3 de octubre de 2023, 8:02 AM
3 de octubre de 2023, 8:02 AM


Una investigación internacional da cuenta de que hay extensas zonas de la Amazonia boliviana con presencia armada. Grupos delincuenciales se ocupan de imponer una ley de miedo, que a la vez se basa en el soborno para actuar con libertad en poblaciones cercanas a los espacios en que tienen fábricas de droga o pistas desde donde salen cargamentos con estupefacientes a otros países.

La penetración tiene diversas características. En unas zonas, como el parque Noel Kempff Mercado, utilizan armas de grueso calibre y organizan una vigilancia estricta que hace que las mafias de narcotráfico sepan con detalle quién circula por ahí y para qué lo hace. Los testimonios recogidos señalan que estos grupos delincuenciales también pagan sobornos a muchos vivientes de las comunidades para que coadyuven para alertar de acciones sospechosas, sean de la Policía o de otros grupos mafiosos.

El problema de fondo tiene que ver con que hay muchas áreas protegidas en todo el país donde la delincuencia organizada penetra para desarrollar sus actividades ilícitas, monta vigilancia y destruye el tejido social que encuentra. Cerca del parque Noel Kempff Mercado hay vigilancia permanente de gente armada, cuya finalidad tiene que ser la protección de las actividades de narcotráfico.

Hay otras regiones del país que son también territorio sin Estado; por ejemplo, las zonas fronterizas que carecen de presencia militar adecuada, que frene el tráfico de drogas, de personas, de mercaderías, etc. En las últimas horas se supo que presuntos miembros de la agrupación delictiva Tren de Aragua estaba secuestrando a un niño venezolano. En la ruta del contrabando existen pueblos donde la Policía no puede ingresar, porque son lugares dedicados al desmantelamiento de coches o garajes en el recorrido del ilícito desde Arica hasta Oruro.

El territorio de Bolivia es demasiado extenso y es preciso que el Estado esté presente con autoridad en todos los espacios. Genera inseguridad saber que hay zonas donde no se puede llegar con libertad porque hay peligro para la integridad de las personas. Hay otras zonas, como Chapare, donde ni la Policía tiene presencia clara, donde ya se han cometido linchamientos sin que sean sancionados.

Según la Constitución Política del Estado, las Fuerzas Armadas son responsables de la seguridad en las fronteras. En este momento, el enemigo principal son los grupos de delincuencia organizada que intentan apropiarse del territorio nacional, amedrentando o cooptando a los vecinos de ciudades intermedias y comunidades. Es urgente entonces que ejerzan autoridad, que tengan presencia real para recuperar el orden y la seguridad.
El Estado debe estar presente en todo el territorio e impedir que haya áreas donde impera la ley de las armas y el amedrentamiento.

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