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La Gobernación de Beni, la Federación de Campesinos, una diputada de ese departamento, el alcalde y concejales tuvieron algo en común: una profunda molestia por la tala de árboles centenarios en el lago Tumichucua, cuerpo de agua amazónico que nació del río Beni y además atractivo turístico.

La alerta comenzó con la denuncia de Wigfredo Rivero, que según Jaime Copa, de la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT) de Riberalta, denunció el paso de maquinaria y apertura de una senda por su predio privado.

Debido a la denuncia, a la que se sumó el reclamo de los campesinos de Tumichucua, la ABT tuvo que realizar dos inspecciones, en las que se confirmó, además de la invasión a la propiedad privada, la tala de seis árboles.

“Se verificaron seis árboles tumbados en el lugar del plan de manejo que sí está aprobado para el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) 2. Pero el Plan Operativo Anual Forestal (POAF) aún está en proceso de evaluación y hasta ahora no ha culminado su aprobación. Al no haber sido autorizado, se convierte en aprovechamiento y tala ilegal. Se abrieron los procesos por desmonte ilegal y tala ilegal a los infractores correspondientes”, informó Carlos Iriarte, responsable de Otorgación de Derechos de la ABT Beni.

Antes de esas conclusiones habían ‘pegado el grito al cielo’ diversos sectores, que exigían se respete la zona.

Iriarte aseguró que las sanciones ya se están dando, que al haber un desmonte ilegal también existe una sanción y que por tanto habrá una “paralización del aprovechamiento de la madera”.

Sergio Castillo, responsable de Fiscalización de la ABT Beni, dijo que hay media hectárea de desmonte ilegal dentro de comunidad campesina y predios privados, y que se tiene reportados como infractor a Juan Carlos Calizaya Condori, con el expediente 030, por la contravención de desmonte ilegal y aprovechamiento ilegal de árboles por un volumen de 55,62 m3, resultante de seis árboles. El otro infractor es David Ayapa Siripi, integrante del TIM 2, que figura en el expediente 031.

Sin embargo, los denunciantes lamentaron que en la conferencia de prensa, la ABT no mencionara el nombre de Orlando Pairo Condori, hoy propietario de Forest Imnacocha SRL, pero que figura en una demanda ante el Tribunal Agroambiental, aquella vez como representante legal del aserradero Ingama. En esa demanda, Ingama impugnaba una resolución anterior de la ABT por aprovechamiento ilegal en la comunidad Los Tubos, de la TCO takana y cavineño.

“Los empresarios madereros tientan a los indígenas, pagándoles una miseria por sus planes de manejo, es la especialidad de ellos”, aludió uno de los denunciantes, que dijo ser amenazado por los indígenas que vendieron el plan de manejo, y de los que aseguró no viven en la zona.

El gobernador beniano Alejandro Unzueta también se manifestó sobre el tema. Lamentó que desde hace tiempo se viene denunciando la tala indiscriminada de los bosques, que encima de generar deforestación, solo reporta una regalía forestal de Bs 210 mil anual a ese departamento.

“Convocamos a una reunión a la directora departamental Arely Pérez y al director nacional Omar Quiroga. Hemos llegado a buen término, se van a conformar comisiones mixtas de la ABT y la Gobernación para hacer un control de las trancas, donde se confunden madereros legalmente establecidos que hacen manejo racional de los recursos forestales, con los ilegales”, dijo.

Y en el caso de lago Tumichucua, Unzueta reconoció que es de preocupación para su gestión. “Estamos gestionando una ley para declarar patrimonio departamental ese bosque milenario que es atractivo turístico inalienable. Vamos a perder potencial turístico por nada más que esas explotaciones ilegales”, cuestionó.

“Esperamos que la paralización sea de forma definitiva”, dijo Emanuel Ino Pérez, secretario de Medio Ambiente de los campesinos de Tumichucua.

Seis ejemplares fueron cortados por la empresa Forest Imnacocha

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