el salar de Uyuni. La tensión en contra de Morales creció de forma exponencial y al final se desechó el acuerdo con esa compañía.

Otro momento de tensión sucedió el 6 de agosto de 2019. El aniversario patrio se realizó en Potosí. La Policía montó varios aros de seguridad y sólo permitió el ingreso a la plaza principal de funcionarios públicos y sectores sociales afines al MAS, pero en la puerta de la Casa de la Moneda, cuando el mandatario pasaba, un grupo de personas le gritó consignas por el referendo del 21 de febrero de 2016. La oposición, durante la sesión de honor, hizo lo mismo. Morales resumió su mensaje. Con el rostro desencajado, el mandatario estuvo unos minutos en el palco de honor y se retiró.

Luego de las elecciones fallidas de 2019, Comcipo, al mando de Marco Antonio Pumari, inició una serie de movilizaciones exigiendo al Gobierno boliviano que se otorgue más beneficios a la población por la explotación del litio, al considerar que solo favorece a multinacionales extranjeras.

La posición se basaba en que el acuerdo conllevaba un “entreguismo” de los recursos naturales por parte del Gobierno.

Esta vez, Comcipo se impuso. Evo Morales anunció, una semana antes de su renuncia, y cuando el país estaba ya sumergido en la lucha por la defensa del voto de 2019, la derogación del decreto que autorizó una sociedad mixta con la empresa alemana.

Para el analista Coca, el fondo de la lucha es que Potosí quiere administrar sus propios recursos económicos, una situación que no es viable hoy, porque ni siquiera se logró establecer el pacto fiscal. Segundo, busca un desarrollo y progreso que no sea perturbado por ningún gobierno. “El actual gobierno tiene que ver cómo resuelve las demandas, yo no creo que lo pueda hacer. Apuesta a ser una región que apoye la demanda del federalismo”, dijo.

Eso precisamente fue lo que unió a Pumari y al hoy gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. En la protesta de los 21 días, ambos fueron los líderes de la movilización y empezó a consolidarse el discurso de implementación del modelo federalista.

El siguiente paso en esta historia fue el paro reciente que doblegó una vez más al Gobierno y lo llevó a abrogar la Ley 1386, que tenía como fin la lucha contra las ganancias ilícitas.

En este episodio falleció Basilio Titi durante enfrentamientos entre campesinos e integrantes de Comcipo. Era soltero, agricultor y también trabajada eventualmente como minero.

Esto complicó la situación del presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel. El alcalde Llally y sectores políticos de Potosí anunciaron la defensa institucional de Comcipo. Desde Santa Cruz, Camacho apoyó esta iniciativa. Más allá de las personas, Potosí anunció la defensa de su institucionalidad.

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