E l Presupuesto General del Estado (PGE) que la Asamblea Legislativa discutirá hoy es un proyecto con muchos cuestionamientos, que se financiará en 40 por ciento con deudas, y del total de los ingresos, el 57 por ciento se destinará a gastos corrientes, esto es principalmente sueldos de más de 500.000 empleados públicos que tiene el Estado boliviano y otras erogaciones por servicios administrativos. 

Un brillante artículo del PhD en Economía Antonio Saravia, publicado en las páginas de Opinión de EL DEBER, ayuda a comprender en términos sencillos las aberraciones de un presupuesto que el autor califica como una película de terror.

 El PGE del año 2022 tiene previsto gastar $us 34.000 millones, esto es el 90 por ciento del PIB boliviano. Como referencia, en Paraguay el presupuesto representa el 37% del PIB; en Chile, el 32%; en Estados Unidos, el 30%. 

¿De dónde sale el dinero para el presupuesto del año 2022? Como primera reacción, una persona tendería a pensar que Bolivia lo financiará con los ingresos que producen sus rentas petroleras. Pero no es así. La venta del gas financia apenas el 3 por ciento del presupuesto.

 El 40 por ciento del dinero que gastará el Gobierno el próximo año, se financiará con nuevas deudas: venta de bonos de las AFP, préstamos del Banco Central y créditos de organismos multilaterales. El segundo origen del financiamiento del PGE es operación (23%) y el tercero (18%) son los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas con el IVA y el IT. Dicho de manera simple: el Gobierno gasta dinero que se presta y que recauda de los impuestos, y en Bolivia solo el 30 por ciento de la economía paga impuestos, el resto es economía informal que no paga obligaciones (coca, cocaína, contrabando, comercio informal).

¿Y en qué se gasta el dinero del presupuesto? Más de la mitad, esto es 57%, se destina a lo que se llama “gastos corrientes”, es decir, a pagar los sueldos del gigantesco aparato de empleados públicos; mientras el 17% irá a gastos de capital, que son las 70 empresas públicas, la mayoría de las cuales son ineficientes y deficitarias. Es decir, el Gobierno continúa empeñado en seguir financiando, nada menos que con $us 5.000 millones, empresas públicas que trabajan a pérdida, y que intenta consolidar un modelo de economía estatista, donde el Gobierno concentra el control sobre la economía, pero con fondos que se presta o recauda de los agentes privados. 

Un país que necesita ahorrar, se endeudará para gastar en sueldos y en empresas públicas deficitarias. 

Eso podría resumir el espíritu del PGE que la mayoría oficialista probablemente aprobará sin entender por qué levanta la mano hoy en la Asamblea Legislativa, y que la minoría opositora quizá dejará pasar sin mayor cuestionamiento.

Saravia ilustra su preocupación por esta película de terror señalando que las reservas líquidas en divisas del Estado están en el nivel más bajo de la historia reciente con $us 1.768 millones, y que el próximo año Bolivia debe pagar $us 1.800 millones de bonos emitidos que vencen el 2022. Con esos elementos, el presupuesto del 2022 tiene un rostro principalmente político que lleva a la preocupación porque da la sensación o de que no hay rumbo o si lo hay, tiene una ruta destinada a establecer en el país un sistema con un Estado cada vez más obeso, pesado, deficitario, como el que tienen los países socialistas.