¿Quién puede tener autoridad moral para hablar de justicia?

Por exigencias del principio democrático, no puede existir un poder del Estado inmune o exento de responsabilidad, con mayor razón si se hace gala hegemónica de control dudoso emergente del voto popular, singularizada en designaciones directas y sin perfiles apropiados en instituciones públicas que de larga data no conocen los procesos meritocráticos que prevén las leyes.

Tan sentida es la inmunidad como gemela de la impunidad, que ni siquiera aquel al que se le encomienda la justicia ordinaria, las funciones de tutela de los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos, son capaces de salir de las tinieblas y oscuridad que dignifique una actuación positiva, por lo menos por temor a Dios.

Dictar e interpretar leyes en sistemas donde los chinos saben cómo se llaman los regímenes que no le permiten vivir, pensar y hablar en libertad, suena eufemísticamente denominado limitación selectiva de la justicia y libertad, donde el colofón de derechos y garantías no se aplica a inocentes que tienen principios democráticos, sino se reservan para los colectivos privilegiados con liberaciones judiciales -hasta en días inhábiles en horas extraordinarias nocturnas-, supuestamente para esconder la neutralidad y la transparencia, improbable en época digital.

Es indigno que ante la mirada de millones de personas en solo 72 horas el fiscal Cesar Choquehuanca, defensor de la legalidad e intereses de la sociedad (14-11-2020), haya aprehendido al Dr. Jorge José Valda Daza, abogado del Comité Pro Santa Cruz, y trasladado a la ciudad de La Paz en forma indecorosa, descalificada e ilegal, a sabiendas que el Tribunal de Sentencia Segundo del Distrito Judicial de Santa Cruz mediante Auto de fecha 14 de noviembre de 2020 fijó audiencia de Acción de libertad para el domingo 15 de noviembre a horas 9:30 prohibiendo su traslado; decisión judicial de garantía constitucional que incumplió el fiscal -priorizando la legalidad sobre la constitucionalidad de los derechos humanos- al imputarlo sobre una causa de legitimación de ganancias ilícitas e informe de la UIF, que fuera rechazada por el mismo fiscal en 2017, sin ninguna revocatoria, reposición, en clara vulneración del principio ne bis in idem y fuera del plazo de un año.

Y, si a lo anterior le sumamos que la jueza de Instrucción penal 4to del Distrito Judicial de La Paz Ximena Palacios en audiencia del domingo 15 de noviembre realizada a partir de horas 14:30, con el argumento que el Ministerio público no es necesario que presente prueba plena sobre la comisión probable de autoría del delito atribuido al imputado y no haber acreditado su domicilio, determinó contra el Dr. Jorge José Valda Daza las medidas cautelares de: detención domiciliaria, arraigo, firma de libro semanal en la Fiscalía y asistencia a todas las sesiones procesales; decisión judicial que engancha con las limitaciones del derecho a la amplia defensa que impuso indebidamente el Tribunal de sentencia 2.° de la ciudad de Santa Cruz, que en audiencia de Acción de libertad optó por el lento sofocamiento de la libertad del abogado Valda Daza, -denegando la tutela por subsidiariedad-, como bomba de tiempo de relojería para sembrar el temor seguramente a los líderes de la democracia y libertades.

Ante esta inquietante situación, ¿quién tiene autoridad moral para hablar de justicia? Los fiscales, jueces, investigadores o los gobernantes que dicen harán valer la independencia de los poderes; en síntesis, resulta inhumano que la justicia sea menos respetuosa para la libertad, lo que no favorece a la seguridad jurídica de los profesionales abogados y ciudadanos de Bolivia que demandan -nuevo censo, auditoría al padrón biométrico de 2019-2020 y al proceso electoral reciente.

Hay muchas más irregularidades ilegales, si se trata de despejar que no es una persecución política por las autoridades intervinientes, por qué no se analizó el tema central del imputado. Una persona vive una situación de estrés elevado más aún si la detención es inesperada, con fuerza, durmió en el suelo el sábado por la noche y se percibe subjetivamente que está en riesgo su vida. Tiene alta probabilidad de padecer lo que la disciplina de salud mental llama estrés agudo, que dura un mes y que luego puede convertirse en estrés postraumático. Es preciso que fiscales y jueces sean decentes, sensibles y garantizar el cuidado de la salud mental del ciudadano que como abogado tiene derecho a la protección de su honorabilidad y dignidad humana conforme a las directrices de Naciones Unidas de septiembre de 1990 (art. 12), disponiendo mínimamente la evaluación sicológica acompañada de test sicométricos específicos para trastornos post estrés y trastornos adaptativos.

Ante el silencio de los partidos políticos y el término antifacista que parece que la sociedad no está dispuesta a sepultar, el profesor (Flores, Carlos, 2020: 10) Acuña indica: “Están hiriendo la sensibilidad de una sociedad, que a veces ponen en duda la independencia e imparcialidad de algunos jueces y fiscales. Forzoso será concluir que a este Gobierno le está quedando un país precioso…pero al que difícilmente le va a poder seguir llamando democracia”.