Escucha esta nota aquí

El ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín plantea la necesidad de un acuerdo político entre el MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos para elegir el mejor perfil profesional entre los 72 postulantes que buscan asumir la Defensoría del Pueblo. Remarcó la importancia de que la nueva autoridad tenga trayectoria en la defensa de derechos humanos, sea probo y tenga carácter para mantener la independencia de esta institución.

La exautoridad dijo que se pueden recuperar ejemplos de consenso como la elección de la defensora del pueblo Ana María Romero, el presidente de la Corte Nacional Electoral, Huáscar Cajías, y la selección del grupo de abogados notables que integraron el Tribunal Constitucional en el gobierno de Jorge “Tuto” Quiroga.

“Son ejemplos claros de cuando existe consenso, desprendimiento partidario y cuando te olvidas de ese egoísmo y mediocridad política para algo tan importante. Eso pueden hacerlo hoy. Pónganse de acuerdo en elegir a la persona más idónea, sea varón o mujer, y garanticen desde el poder político su total independencia”, instó Albarracín a los asambleístas.

La preocupación por elegir a una autoridad sin vinculación política nace a partir de los últimos defensores David Tezanos y Nadia Cruz, quienes han demostrado un acercamiento al partido de Gobierno.

Conocidos y exfuncionarios

De los 72 postulantes que se mantienen en la carrera para la Defensoría del Pueblo, seis personajes son conocidos. Entre ellos, el exviceministro Humberto Echalar, el exmagistrado Wilber Choque, el ex prefecto de La Paz Adolfo Soliz, la actual defensora interina Nadia Cruz, el coordinador de proyectos de la Fundación Construir Marco Antonio Loayza y la activista alteña Guadalupe Daza.

Por ejemplo, Echalar fue posesionado como viceministro de Seguridad Ciudadana en 2013 durante el Gobierno de Evo Morales y fue comandante departamental de la Policía en Santa Cruz.

También se desempeñó como director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Corrupción de 2009 a 2010. Participó en las tareas de rescate en el derrumbe del edificio Málaga en 2011.

EL DEBER verificó la lista de los candidatos habilitados y al menos 23 personas trabajaron o continúan trabajando en instituciones públicas, según registros de la Contraloría General del Estado. De este grupo, seis actualizaron su declaración jurada este año, es decir, que actualmente son funcionarios.

Algunos fueron servidores públicos de gobernaciones (2), alcaldías (1), universidades (2), concejo municipal (1), Caja Nacional de Salud (1).

Otros están registrados como funcionarios de la Defensoría del Pueblo (3), Ministerio de Educación (2), Dirección Departamental de Educación (2), Procuraduría General del Estado (1), Consejo de la Magistratura (1), Policía Boliviana (1), Ministerio de Trabajo (1), Órgano Judicial (1), Fiscalía Departamental de La Paz (1), Órgano Electoral (1), Instituto de la Ceguera (1) y Fondo de Desarrollo Indígena (1) .

Profesiones y ciudades

La mayoría de los aspirantes son abogados y suman 36. Le siguen los universitarios y egresados (16), comunicadores sociales (5) y politólogos (3).

También se presentaron maestros (2), ingenieros de sistemas (2), administradores (2), un agricultor, un economista, un contador, un ingeniero industrial, un antropólogo, un relacionista internacional, un licenciado en filosofía y educación superior.

Los candidatos provienen de ocho departamentos, menos Pando. Hay 43 postulantes de La Paz, ocho de Chuquisaca, seis de Potosí, seis de Oruro, cuatro de Cochabamba, dos de Tarija, dos de Beni y uno de Santa Cruz.

Comentarios