Potosí presenta informe público y omite caso de las 41 ambulancias

La Gobernación de Potosí presentó ayer el informe público de rendición de cuentas de 2021. En este acto no estuvo Jhonny Mamani, la primera autoridad del departamento, ni se entregaron detalles sobre las acciones que se asumieron para esclarecer las irregularidades en la fallida compra de 41 ambulancias que nunca llegaron ni las razones por las que se eligió a una empresa proveedora sin experiencia y relacionada con los mercados grises de vehículos. 

Además, la presentación de este reporte coincidió con el inicio de los actuados por parte de la Fiscalía departamental. El lunes, Mamani fue citado a prestar su declaración informativa en calidad de investigado y un día después se allanaron las dependencias de su despacho, desde donde se “secuestraron documentos”, informó Roxana Choque, representante del Ministerio Público de Potosí.

Pero estas acciones estuvieron ausentes del reporte de la Gobernación. Directores y secretarios, entregaron información “sobre las actividades cumplidas” el año pasado. El reporte, emitido de manera virtual, no admitió la presencia de periodistas en el lugar, según el periódico El Potosí.

La Resolución 012/2021 del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional establece el carácter virtual de esas comparecencias, pero no restringe la presencia física vinculada con el principio constitucional del “control social”. Además, ese instrumento legal señala que el informe debe ser presentado por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de cada entidad pública. En este caso, Jhonny Mamani.

Eso sí, desde las redes sociales, los funcionarios de esa entidad presentaron cuadros y referencias a las ejecuciones presupuestarias y proyectos de infraestructura. Al final de la sesión, los personeros atendieron dos preguntas de ciudadanos que se conectaron desde provincias del sudoeste potosino, donde Mamani tiene más apoyo.

Las preguntas de los periodistas se trasmitieron por escrito a través de los chats de las redes sociales, pero no fueron respondidas.

Así, el reporte de Rubén Miranda, responsable de la Secretaría Jurídica de la Gobernación, se sustentó con una tabla que reflejó la cantidad de documentos generados. Por ejemplo, se firmaron 637 contratos en 2021 y alguno de ellos con Estefals Logistics, la empresa contratada para la provisión de camionetas para la Policía y las 41 ambulancias.

 El funcionario no precisó estos detalles y solo señaló a las cantidades de los documentos jurídicos generados, además del estado de 10 procesos de delimitación de municipal y ocho en el ámbito departamental.

Algunas cuadras más alejadas de la Gobernación potosina, la fiscal Choque confirmó el inicio de varias acciones y optó por no adelantar la estrategia. Fue escueta. “Estamos en pleno proceso de investigación. Entiendo que la comisión de fiscales está desarrollando varios actuados, entre ellos el secuestro de documentos y más allanamientos a las oficinas de la Gobernación”, afirmó Choque.

Las fiscales Magaly Luna y Gabriela Quintana decomisaron el martes documentación de la Gobernación relacionada al caso.

La diputada potosina Lissa Claros, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), lamentó que se “haya demorado tanto”. La denuncia se formuló hace un mes.

“La fiscal Quintana fue quien presentó la imputación para que el exdirigente cívico Marco Pumari sea enviado a prisión y eso nos preocupa”, afirmó la legisladora, quien considera que hay “protección política” en favor de Mamani.

Ayer, autoridades de la nación Quillacas ratificaron el pedido para que la Asamblea suspenda al Gobernador por este caso.



Mamani enfrenta tres procesos legales

El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, enfenta tres procesos legales bajo los cargos de incumplimiento de deberes formales y contratos lesivos al estado, delitos que pudo cometer cuando firmó cuatro contratos con Estefals Logistics, una empresa recién creada y que no llegó a cumplir con los requerimientos técnicos y legales en el proceso de contratación.

El primero es promovido por  la diputada potosina Lissa Claros, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC). Eel segundo fue planteado por el Comité Cívico, Comcipo y el tercero, a requerimiento de la  Asamblea Legislativa Departamental, controlada por el MAS, que a pesar de hallar “graves irregularidades”, evitó la suspensión de la autoridad

 El gobernador hizo una primera declaración el lunes. Pero ya fue citado en dos ocasiones anteriores a las que no acudió, alegando motivos de fuerza mayor.

“Si la autoridad no fuese del MAS y tan cercano al expresidente Evo Morales ya hubiese estado en la cárcel y con muchas repercusiones. Es triste lo que está pasando”, señaló Claros a EL DEBER.

Mamani estuvo esta semana en Ocurí y no se presentó a la rendición de cuentas de su despacho.

CASO
Una investigación de EL DEBER reveló el 14 de enero que la Gobernación de Potosí adquirió 41 ambulancias a través de una empresa sin experiencia.

OTROS CONTRATOS
Las ambulancias nunca llegarón a Potosí a pesar de la existencia de un acta de recepción. El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que era “un caso grave”.

PROTECCIÓN
Mamani declaró por primera vez en la Fiscalía. Lo hizo tras dos convocatorias fallidas. Desde la oposición advierten que existe proteccion política en su favor.

INVERSIÓN
Además de las ambulancias, la gobernación le compró a la empresa observada cinco camionetas para la Policía. En el infoerme  de ayer no se lo mencionó.