¿Quién le pone el cascabel al gato del contrabando?

El contrabando es ya una institución en Bolivia. Contrabando de electrodomésticos, de vehículos indocumentados, de medicamentos, de cervezas, leche y un sinfín de bienes que se producen en el país, pero que ingresan más baratos desde Brasil, Argentina y otros lugares, generando una competencia infame a las empresas que se esfuerzan en generar empleo y tributos al erario nacional. La alarma es de larga data. El pedido de una lucha frontal contra este flagelo es casi una letanía que no halla eco en las esferas del Estado.

El problema ya no es solo el ingreso de bienes, sino que hay una salida de productos hacia países vecinos. Por ejemplo, sale de manera ilegal el combustible que el Gobierno subvenciona a muy alto costo y que compra de mercados externos. También hay mercados donde, sin menor empacho, se comercializan garrafas de gas licuado de petróleo en Perú y otras fronteras porque allí se venden cuatro veces más caras que en Bolivia.

Ahora se sabe que también hay pasos ilegales por donde sale el contrabando de productos de la canasta familiar como arroz, azúcar y otros. Sin contar cómo, por esas mismas zonas, ingresan alimentos de Perú que golpean drásticamente la agricultura en Bolivia.

En otras palabras, las fronteras de Bolivia son áreas sin Dios ni ley, donde se comercializa de todo, sin que los militares (responsables de su custodia) sean capaces de poner un alto a ese delito.  Mientras eso ocurre, a medida que pasan los meses y los años, las mafias organizadas van desarrollando estrategias y tecnologías que las hacen imparables y cada vez más agresivas. Solo basta ver cómo un contrabandista atropelló a un militar y hasta fue filmado. Se puso en evidencia una temeridad que solo tienen los que se saben impunes.

De acuerdo a cálculos conservadores que manejan los industriales de Bolivia, el contrabando mueve más de 2.500 millones de dólares al año; hay quienes dicen que es mucho más. Analistas económicos coinciden en que al permitir el ingreso de productos de contrabando, que son más baratos que los fabricados en Bolivia, se mantiene una baja inflación en el país, a lo que se suma la informalidad con la que se desempeñan y que ninguna autoridad toma en serio: contratan personal eventual, sin seguridad social, sin fondos de jubilación y sin que los sueldos de la gente que trabaja en este ámbito tenga derecho a ingresos dignos, ya que miles de personas ganan por debajo del salario mínimo nacional.

Eso significa que el Gobierno gana una precaria estabilidad económica a cambio de disparar de frente y sin compasión a las empresas privadas que tributan, cumplen las leyes y generan empleo digno. En otras palabras: se tiene cierta seguridad de mantener el poder y el costo es el sacrificio de la calidad de vida de los ciudadanos. Una altísima factura.

Las consecuencias ya son evidentes. Las exportaciones no tradicionales han disminuido en valor y en cantidad. La realidad de los productores es que sus inversiones van al agua porque deben competir con productos ilegales, de dudosa procedencia y de cuestionable sanidad. Los efectos son evidentes para cualquier persona, menos para el gabinete económico que sigue diciendo que Bolivia es un país envidiable.

Lamentablemente, el Gobierno no toma conciencia de que está matando a la industria nacional que es la única que puede dar un respiro a la economía, ahora que caen las exportaciones de hidrocarburos, que los créditos llegan a su tope y que no hay de dónde obtener divisas.

Es tiempo de ponerle el cascabel al gato del contrabando. La ideología no alcanza para llevar comida a los hogares.