“En Picaflor, dentro de la TCO Bajo Paraguá, ahora está en el auge el ‘pirateo’ de madera tipa y lamentablemente uno no puede hacer algo porque quien viene y compra la tipa son los funcionarios de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT). Toda la tipa que sale ‘pirateada’ de aquí, lo hace con documentos de Certificado Forestal de Origen (CFO), y quien vende los documentos es la ABT”, denunció un lugareño de ese territorio indígena.

Pidió mantener su nombre en reserva porque ya denunció antes, junto a otros pobladores, y que el resultado le dejó un mal sabor.

“En la época de Jeanine Añez denunciamos con coordenadas, fotos, paramos los camiones, pero más bien nos iniciaron proceso a nosotros, a pesar de que presentamos todas las pruebas. La ABT no es una institución para confiar porque nos mostró todo lo contrario”, cuestionó.

Otro habitante de la TCO Bajo Paraguá mandó las coordenadas de la zona donde se está desmontando, y fotos de los árboles cortados.
De acuerdo a constatación satelital, la depredación se está dando dentro del plan de manejo de productos no maderables, es decir de asaí, de la comunidad Porvenir.

Otra pobladora del lugar apuntó a que la gente de la ABT de Concepción y de San Ignacio está muy corrompida, y que esto no es reciente, sino desde hace varias gestiones. “Ahora mismo, en la comunidad Picaflor se ven tractores, etc., están ‘pirateando’ e incendiando para disimular la tala. Lo hacen con toda la libertad del mundo porque es con el aval de la ABT”, aludió. 

Ella también pidió guardar su identidad, ya que, según su versión muchos de los habitantes, sus vecinos, están involucrados. “Están sacando madera del plan de manejo no maderable, para sacar madera hay que hacer una triple A, que no hay, y además es una zona que nosotros estamos tratando de certificar con sello verde, por eso estamos peleando”, dijo. 

‘Grandes’ depredadores
En otro punto, la secretaria de la Central Interculturales de San José de Chiquitos, Lilian Rosado, también apuntó a la ABT por sancionar únicamente a los pequeños productores, pero no a los grandes empresarios. 

Explicó que el 13 de noviembre, en audiencia pública en el Concejo Municipal de San José, denunciaron quemas en dos grandes predios en manos de extranjeros, en plena época de prohibición. Uno es Buena Vista El Chacal y el otro es Santo Rosario, este último del Padre Alfredo Spiessberger, de las aldeas infantiles.

“Quemaron el sábado 11 de noviembre, uno es tierra fiscal, cosa que se ha demostrado legalmente ante el INRA en un proceso legal administrativo, pero estos ciudadanos extranjeros queman, pagan su multa y con eso piden la posesión del terreno para que luego el INRA les dé la titulación. Ese es el modo de operar de los empresarios y extranjeros”, dijo Rosado.

Según ella, la ABT no puede detener al que encuentre, porque muchas veces son gente que está apagando incendios ocasionados por otros.

Lamentó que solo se estigmatice a los productores que tienen máximo 50 ha, y que sin embargo el empresario, el extranjero, “desmonte sin piedad. Esas son las irregularidades en nuestras instituciones públicas y en tierras del Estado. La ABT dice que meterá preso, ¿pero a los grandes empresarios los meten presos? Solo pagan sus multas, ¿y las acciones penales?”, agregó.

Consultado sobre el tema para la contraparte, el equipo de comunicación de la ABT informó que habrá una reunión de gabinete en la ABT para analizar las denuncias, “y se ha dado instrucción de atenderlas de manera pronta. Esperemos el día de mañana tener un informe detallado porque la zona es alejada”, dijeron.

Asimismo, el director ejecutivo, Luis Roberto Flores Orellana, contestó que en su gestión todo se hace de manera transparente y que una muestra son los “grandes decomisos realizados”. Puso a disposición su número personal para los denunciantes de estas situaciones.

Informe en Asamblea
Ayer, de acuerdo a los anuncios de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Flores tenía que presentarse a las tres de la tarde a la sesión 253 para responder una serie de consultas que habían sido enviadas con anterioridad, sobre acciones contra los incendios; sin embargo no estuvo presente.

El presidente de la Asamblea, Zvonko Matkovic, expresó su pesar por la ausencia de esta autoridad, considerándola una falta de respeto a Santa Cruz.

“Se comprometió a poder trabajar en coordinación (...). Ni siquiera nos avisó que no podía asistir y le hace un desplante a esta Asamblea, creo que lamentablemente vamos por mal camino”, aseguró el legislador.

PARA SABER

LEGALIDAD
El CFO es el documento que acredita la legalidad del origen del producto forestal. Los solicitantes, al transportar un producto, deben presentarlo como respaldo.

GRANDES DESMONTES
Los incendios a menudo son la consecuencia de un desmonte. Con el fuego se eliminan los desechos vegetales. Toda autorización de desmonte conlleva una quema, incluso en época de prohibición.