Procuraduría culpa al MNR y ADN por los arbitrajes que pierde Bolivia

Los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) son “los responsables directos” de que Bolivia aún sea parte de “un sistema internacional de solución de disputas creado para defender intereses de capitales extranjeros”, sostuvo la Procuraduría General del Estado (PGE), un pronunciamiento que fue calificado como “pretexto” por la oposición.

Para la Procuraduría, el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que ordena a Bolivia pagar $us 105 millones al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) como indemnización por sus acciones en la AFP Previsión BBVA, fue “profundamente defectuoso” y está siendo objeto de un cuidadoso análisis jurídico, legal y técnico, “a efectos de activar las acciones recursivas y procedimentales correspondientes”.

En el único pronunciamiento unilateral que emitió desde que se dictaminó el fallo el 12 de julio pasado, la PGE sostiene que “los gobiernos neoliberales, especialmente el del MNR, del que Carlos Mesa fue defensor y candidato a la Vicepresidencia, y ADN de Hugo Banzer, que tuvo a Jorge Quiroga como vicepresidente, son los responsables directos de la suscripción de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) contrarios a los intereses nacionales”.

Estos TBI “ahora son manipulados por empresas transnacionales que llevan al Estado lejos de su propia jurisdicción, para activar foros internacionales dentro de un sistema internacional de solución de disputas creado para defender intereses de capitales extranjeros”, cita la publicación.

Para Carlos Alarcón, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) -partido liderado por Mesa- las acusaciones de la PGE, a la cabeza de Wilfredo Chávez, son “pretextos” para tratar de tapar el daño económico al país ocasionado por la “pésima defensa” del Estado durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce.

Hubo un “daño económico” al nacionalizar el servicio de administración del sistema de pensiones “y, lo propio, con otros casos mal manejados por el gobierno de Morales, incluidas transacciones y acuerdos de espaldas al pueblo, con cero transparencia, como el de Quiborax, y otros en los que como factores determinantes están las pésimas defensas del Estado a cargo de los procuradores de Morales y Arce”, sostuvo el legislador. 

Este medio intentó comunicarse con Quiroga para conocer su posición sobre este tema, pero no respondió a su celular hasta el cierre de esta edición.
Los TBI fueron denunciados entre noviembre de 2009 y mayo de 2013 luego de que la administración de Morales promulgara la nueva Constitución en febrero de 2009 y se retirara del Ciadi en mayo de 2007, en medio de una ola de nacionalizaciones en diferentes sectores que después llevaron al Estado a enfrentar demandas en cortes internacionales. 

“El Gobierno nacional denunció todos estos Tratados Bilaterales de Inversión, pero muchos de ellos todavía siguen vigentes debido a que, cuando fueron suscritos, incluyeron una cláusula de supervivencia de 10 años o más, que todavía no ha llegado a su fin”, precisó la Procuraduría.

“Todo convenio que suscribe cualquier gobierno elegido constitucionalmente compromete la fe del Estado, por lo que debe cumplirse y honrarse al interior y al exterior del país”, subrayó el economista Germán Molina.

Impacto en las reservas

“En ese sentido, a cualquier administración, incluida la actual, le corresponde sujetarse a esa normativa internacional y no buscar argumentos fuera de lugar, como los manifestados en el comunicado”, sostuvo el experto, quien consideró que el arbitraje de BBVA podía haberse arreglado en una negociación que hubiera evitado el resultado actual: el pago de la indemnización y la pérdida de reservas internacionales y recursos para salud y educación.

El fallo del Ciadi causó la protesta de diferentes actores políticos y sociales que, incluso, llegaron a pedir la destitución de Chávez, por ser parte de la cuestionada defensa del Estado en los procesos arbitrales internacionales, en 16 de los cuales Bolivia tiene que pagar unos $us 1.090 millones.

La PGE está a cargo de una persona “que no cumple los requisitos de legalidad para ejercer ese cargo”, subrayó Alarcón.

“No se responderá a los ataques y argumentos políticos que están siendo emitidos sin ningún conocimiento respecto al procedimiento arbitral (...), y que tratan de afectar el proceso de nacionalización y recuperación de recursos estratégicos, ya que solo pretenden desinformar a la población y, en última instancia, cuestionar la esencia misma del Estado Plurinacional”, indicó la PGE.