Radares millonarios y de adorno
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En 2015 Bolivia compró 13 radares franceses de última generación con la millonaria suma de $us 225 millones, destinados a un sistema integrado civil y militar para proteger la soberanía aérea y fortalecer la lucha contra ilícitos como el narcotráfico y el contrabando, pero el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, hombre muy cercano a Evo Morales, se niega a firmar un acuerdo con su colega Eduardo del Castillo para usarlos en tareas contra los narcotraficantes.
La ley 521 de 22 de abril de 2014 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, promulgada por el entonces presidente Morales, establece y regula medidas, acciones y procedimientos para el control, vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional, y en su artículo 13 señala como parte de esas acciones la incautación de aeronaves civiles que sean sorprendidas en actividades de narcotráfico.
Para el cumplimiento de esa y otras tareas señaladas en la ley, se dispone la adquisición de radares y sistemas de comunicación, por tratarse de un tema de seguridad y defensa del Estado.
El 16 de mayo de ese mismo año, y en cumplimiento de la ley 521, el Ministerio de Defensa, dirigido entonces por Reymi Ferreira, dispuso la compra de radares a la empresa Thales Air System S.A.S.
Es decir, la ley que ordena la compra de los radares dice explícitamente que esos equipos deberán utilizarse en la lucha contra el narcotráfico, además de otras tareas de seguridad del espacio aéreo boliviano.
El ministro de Gobierno intentó cuatro veces llegar a acuerdos interinstitucionales con su colega de Defensa para utilizar los radares en la lucha contra el narcotráfico, pero este último no quiso hacerlo en igual número de oportunidades.
El argumento de Novillo es que una supuesta coordinación con la Policía ‘atentaría contra la seguridad del Estado’. Lo dijo el propio ministro del Castillo cuando respondió a una petición de informe solicitada por la diputada Luisa Nayar sobre el estado de los radares adquiridos en 2015.
El ministro Novillo está, por tanto, incumpliendo la ley, en este caso la 521, y su argumento dejaría entrever que la Policía Boliviana sería una amenaza contra la seguridad del Estado, extremo inaceptable que él tendría que explicar.
La actividad del narcotráfico ha intensificado sus operaciones en Bolivia, eso lo sabemos por las varias evidencias que van dejando las acciones contra ese delito. Una prueba es la gran cantidad de avionetas encontradas con cocaína, 46 en total durante la gestión 2021. Entre 2021 y 2022 suman 83 las avionetas y helicópteros hallados con drogas.
De los 13, seis radares son de uso civil y siete de empleo militar. Son estos últimos los que se solicitan bajo la modalidad de cooperación para que ayuden en las acciones del Estado boliviano para identificar naves transportadoras de droga.
En una de esas negativas, el Ministerio de Defensa le dijo a la Felcn que ‘rechaza y no conoce la factibilidad ni viabilidad del mencionado proyecto de convenio interinstitucional por los requerimientos que no aplican al alcance ni finalidad de las tareas operativas a realizarse, enmarcadas en la normativa aplicable’.
Que se sepa, no existen amenazas internacionales a la seguridad del espacio aéreo nacional; por tanto, no vendría mal darle un mejor uso a esos radares poniéndolos al servicio de la lucha contra el narcotráfico. Si el ministro Edmundo Novillo persiste en su negativa, va a tener que explicarle al país sus razones, no vaya a ser que se piense que está obstaculizando el combate a los narcotraficantes.
