Productores desaprueban la anulación del decreto que libera exportaciones

“En vez de buscar soluciones, como la biotecnología, para que las plagas y la sequía no afecten la economía del pequeño agricultor, retoman una medida política que traba y estrangula al agro cruceño. Es la peor decisión asumida y llega justo cuando las condiciones de precios en el contexto nacional e internacional -$us 375 y 430 la tonelada, respectivamente- son inmejorables. Vuelve el fantasma de la incertidumbre y eso se verá reflejado en la caída de las proyecciones de siembra de soya”, señaló Eliazer Arellano, tras conocer que el Gobierno abrogó el Decreto Supremo 4139 que liberaba las exportaciones, dejando sin efecto el certificado de abastecimiento interno y precio justo.

Con los actuales precios de la soya, Arrellano dijo que la economía sectorial  empezaba a reactivarse gradualmente, al punto que muchos productores pagaron deudas y pensaban expandir sus áreas de cultivo. “La anulación del decreto juega en contra, por la incertidumbre, y seguramente muchos dejarán de sembrar. “Uno produce para vender y cuando se coarta la exportación el precio se cae por la saturación del mercado”, subrayó.

El jueves, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, citado en ABI, informó de que el gabinete ministerial abrogó los decretos supremos 4139 y 4181, que, a su juicio, ponían en riesgo la seguridad alimentaria de Bolivia y favorecían a las grandes exportadoras e importadoras.

“Se ha abrogado el Decreto Supremo 4139 que liberaba las exportaciones dejando sin efecto el certificado de abastecimiento interno y precio justo”, detalló la autoridad, al aludir que la norma aprobada el 22 de enero de 2020 iba en contra de la política social comunitaria, que “siempre ha privilegiado la seguridad alimentaria”.

A partir de la anulación de la normativa, los productores e industrias deben presentar un certificado de abastecimiento que garantice la provisión del mercado interno. Ese documento lo otorga el Gobierno para exportar la producción.

“Dicha norma constituye un atentado a la soberanía y seguridad alimentaria, con el posible incremento de precios y desabastecimiento de productos sensibles, como la carne de res, la carne de pollo, trigo, arroz y maíz, algo que conllevaría a un escenario de presiones en los precios”, puntualizó el ministro de Economía.

El pasado mes, la soya registró récord de precios -$us 440 por tonelada, máximo valor en el mercado internacional desde agosto de 2014- y los actores productivos e industriales del sector oleaginoso del país coincidieron en demandar políticas públicas de fomento irrestricto a las exportaciones, sin cupos, y acceso al uso de biotecnología para incrementar la productividad y competitividad.

Ese mes, consultado respecto a la cotización favorable de la soya en el mercado de los commodities, el presidente de la Cámara de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Isidoro Barrientos, destacó que la mejoría del precio es un incentivo en plena época de siembra.

Aludió que otra medida que, a su criterio, ayudaría al pequeño productor a tomar una decisión para expandir sus cultivos debe venir por el lado del Gobierno, garantizando la apertura de las fronteras para la exportación de soya y sus derivados, sin cupos.

Según el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, el decreto de liberación de las exportaciones, principalmente de soya, fue resultado de un acuerdo entre los actores de la cadena productiva, agroindustrias, productores pecuarios y productores primarios para generar un escenario de precio equilibrio para todos los eslabones y sin distorsiones de mercado, como las bandas de precios y cupos de abastecimiento, que solo generan desincentivo para aumentar la producción de alimento.

“Lamentamos la derogación de ese Decreto Supremo porque vuelve a generar incertidumbre en los productores para exportar los excedentes y obtener un precio justo por su producción, relacionado con el precio de oportunidad de exportación”, anotó Hernández.

Otros decretos anulados

El ministro de Economía también señaló que se abrogó el Decreto Supremo 4181 -promulgado el 12 de marzo de 2020- que establecía un nuevo procedimiento para la devolución del gravamen arancelario para la importación de mercancías, favoreciendo a grandes empresas exportadoras y principalmente importadoras.

“Había una suerte de un esquema de beneficios en términos de plazos, pagos para el porcentaje y la devolución del gravamen arancelario que solo pretendía beneficiar a las grandes empresas exportadoras y también a las importadoras”, subrayó Montenegro, al dar cuenta de que mediante esa norma se incrementó ese pago en un 56%, representando un importe de Bs 17,7 millones.

Hizo notar que también se anuló el Decreto Supremo 4339 del 16 de septiembre de este año, que crea la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Bolivia (Vuceb) aduciendo que no establece las tareas que debían cumplir las instituciones involucradas. “Simplemente tenía tintes políticos para dar la idea de que se estaba fomentando las exportaciones, pero ni así lo hicieron de manera correcta, pues las entidades involucradas no sabían cómo tenían que hacer la ejecución e implementación de esta medida de Ventanilla Única de Comercio Exterior”, agregó el ministro, aclarando que la abrogación de normas tiene el objetivo de desmontar la aplicación de decretos con errores en su diseño e implementación.

Otra mirada

Para el economista José Alberti, la abrogación de decretos es un atentado al sector productivo, a la industria y a los exportadores nacionales porque no tienen sustento económico ni tampoco un estudio que respalde que el mercado quede desabastecido y que hay un riesgo de incremento de precios.

A su criterio, cuando se dan este tipo de políticas de restricción, de cupos y de control de precios son malas señales que se dan a la población, a los inversionistas y a los productores. “Los países que han impuesto restricciones, controlado precios y fijado cupos para la producción y la exportación de su oferta productiva, lo único que han hecho es destruir fuentes de empleo, el aparato productivo y el tejido empresarial privado”, puntualizó Alberti.

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