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4 de julio de 2022, 4:00 AM
4 de julio de 2022, 4:00 AM

En un Estado de derecho, la Policía es únicamente la guardia civil, no es militar ni cumple funciones de administración pública. En Bolivia tiene aún estas características, por lo que es necesaria una transformación estructural de esa institución.

Para explicar cómo es esto en un Estado de derecho, imaginemos un edificio condominio. Los dueños de los departamentos de este lugar deciden organizarse con fines de administración de los aspectos comunes. Crean entonces una asociación de vecinos, donde eligen una directiva con un/a presidente y carteras de responsables. Pese a esto, no pueden ellos hacerse cargo de ejecutar las decisiones (limpieza, seguridad, etc.), porque tienen empleos y no pueden dedicarle mucho tiempo honorífico a las funciones del edificio. Entonces deciden contratar personal pagado para eso: un/a administrador/a, guardias de seguridad, servicios de limpieza y jardinería, etc. Para pagarles y para los demás gastos, acuerdan un monto que cada propietario debe contribuir.

Siguiendo tal analogía, en un Estado (territorio, población y gobierno), los vecinos del edificio son los ciudadanos, la directiva es el gobierno electo, el personal contratado son los técnicos y administrativos (ministros, secretarios, directores, jefes y demás funcionarios), y los aportes son los impuestos. Así, en un Estado los guardias de seguridad contratados serían la Policía y las Fuerzas Armadas. Esta última para la seguridad externa (velar por que no entren malhechores ni los no autorizados al edificio, y de combatirlos si es necesario) y la Policía para la seguridad interna del edificio (velar porque no se roben entre vecinos, que no hagan bulla en horarios de descanso, etc.). Pero su rol no es combatir contra los vecinos. Estos son sus jefes, quienes los contratan y pagan sus salarios. Su rol es simplemente coadyuvar en la seguridad interna para la convivencia pacífica. La Policía es la guardia civil de la sociedad. Por eso en muchos países lo llaman así y los oficiales no usan botas ni uniformes de combate (salvo para ciertas operaciones especiales). Finalmente, tal como la guardia del edificio no cumple un rol de administrador (quienes toman las decisiones de administración del edificio), tampoco corresponde que la Policía asuma funciones de administración pública en la sociedad, sino solo de guardia que opere ante la orden de quienes administran. Hasta hace poco, los uniformados eran quienes otorgaban los documentos de identidad, véase lo que es eso. Hoy la Policía continúa teniendo varios otros roles de administración pública, gran parte a manera de facto (de hecho, sin que la CPE lo permita).

Cuando se concentra mucho poder en una institución, es normal que ocurran abusos y que eso crezca a tal punto que se convierta en una especie de mafia organizada. Hoy da la impresión de que buena parte de lo que hacen los policías es con el fin de que les paguen sobornos. Hay especulaciones que dicen que los transportistas les pagan sobornos mensuales para que no los molesten, que señalan que quienes comandan el robo de casas y de autopartes son los propios policías mediante la extorsión con encarcelamiento a los malhechores con antecedentes penales, entre otras versiones como las ya conocidas acerca de los robos de vehículos.

La concentración de poder en la Policía no ocurriría si el Gobierno central no la permitiera. Pero se dice que las propias autoridades de gobierno son extorsionadas por mafias insertas en la Policía. Eso explicaría porqué, siendo que desde el 2009 (CPE) “tránsito” ya no es competencia del Gobierno central (sino de los gobiernos municipales) —por tanto, ya no de la Policía—, esta continúa ejerciendo esa función, incluso luego de que hizo un motín político contra el Gobierno del MAS en 2019. Algo así es posible sólo si hay temor. La gran muestra de esto es que el propio Presidente del Estado no se atreva a reformar la Policía y, en su lugar, simplemente exhorte a que ella misma lo haga.

En Bolivia, hemos superado las dictaduras militares de los años 70, pero no hemos superado la Policía de esa época. La que tenemos es todavía una Policía de la dictadura militar. Para la coherencia con el Estado de derecho, es urgente e imprescindible no solo reformar la Policía sino transformarla estructuralmente, más aún hoy dados los consecutivos descubrimientos de la cualidad delincuencial de muchos de sus miembros.

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