Productores son rehenes de la usura por la falta de acceso al crédito formal

Mientras se escribe esta nota un productor agrícola -que perdió todo por las heladas y sequía- se está endeudando con una casa comercial de insumos para seguir alimentando a su familia y recuperar su producción. Mientras se escribe esta nota, un emprendedor dedicado a la confección busca recursos, mediante prestamistas, para reactivar su pequeño taller ubicado en algún barrio alejado de la ciudad de los anillos. Mientras ustedes leen esto, estas dos personas son víctima de la usura. Sí, aunque parezca raro o una exageración, los actores más importantes de la economía recurren a fuentes de financiamiento con tasas de interés de hasta un 25% para seguir trabajando.

Pese a que, desde hace ocho años, en Bolivia rige la Ley de Servicios Financieros, que fija tasas asequibles y posibilita la llegada del crédito al sector productivo, la situación no mejora para los hombres que trabajan en el campo y los que producen en sus talleres.

Esta norma incluso establece tasas de interés fijas para el sector productivo que van desde el 6 al 11,5%, según el tamaño de la unidad productiva.

Desde que entró en vigencia esta norma, los recursos canalizados al sector productivo crecieron hasta un 210,15%, porque la ley estableció metas para que los bancos canalicen sus préstamos a esa actividad.

De acuerdo al último informe de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), hasta el mes de mayo, los recursos canalizados mediante el crédito productivo llegaron a Bs 87.623 millones, lo que representa un 45,7% del total de préstamos del sistema.

Entre los sectores que se vieron beneficiados está la industria manufacturera, que recibió Bs 32.609 millones de los préstamos que se entregaron. En segundo lugar, está la agricultura y ganadería que accedieron a créditos por Bs 21.418 millones, mientras que el sector de la construcción recibió otros Bs 21.218 millones.

Del total de esos préstamos, Bs 33.772 millones se otorgaron mediante microcrédito. Además, otros Bs 18.394 millones se concedieron al sector pyme. Mientras que el sector empresarial acaparó 35.457 millones de esos recursos.

No obstante, las cifras distan mucho de la realidad.

Así lo sostiene, Félix Huaycho, presidente de la Federación Departamental de Micro y Pequeñas Empresas (Fedemype).

El dirigente asegura que por años el acceso al crédito se ha convertido en un reclamo constante del sector. Y si bien admite avances considerables, muchos de los microempresarios no acceden a la banca privada, debido a los requisitos que exigen las financieras.

“En sí, han flexibilizado todo lo que se pueda, pero lo malo son las garantías, los que trabajamos con banca privada tenemos que hipotecar nuestra casa, y eso no se puede destrabar”, señaló.

Los que no cuentan con ningún inmueble para hipotecar, tienen que recurrir a otras fuentes de financiamiento en el mercado negro, como los prestamistas.

Huaycho, da otro dato revelador: de las 300.000 unidades productivas que operan en Santa Cruz, un 15% (45.000 empresas) recurre a este tipo créditos con tasas de usura que llegan al 25%.

“Muchos acuden a prestamistas, que manejan créditos a corto plazo, pero con un interés abismal del 20 y 25% mensual. Algo muy arriesgado para ellos”, dijo.

El dirigente detalla que; por ejemplo, un pequeño productor normalmente necesita un capital de $us 30.000, pero muchos no pueden acceder a esos recursos.

La situación no es diferente en el campo. Allí, los productores tienen que renegociar sus préstamos con las casas proveedoras de insumos y semillas, a las que les pagan intereses de hasta un 15%.

Isidoro Barrientos, presidente de la Cámara de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), explica que esta situación se da porque los créditos que otorgan las financieras son limitados.

Por ejemplo, un pequeño agricultor que tiene 50 hectáreas necesita de hasta $us 30.000 para sostener su producción. Pero un banco a lo mucho le presta hasta Bs 80.000 ($us 11.494).

“Esto no nos alcanza y entonces nos tenemos que endeudar con las casas comerciales que cobran un interés más alto, pero ponen menos trabas”, señala.

