Entre los meses de junio y octubre, las condiciones climáticas asociadas a los vientos y la sequía que interactúan con las actividades humanas, son disparadores de los incendios forestales que afectan a Bolivia, casi de modo puntual cada año, con el registro de graves e inmensurables daños al medio ambiente y su rica biodiversidad. Un último informe del Ministerio de Medio Ambiente y Agua alerta sobre el riesgo de que el fuego se propague en el Norte Integrado, el Chaco y la Chiquitania. El departamento de Santa Cruz, por su mayor extensión geográfica y boscosa, concentra hasta más del 60% de la pérdida de bosques y es uno de los más afectados junto a Beni con un 34% y con porcentajes menores La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí.
Empezando el sexto mes de este 2024, se desató un incendio ‘transfronterizo’ que afectó el Parque Nacional Otuquis. Generado en una zona pantanosa que dificultó el combate directo por lo inaccesible del lugar, el fuego ingresó desde Corumbá, Brasil, afectando a las poblaciones bolivianas de Puerto Suárez y Puerto Quijarro donde incluso las actividades escolares fueron suspendidas debido a la fuerte humareda y la contaminación del aire. Los expertos apuntaron a unas condiciones meteorológicas desfavorables como causas de la propagación de las llamas hacia el lado boliviano.
El Parque Otuquis tiene límites fronterizos con Brasil y Paraguay. En años precedentes también sufrió la quema de vastas extensiones por el fuego originado del otro lado de nuestras fronteras. En el último caso, la situación tuvo un agravante porque coincidió con la toma de las oficinas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) por una organización indígena autoidentificada como chiquitana y que impidió a los guardaparques de Otuquis retirar sus pertenencias y equipos de trabajo. Los ocupantes exigían el cambio del director del área y la sustitución de seis guardaparques. Del incidente no se conocen mayores precisiones pero sería inadmisible que guarde relación con afanes políticos y la búsqueda de ‘pegas’.
En el año en curso, la quema y devastación de áreas protegidas no debe volver a repetirse en el territorio nacional. Es necesario que, además de actuar mancomunadamente y con determinación firme, desde los niveles de gobierno, a escala departamental y nacional, se asuman medidas preventivas y oportunas para impedir que millones de hectáreas vuelvan a arder y que los habitantes de las zonas afectadas por la quemazón descontrolada del bosque, respiren aire impuro.
Entre las medidas de recomendable y urgente aplicación es señalada la abrogación por el Órgano Ejecutivo de la Ley 741 que data de 2015 y que autoriza chaqueos de hasta 20 hectáreas. Es de recordar que la diputada María José Salazar presentó un proyecto de ley para abrogar la cuestionada normativa y que, en tal sentido, incluso existía consenso en la Asamblea Legislativa Plurinacional pero el trámite quedó en suspenso. Además, se concedía al Ministerio de Medioambiente la facultad de llevar adelante una auditoría por los devastadores efectos de los incendios forestales ocurridos en 2023.
La protección y el cuidado de la Madre Tierra no debe seguir siendo un discurso demagógico de autoridades locales y nacionales. Una proclama de dientes para afuera. Que, de manera inexcusable, las instancias gubernamentales correspondientes y sus representantes asuman un compromiso en serio y actúen a conciencia y con voluntad política para que nuestros bosques y parques no vuelvan a arder y convertirse en cenizas.