Víctimas piden al Gobierno intervenir y denuncian poco compromiso policial. Desde el Estado rechazan la toma de predios, pero no ejercen acciones contra los avasalladores. La invasión llega al área urbana

8 de diciembre de 2022, 7:58 AM
8 de diciembre de 2022, 7:58 AM


Miedo e impotencia. Es lo que sienten las víctimas de invasión de tierras en Santa Cruz. Pese a que el Gobierno condenó los avasallamientos de predios tanto del campo como de zonas urbanas -que actualmente copan la atención pública en la región oriental- hasta el momento no activó ningún mecanismo para expulsar a los invasores que actuaron con violencia. Es más, según el testimonio de las víctimas, algunos policías se hicieron los de la vista gorda, por lo que pidieron a la institución del orden actuar ante este delito.

La tensión se centra en el municipio de Ascensión de Guarayos y en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), hay más de 100 predios invadidos.

Días atrás un grupo de invasores que se identifican como miembros de la Subcentral Sindical Única de Trabajadores Campesinos quemó la maquinaria y potreros de la propiedad El Trébol.

Otro hecho violento sucede en la propiedad de la familia Kim, en donde se encuentra un área reservada a la conservación que fue invadida y está siendo urbanizada por los avasalladores.

Alerta


Rudiger Trepp, propietario del predio El Trébol, alertó que la situación en Ascensión de Guarayos es insostenible por la presencia de grupos irregulares que se refugian en comunidades campesinas, ubicadas sobre la carretera que va hasta la localidad de El Puente, en la zona denominada Cerro Grande. Explicó que con actos de violencia estas personas tratan de amedrentar a los propietarios.

El productor dijo que hay más personas afectadas que están amedrentadas por los avasalladores.

El presidente de Fegasacruz, Adrián Castedo, pidió a las autoridades administrar justicia en favor de los asociados, que pese a tener sus terrenos saneados fueron invadidos.

María Flores Medina fue una de las afectadas. Su predio de 996 hectáreas fue invadido hace ya 11 años. Incluso pese a que hay una conminatoria del INRA para que el grupo abandone, los invasores siguen en el lugar.

“El Gobierno nos da la razón, pero no ejecuta la orden. No da efectivos policiales”, dijo.

Yasminka Marinkovic es otra de las afectadas. Su predio Laguna Corazón, que está ubicado en el municipio de Ascensión, es asediado por personas que incluso amenazaron de muerte a su hijo, que permanece a buen recaudo, desde hace 15 días.

“Estamos en una situación de zozobra. Mi hijo ha buscado refugio. Nos han dicho que van a quemar todo. Algunos trabajadores se han ido y han abandonado los puestos de trabajo por miedo”, relató la productora.

Sun Chel Kim, propietario del Centro Turístico Kim, ubicado detrás de la refinería de Palmasola, en Santa Cruz, que fue invadido hace ya 40 días, indicó que incluso los avasalladores han comenzado a urbanizar con maquinaria el lugar, pese a que es un área de conservación natural y una reserva de acuíferos de agua dulce.

Denunció que aunque tiene todos los papeles del predio de forma legal, la Policía no desalojó a los invasores pese a que su hermana fue secuestrada y uno de sus trabajadores atacado con un machete. “Ellos dicen que debían ver el delito en flagrancia, pero uno de nuestros trabajadores recibió un machetazo en la cabeza. Quiero pedirle al ministro de Gobierno que la Policía actúe”, dijo.

No solo predios productivos y urbanos están siendo víctimas de la invasión ilegal. Ayer, la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) denunció que desde hace más de cinco meses un área de uso forestal fue invadida por grupo de personas que empezaron a desmontar.

Dicha área es un ícono en el manejo forestal a escala mundial porque ha sido la primera en cumplir el primer ciclo de corta; es decir, después de 25 años se volvió al mismo lugar donde inició sus actividades con importantes logros medioambientales.

Ayer, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) pidió la intervención policial dado que los casos de avasallamiento generan un desincentivo a la inversión en el sector.

EL DEBER solicitó información al INRA, pero desde esa entidad indicaron que el martes ya se habían pronunciado al respecto.