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19 de julio de 2022, 4:00 AM
19 de julio de 2022, 4:00 AM

Bolivia está obligada a pagar una indemnización de nada menos que 105 millones de dólares al Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA) de España, por la nacionalización de sus acciones en el sistema de pensiones. Esa es la conclusión del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.

De esa millonaria cifra, 94,8 millones corresponden a título de indemnización y 10,21 millones van a cuenta de intereses generados desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 1 de junio de 2022. El Tribunal internacional consideró injustificable el retraso de Bolivia para ejecutar la nacionalización del servicio de administración de pensiones ordenado por la Constitución de 2009, para el traspaso del sistema a manos del Estado.

La cifra no se quedará ahí porque los intereses, además capitalizables, continuarán creciendo hasta el día en que finalmente el Estado boliviano pague el total de la indemnización. El proceso de transferencia de las acciones deberá durar como máximo un año a partir del 12 de julio reciente, fecha de la publicación del laudo.

La Procuraduría del Estado objetó la jurisdicción del Ciadi porque el país denunció el convenio de ese instrumento internacional de arbitraje internacional en mayo de 2008, pero el Tribunal rechazó esa objeción porque el acuerdo de protección de las inversiones realizadas con anterioridad a la denuncia del Ciadi continúa vigente hasta un periodo de 20 años posteriores.

La cifra que tendrá que pagar Bolivia es seis veces superior a la que pudo desembolsar el año 2010 cuando el BBVA pidió 15 millones de dólares como monto de indemnización por la nacionalización del servicio de pensiones. En esa ocasión, el Gobierno de Evo Morales rechazó la propuesta española y el 2012 ofreció como contrapropuesta un monto de 500.000 dólares, es decir un monto 30 veces inferior al solicitado por el Banco.

Finalmente, el Ciadi declaró que el país ha violado el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Bolivia al no otorgar un trato justo y equitativo a la inversión del BBVA, en violación del artículo 3 del citado Tratado.

La Procuraduría boliviana dijo que las entidades competentes del Estado coordinan las acciones de defensa en la siguiente etapa del proceso en instancias internacionales, porque considera que ese fallo ‘no tomó en cuenta nuestros argumentos y pruebas de manera idónea’.
Lo que quizá no tomó en cuenta la Procuraduría es que a diferencia de la práctica de otras cortes internacionales, los fallos del Ciadi no admiten apelaciones ni ningún tipo de recursos de segunda instancia.

También el vocero presidencial Jorge Richter anunció que el Estado continuará con su defensa ‘para que se puedan tomar nuestros argumentos y las pruebas presentadas’. Pero el fallo ya ha sido dictado y a Bolivia solo le queda honrar un compromiso internacional cuyas consecuencias no midió a la hora de determinar la nacionalización del servicio de pensiones, y más aun al dejar pasar 11 años sin avanzar en ese proceso.

¿Quién pagará ahora esa astronómica cifra? ¿Se establecerán responsabilidades personales o el Estado pagará con los impuestos de los ciudadanos bolivianos por un error de funcionarios que no hicieron su trabajo? Lo que queda en evidencia en este caso es el ineficiente desempeño de la Procuraduría que no hizo su trabajo de defender los intereses del Estado, quizá porque su titular, Wilfredo Chávez, está más ocupado haciendo política interna y subiendo memes a las redes sociales, como parte de su rabiosa enemistad con los medios de comunicación independientes.

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