Puertas cerradas a los no vacunados
El Gobierno central emitió un decreto supremo en el que ordena a las entidades y establecimientos públicos y privados del país que exijan el carnet de vacunación con esquema completo contra el Covid-19 a partir del 1 de enero de 2022, para permitirles ingresar a esos lugares.
Se trata de una de las medidas de presión más importantes para incentivar a la gente a vacunarse, ante la negativa de un gran porcentaje de la población a recibir la inmunización sin razón entendible, motivados principalmente por prejuicios sin sentido que ponen en riesgos sus vidas y la de los que sí cumplieron responsablemente con la vacunación.
Las personas que de todas maneras se nieguen a vacunarse, estarán obligadas a presentar un certificado negativo de PCR tomado con un máximo de 48 horas de anticipación si quieren ingresar a una institución pública o privada. Es decir, cuando menos tendrán que cumplir con un procedimiento incómodo y costoso porque una prueba PCR implica un hisopado nasofaríngeo, y un pago que ellos tendrán que cubrir.
La instructiva se aplicará en instituciones públicas, pero también en privadas como bancos, iglesias, centros comerciales, mercados, supermercados, líneas aéreas, transporte terrestre, universidades, unidades educativas y lugares de entretenimiento.
En el caso de la educación escolar, el Gobierno determinó que el carnet de vacunación no será un requisito obligatorio para las inscripciones de escolares en la gestión 2022, pero sí se exigirá esa certificación para ingresar a clases presenciales. Es decir, los niños y adolescentes mayores de cinco años podrán inscribirse, pero no pasarán clases si no tienen la vacuna. En el país la vacuna está disponible para toda persona mayor de cinco años, por lo que no debiera haber ninguna excusa para no contar con ella.
Las decisiones del Ministerio de Salud son oportunas y hay que destacarlas como necesarias. Dejar solo a la libre voluntad de los ciudadanos la decisión de vacunarse contra el virus no fue suficiente. El resultado es que en más de un tercio de la población se impuso la negativa a recibir la inyección con todo tipo de argumentos falaces que no tienen ningún sentido, y que se asocian más a la ignorancia que a razones válidas.
La salida que encontraron las autoridades es inteligente: no se obliga a las personas a vacunarse, pero a los que no lo hacen se les pondrá difícil continuar con sus actividades normales si tienen que hacer alguna gestión en oficinas públicas o adquirir productos o servicios en las empresas privadas.
Para ser consecuentes con una acertada política, y considerando que no ha recibido ni una sola dosis de la inyección en casi un año de campaña de vacunación, habrá que prohibirle al vicepresidente David Choquehuanca el ingreso a sus oficinas de la Vicepresidencia, o –siguiendo la norma contemplada en el decreto supremo– tendrá que hacerse la prueba PCR cada dos días hasta nuevo aviso.
Lo de Choquehuanca no es solo una anécdota de mal gusto o un caso aislado: es un mal ejemplo nada menos que de la segunda autoridad política del país; mal ejemplo que grandes sectores de campesinos de áreas rurales del altiplano y otras regiones del occidente utilizan como referencia para no vacunarse. Si el líder al que ellos siguen no se ha inyectado debe ser por algo, suponen esos extendidos sectores poblacionales, y por tanto también ellos se niegan a la inmunización.
