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Aunque ya existe una norma, la Ley Municipal 1434, de abril de 2021, de Protección y Conservación del Área Protegida del Parque Metropolitano de Protección Ecológica del Río Piraí, ayer por la mañana, en conferencia de prensa conjunta entre la Alcaldía y la Gobernación cruceñas, el alcalde Jhonny Fernández informó que se paralizan todas las intervenciones en la zona, desde pavimentación hasta asentamientos.

El burgomaestre también anunció una auditoría, tanto jurídica como técnica y ambiental, para saber quiénes son los propietarios en la zona, cómo obtuvieron los papeles, qué funcionarios de anteriores gestiones permitieron construcciones o asentamientos y en qué medida se ha deforestado en lo que se supone es el pulmón de la capital cruceña, y compartido entre varios municipios.

“Se paraliza cualquier intervención por alguno de los supuestos propietarios en la zona del cordón, esta medida se tomó hoy (ayer), comienza a tomar vigencia a partir de la fecha, para que podamos proteger, porque seguimos con los problemas de asentamientos ilegales y de tala indiscriminada de árboles. Vamos a saber bajo qué normativa y por qué dieron las autorizaciones donde no estaba permitido urbanizar”, dijo.

Fernández además anunció la creación de una unidad técnica y especializada, de carácter interinstitucional, a fin de hacer un monitoreo permanente, que debería controlar la tala y los asentamientos; hacer una reestructuración y reforestación del área, y ver un proyecto a futuro para una zona con muchos problemas.

Como parte de los primeros trabajos en conjunto, el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) dio a conocer un diagnóstico sobre la situación del río Piraí. Determinó que existen varios puntos críticos, que más adelante podrían tener consecuencias, de darse una riada.

El relevamiento de información del Searpi se realizó sobre 27 km, en el límite con La Guardia y Warnes. Los puntos críticos que se identificaron están en el km 6, lado de La Guardia, porque desembocan canales fluviales; también la zona del Ambrosio Villarroel; aguas arriba del puente Mario Foianini; en la zona de la planta de tratamiento de las aguas residuales.

El problema tiene que ver con los defensivos, ya colapsados, debido a que se hicieron en 1985, dos años después del desastre del turbión, que arrasó con las viviendas.

Con respecto a los asentamientos, el Gobierno Municipal realizó un censo; son cinco los barrios precarios del cordón, con 116 familias. Searpi también hizo un informe extenso, donde no solo se consideran el tema antropogénico, sino la intervención a la servidumbre, los cauces y la extracción y aprovechamiento de áridos.

A los vecinos del cordón, el alcalde les dijo que se está evaluando dónde se los reubicará, aunque viven ahí hace 32 años, según dijeron los dirigentes presentes en la inspección.

Otras medidas

En la conferencia de prensa, el alcalde aseguró que se trabajará para que los dragueros no “hagan lo que les dé la gana”, y que para ese fin se establecerán regulaciones. Una de las observaciones del Searpi es que la extracción ya ocurre en la orilla del río, lo que acentúa los barrancos.

Fernández aceptó la necesidad de los guardaparques, que fueron despedidos, en su totalidad, en la gestión de la alcaldesa interina Angélica Sosa, y que custodiaban el curichi La Madre, que es parte del cordón, y el resto de la zona protegida.

El alcalde aseguró que también está agendado el tratamiento de un plan de manejo, y un plan integral a futuro, con gente de otras instituciones, como la Sociedad Boliviana de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos.

Sobre la pavimentación de siete kilómetros en la final avenida Piraí, Fernández aseguró que también entrará en la auditoría de más de 90 casos relacionados con los propietarios.

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