9 de diciembre de 2022, 4:00 AM
9 de diciembre de 2022, 4:00 AM

Impotencia e indefensión en Santa Cruz. Los avasallamientos de tierras llegan a extremos intolerables, frente a la mirada indiferente del Gobierno nacional, de la Policía y del Ministerio Público. Las imágenes del enfrentamiento de ayer son espeluznantes, porque dejan evidencia de que estas personas que quieren hacerse de lo ajeno no tienen escrúpulos a la hora de utilizar la violencia para lograr su cometido. 

Ayer, los invasores se enfrentaron a vecinos autoconvocados para desalojarlos, considerando que ni la Policía ni la Fiscalía toman cartas en el asunto. Testimonios de periodistas de diferentes medios de información que cubrían el hecho revelan que unas 300 personas, armadas con palos y machetes, salieron de muchos flancos para cercar a periodistas y grupos ciudadanos que estaban en el lugar. Si en un primer momento la Policía se puso entre los dos bandos, en el momento más caliente, cuando empezaron las agresiones a pedradas y con petardos, los uniformados se hicieron a un lado y dejaron la vía libre a los toma-tierras. En otras palabras, las agresiones se produjeron en las narices de los efectivos del orden y ellos dejaron que sucedan.

El derecho a la información y las garantías para la libertad de prensa son constitucionales en Bolivia, pero cada día es mayor la violencia ejercida contra los periodistas. Solo por mencionar algunos ejemplos recientes: dos reporteros de Unitel fueron agredidos durante el paro de los 36 días y los casos están impunes. Hace más de un año, siete periodistas fueron secuestrados y torturados por avasalladores en la provincia Guarayos, pero los principales acusados fueron liberados de la cárcel. Ayer, un periodista de EL DEBER fue herido con un palo en la cabeza y tres fotógrafos fueron alcanzados por objetos contundentes.

Suman y siguen los amedrentamientos contra los medios y el Gobierno mira a un costado. A esos casos no se refiere cuando habla de respeto a los derechos humanos. ¿Qué espera el presidente y su gabinete? La violencia desbordada puede causar muertos, como ya pasó en Pando. ¿Seguirá permitiendo que la Policía se haga de la vista gorda frente a esta barbarie?

Los invasores del centro turístico Kim, ubicado en la zona sur de Santa Cruz de la Sierra, tenían palos, machetes y bazukas artesanales. No solo eso, los medios que estuvieron presentes mostraron imágenes de un fuego iniciado en la parte posterior de la refinería de Palmasola, a escasos metros, con el peligro de provocar una explosión y causar un daño inconmensurable.

En esta edición, EL DEBER publica fotografías del calibre de las agresiones porque es preciso que la ciudadanía sepa el grado de violencia alcanzado. Sobre todo, cuando el comandante del distrito policial 9, próximo a la zona de conflicto, y el ministro de Gobierno afirman, muy sueltos de cuerpo, que la situación está controlada y que la Policía intervino oportunamente. ¿Cómo pueden siquiera pensar que todo está bajo control cuando hay personas que siguen campeándose impunes y que no dudaron en usar armas para agredir a quienes piden que se respete una propiedad turística, que además es vital para el sostenimiento de los acuíferos de una parte importante de la urbe?

¿Cómo se puede afirmar que todo está bien cuando la libertad de prensa es vulnerada a palazos?

El presidente debe parar estos avasallamientos y garantizar la vida de los bolivianos. Si opta por mirar al costado, a cambio de respaldo de avasalladores a su Gobierno, deberá saber que todo es efímero. Lo que sí queda grabado para siempre es que el primer mandatario no tuvo la capacidad de frenar las tomas ilegales y que esa indiferencia está dejando una huella sangrienta imposible de borrar.

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