14 de febrero de 2024, 4:00 AM
14 de febrero de 2024, 4:00 AM

Tras la tregua carnavalera, la Asamblea Legislativa Plurinacional retoma el proceso para abordar las elecciones judiciales, inmersa en un clima beligerante que dificulta un desenlace positivo en la crisis del Poder Judicial, provocada por la autoprórroga de los magistrados en sus funciones. Aunque se ha logrado la aprobación y promulgación de la Ley transitoria 1549, aún quedan dos batallas cruciales por librar en la Asamblea para permitir al Tribunal Supremo Electoral establecer el calendario electoral.

Esta incertidumbre se debe a que ambas etapas cruciales requieren dos tercios de los votos de los asambleístas presentes en sus respectivas sesiones, y las facciones evistas y arcistas del MAS están lejos de alcanzar ese nivel de consenso, incluso con el respaldo de los partidos de oposición. En este momento, todas las fuerzas se oponen entre sí, y cualquier acuerdo futuro parece depender de componendas políticas que lamentablemente no priorizan los intereses del país ni de sus instituciones democráticas.

El primer paso crucial es la aprobación de la convocatoria pública para el registro e inscripción de los precandidatos. Aquí será interesante observar el papel del vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, quien deberá convocar y presidir las sesiones.

La segunda batalla bicameral implica la evaluación de méritos y la calificación de los postulantes preseleccionados, quienes deben cumplir una serie de requisitos, incluida la respuesta oral a preguntas planteadas. Este es un proceso largo y exhaustivo, donde al final, dos tercios de los asambleístas deberán decidir sobre postulantes que pueden no ser de su preferencia. Todo esto debe llevarse a cabo en un plazo máximo de 80 días desde la aprobación de la convocatoria pública.

El tiempo apremia, ya que una vez que se alcance un acuerdo en el Legislativo, el TSE deberá definir el calendario para las elecciones judiciales, que en el peor de los casos se extendería hasta septiembre. Además, el TSE debe ocuparse de las primarias de cara a las elecciones generales de 2025, y esto debe hacerse hasta diciembre de este año. También debe definir la distribución de escaños parlamentarios en base a los datos del Censo, que se lleva a cabo este año. No hay mucho margen de error en este ajustado cronograma.

Así, este Miércoles de Cenizas marca el inicio de un proceso que parece distanciarse del espíritu de reconciliación que inspira la fecha. El presidente Arce ha expresado que no se opone al proceso, pero exige transparencia y rechaza el cuoteo en la conformación de la lista de preseleccionados. La oposición critica al oficialismo, argumentando que en realidad no quiere elecciones y que establecerá condiciones, como la aprobación de créditos, para avanzar.

Algunos analistas sostienen que estas discordias se reducen a una lucha de poder entre legisladores evistas y arcistas, alegando que no les interesa el país ni su economía, con unos bloqueando carreteras y otros bloqueando el Congreso con sus condiciones. En este contexto, existe el temor de que la Asamblea se vuelva a aplazar.

Por tanto, hay razones para dudar de la exitosa renovación de magistrados en el Poder Judicial. Se acusa a los magistrados salientes de haberse alineado con el oficialismo, y todo apunta a que cada partido con representación parlamentaria impulsará sus “propios candidatos” para asegurar cierto poder en el Judicial. Parece que el cuoteo prevalecerá sobre la meritocracia, a menos que los asambleístas sorprendan con una actitud democrática sin precedentes.