6 de marzo de 2022, 4:00 AM
6 de marzo de 2022, 4:00 AM


Una reciente investigación publicada por la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE), a través del Grupo de Trabajo para los Delitos Fiscales y otros Delitos de Cuello Blanco realizada con la ayuda de 33 países, la mayoría miembros de la organización, aborda un conjunto de políticas y estrategias sobre cómo se debe encarar la lucha contra la comisión de ilícitos fiscales, recuperando activos físicos y digitales y mejorando la asistencia mutua entre los organismos tributarios y aduaneros.

Los diez principios globales de la lucha contra los delitos fiscales cubren aspectos legales, institucionales, administrativos y operativos necesarios para mantener un sistema eficiente en la detección y juzgamiento de los ilícitos, pero al mismo tiempo respetando el derecho de los contribuyentes, así como la transparencia y rectitud con la que se debe proceder. La evasión y el fraude fiscal restan miles de millones de dólares a los presupuestos de los países en desarrollo y los menos avanzados que se pueden destinar a mayor educación, salud y programas de alivio de la pobreza en poblaciones vulnerables.

El primer principio está relacionado con la penalización de los delitos fiscales estableciendo que todos los países deben contar con un marco legal que garantice que las violaciones a la legislación tributaria se consideren como delito y se penalicen en consecuencia. Se debe trazar una línea clara en la división del incumplimiento tributario y la conducta delictiva en la que de manera intencionada se pretende engañar al Estado, se deben establecer umbrales en los que una acción u omisión puede catalogarse delito, del que también puede ser responsable la entidad jurídica. Al tratarse de delitos es indispensable un sistema acusatorio y judicial especializado, probo y transparente que asegure el respeto a los derechos del contribuyente.

El segundo principio establece que los países deben tener una estrategia efectiva para la detección, investigación, determinación y sanción de los delitos fiscales, la cual deberá ser revisada y monitoreada. La estrategia debe evaluar los riesgos y amenazas de la lucha contra estos ilícitos a través de la inteligencia fiscal, los que pueden ir desde la seguridad e integridad de los sistemas de información hasta las amenazas a la integridad de los equipos de investigadores, de parte de grupos criminales organizados que se ocupan del lavado de dinero proveniente de otras actividades delictivas.

El tercer y cuarto principios establecen las facultades que deben tener las autoridades tributarias para obtener información en el marco del respeto a los derechos de confidencialidad del contribuyente, estas facultades están relacionadas también al registro y vigilancia de software utilizado en la gestión administrativa y financiera, así como al embargo y confiscación de activos producto del delito tributario posterior al juzgamiento del sujeto pasivo y determinada la cuantía de la evasión o elución.

El quinto y sexto principios de la lucha contra el delito fiscal establece los requisitos que debe cumplir la estructura organizacional y el presupuesto de una Unidad de Investigación de delitos fiscales remarcando la importancia de una organización independiente y especializada desvinculada del poder político a la que se garantice su autonomía, que puede estar dentro de la Administración Tributaria o puede ser una agencia independiente bajo tuición del Ministerio de Hacienda. Los recursos de la Unidad no puede estar sujeto a los ingresos por recuperación de activos ni por la cuantía de la defraudación detectada y sancionada, sino, que debe estar en función de un plan estratégico de acciones y objetivos concretos.

El séptimo principio establece que las legislaciones deben designar los delitos fiscales como uno de los principales delitos predicado del lavado de dinero. Los ilícitos predicados o subyacentes constituyen un componente de un delito más grave, como por ejemplo el narcotráfico o el tráfico de armas, lo que significa que una persona puede ser acusada de lavado de dinero así como por el delito predicado propiamente dicho, esto permite ampliar la investigación y endurecer las penas.

Los principios octavo y noveno establecen la necesidad de un marco normativo de cooperación y asistencia entre los organismos y agencias nacionales e internacionales, no solo con el intercambio de información y vigilancia de operaciones sospechosas, sino, durante los procesos de investigación y determinación de la comisión del delito fiscal, por ejemplo entre las Unidades de Investigación Financiera, el Sistema regulatorio de la banca, una Fiscalía especializada en delitos económicos y finalmente un sistema judicial con Jueces de materia especializados.

Por último el décimo principio y más importante está referido al respeto a los derechos del contribuyente, de la inocencia y el debido proceso, pues no se trata de ejercer presión ni persecución fiscal a las personas naturales o jurídicas, sino, de sancionar la comisión del delito fiscal.

ECONOMISTA/PDTE. CNDA


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