El productor sostiene que uno de los mayores impedimentos que encuentran los agricultores son las garantías que piden las financieras y lo moroso que resulta conseguir un crédito con entidades del Estado.

El panorama se hace más complejo si se toma en cuenta la actual situación del sector agrícola, que reportó pérdidas millonarias por sequías y heladas. “No hubo lluvias y encima nos llegan las heladas, esto se llevó soya maíz, chía, frejol, trigo. Igual está afectando la sequía. Entonces, necesitamos una ley para reprogramar los créditos”, precisó.

Lo que dice la banca

Desde la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informaron que, hasta mayo, la cartera productiva alcanzó a $us 16.048 millones, representando un 63,4% del total. Mientras que los créditos del sector agropecuario sumaron $us 2.645 millones, es decir, un 10% del total de los préstamos, siendo en 99,7% destinado al sector productivo.

“En el marco de la ley, el sistema bancario cumplió con las metas de cartera establecidas hasta 2018 y las sostiene actualmente. Lo anterior ha significado que la cartera de créditos se destine en 60% a los sectores regulados, considerados productivos, con tasas de interés máximas, beneficiando a empresas y familias”, indicaron desde Asoban.

Sin embargo, la banca observa que, en los últimos años, en línea con el menor crecimiento de la economía, la cartera de créditos ha reducido su dinamismo, aunque mantiene niveles históricamente altos.

Indican que si bien la Ley de Servicios Financieros se concentró en beneficiar al consumidor, es necesario revisar su reglamentación “que está evitando que se pueda lograr una mayor inclusión financiera, llegar a los sectores de mayor riesgo y sobre todo a aquellos que no han logrado acceder con plenitud a los beneficios de los servicios financieros, porque se tiene un costo y se requiere de incentivos para alcanzar los objetivos”.

Las financieras consideran que los controles de tasas y tarifas a la larga nunca resultan beneficiosos y éste es un tema que debe ser discutido en la necesidad de reforma de la reglamentación de la ley.

Asimismo, indicaron que incluso en los últimos ocho años, la libre competencia, las políticas comerciales de las entidades y las condiciones de mercado, han permitido que se oferten tasas por debajo de lo establecido en la regulación.

“Sin embargo, cuando se debe pensar en realizar un ajuste que preserve la solidez y solvencia de las entidades, no existen las condiciones que permitan reenfocar las políticas y continuar beneficiando al propio consumidor financiero”, indicaron.

Por último, la institución aseguró que las entidades han cumplido con las disposiciones, otorgando crédito incluso por debajo de los límites.

“Esto ha significado que el margen financiero tienda a reducirse en el paso del tiempo, lo cual tiene consecuencias en la reinversión de las utilidades que se refleja en fortalecimiento patrimonial, y consecuentemente en mayor expansión crediticia”, indicaron desde la entidad.

En criterio del presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, sostiene que uno de los mayores problemas para ampliar la cobertura del crédito a sectores como el agrícola y microempresarios es la falta de condiciones establecidas por el Estado. “No es decirles a los bancos den créditos, sino que se deben dar las condiciones para que la gente pueda asumir ese riesgo”, sostuvo.

Esta falta de condiciones, según el experto, se traduce en trabas para consolidar el mercado nacional para los productores que son perjudicados por las importaciones y el contrabando.

Además, observó que restricciones como el control a las exportaciones, en especial de productos agrícolas, limitan el desarrollo del sector productivo.

En este contexto, aseguró que muchas financieras se limitan a cumplir las metas establecidas en la Ley de Servicios Financieros.

Para este artículo se envió un cuestionario al Ministerio de Economía, pero hasta el cierre de edición no hubo una respuesta.

Pero recientemente el viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Nelson Aruquipa, informó que los créditos del Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional (Firedin) para sustitución de importaciones reactivan la economía de 1.908 unidades productivas del país con un desembolso de más de Bs 209 millones, desde el 25 enero al 17 de julio de este año.

Sin embargo, no todos los microempresarios y productores agrícolas reciben estos recursos y siguen pagando tasas de usura para seguir a flote.