El año pasado, en esta fecha ya había precipitaciones como para iniciar la campaña agrícola del verano. En este 2020, el agua podría llegar del golpe y con inundaciones

15 de noviembre de 2020, 13:11 PM
15 de noviembre de 2020, 13:11 PM

“La incidencia en el oriente del país es bastante fuerte porque las precipitaciones de lluvias están por debajo de la media. Nos encontramos en noviembre y todavía no ha llovido como debería ser”, explicó a EL DEBER Ernesto Arnez, director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo al experto, las precipitaciones que deberían darse en el transcurso de un mes, más adelante podrían suceder en cuestión de días, con el riesgo de inundaciones.

“Causan estragos por un lado y, por el otro, hay periodos muy largos de sequía, existe una dicotomía difícil de comprender”, dijo.

Arnez explicó que el fenómeno es global, debido a El Niño y La Niña, pero reconoció que desde lo local influyen de forma importante las deforestaciones.

Recordó que el año pasado los incendios severos en la Chiquitania habían finalizado en octubre porque empezó a llover en esa fecha, “pero ahora, a mediados de noviembre, recién está empezando a llover y a contenerse los focos de calor. Este 2020 tuvimos mayor severidad en la posibilidad de ocurrencia de los incendios, y en la prolongación de estos”, dijo Arnez, ante la explosión de focos de quema de la gestión.

Una explicación del director del Senamhi, desde el punto de vista exclusivo del clima, es que se dan ciclos, “hay ciclos de años secos y de años húmedos. Hasta 2018 tuvimos un ciclo húmedo, y ahora estamos entrando a uno aparentemente seco, y estos ciclos duran entre tres y cinco años”, sostuvo.

Arnez dice que algunas condiciones de La Niña o El Niño crean eventos catastróficos, y que dependiendo de cómo se comporten los factores climáticos externos, se puede tener desde sequías moderadas, hasta las severas.

Productividad afectada

El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación cruceña, Luis Alberto Alpire, reconoció que la siembra de la campaña Verano se ha visto retrasada debido a la falta de lluvias, y que quienes se arriesgaron a sembrar con una esperanza de precipitación, han perdido su inversión.

“Generalmente, ya se está sembrando a partir de la segunda quincena de octubre, que hoy tiene casi un mes de atraso. El tema de la falta de humedad no solo genera altas temperaturas y fuertes vientos, también trae el efecto de la sequía, afecta la producción, y el retraso de la siembra de la campaña de verano, eso ha sido muy claro este año y se está pensando concebir la siembra de verano en función a estas últimas lluvias”, expresó.

La autoridad departamental coincidió con Arnez en términos de emergencia por sequía. Dijo que este 2020 la prolongación adicional de la sequía incide en que además se mantengan activos los incendios, y que más municipios se declaren en desastre por la falta de agua.

La sequía prolongada también tocó la economía de los ganaderos, pues les faltó forraje, sobre todo a los pequeños productores.

“Hubo una afectación en la provisión de agua porque los atajados se secaron, afectó esto no solo al forraje sino al agua para el ganado, ocasionando pérdidas entre las cabezas, más que el año pasado”, dijo Alpire.

En 2019, la Gobernación envió forraje y cisternas a 12 municipios, en seis provincias. Este año, hasta la fecha, ya son 20 los municipios, de nueve provincias, que se han declarado en desastre, la mayoría de los valles, la Chiquitania y el chaco.

A pesar de ese panorama inquietante, Alpire destaca algo de este 2020. “Sí hubo mayor cantidad de emergencias por incendios; si por ejemplo hasta la fecha actual van más de 340 emergencias por fuego, el año pasado se cerró con 307. Se infiere que este año hubo una respuesta más eficaz y oportuna de parte del Comité de Crisis para atender los incendios”, aseguró.

De la misma manera, cree que la fiscalización por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), con la resolución de la pausa ambiental, fue decisiva para prevenir una catástrofe, ya que desde el 3 de agosto se suspendieron todas las autorizaciones de quema y chaqueo.

Según el mapa de probabilidad de precipitaciones del Senamhi, para el trimestre octubre, noviembre y diciembre, la Chiquitania está con el porcentaje más bajo de posibilidades de lluvia del país.

Desde la Gobernación cruceña, Alpire tiene una hipótesis sobre este problema de la sequía prolongada, igual que otros funcionarios de la Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible.

Cree que la larga duración de la sequía es un efecto de los más de dos millones de hectáreas de bosques que se quemaron el año pasado.

“El 49% del total quemado en 2019 eran bosques que generaban servicios ambientales, agua, regulación de la temperatura, lluvia, humedad y, al faltar esas hectáreas de cobertura boscosa, habrá menos servicios ambientales. O cómo se explica que el año pasado los incendios culminaran el 20 de octubre del año pasado, y hoy seguimos con el fuego”, argumentó.

Desde la instancia departamental, Alpire pone el blanco en una ley a la que denomina “la raíz del problema, ya que aumenta el chaqueo, de 5 a 20 ha.

“Es la Ley 741, promulgada el 29 de septiembre de 2015. Generó que se incrementen los focos de quema cuatro veces más desde 2015, año a partir del que se pasó de 15.213 focos de quema, hasta 55.975”, dijo.

El planteamiento de la Gobernación es que la 741 sea abrogada. “Del modo como está planteada ahora, la norma es un cheque en blanco, no exige instrumento técnico alguno”, argumentó Alpire.

Alpire dice que no hay una política de Estado que proteja los bosques del país, la misma que debería ir acompañada con mayor presupuesto para la ABT y todas las instituciones vinculadas al tema medioambiental.

“Pero es complejo el tema porque hay un trasfondo político, y a la larga no deja de generar un tiro en el pie al mismo colono, porque la quema recurrente del bosque desertifica la tierra”, dijo, a tiempo de catalogar de “miserables” los presupuestos nacionales para resguardar las áreas protegidas.

“El Gobierno del MAS redujo a la mínima expresión los presupuestos para la contratación de guardaparques”, criticó.

Para Arnez, del Senamhi, cuando hay una cobertura vegetal boscosa saludable, la humedad del ambiente se mantiene, llueve cuando tiene que llover, y el agua cae al suelo, y se escurre lentamente.

Dice que el ciclo hidrológico se desarrolla de manera normal; sin embargo, cuando se deforestan áreas bastante grandes, esta parte se vuelve un terreno un poco más caliente. Es así que desciende la humedad y el terreno se torna más seco; y cuando ocurren las precipitaciones, normalmente es debido a que hubo mucho cúmulo de humedad.

“Ese cúmulo llega a la zona, a pesar de la sequedad, pero por el calor generado, la lluvia se precipita fuertemente. Este incremento de la fuerza en la precipitación, más la pérdida de la capa vegetal, hacen escurrimientos que lavan el suelo, los nutrientes, los ríos de los lugares aledaños, y suceden las inundaciones, además con arrastre de sedimentos de mucha carga, que a su vez taponean los ríos aguas abajo”, detalla.

Una alternativa

Alpire sostiene que los monitoreos satelitales no son suficientes para proteger el trabajo de los productores, sobre todo agrícolas.

La Gobernación implementó estaciones agrometeorológicas “que empezaron para asistir con alertas climáticas a los valles, por la importancia de su actividad productiva”, dijo Alpire, aunque reconoció que, tras la catástrofe en la Chiquitania, estas estaciones empezaron a ubicarse en cercanías de las áreas protegidas.

“Generan información en línea, también estratégica para los bomberos”, finalizó Alpire.