7 de octubre de 2021, 5:00 AM
7 de octubre de 2021, 5:00 AM


A menos de 24 horas de que el gobernador Luis Fernando Camacho declare en La Paz, la misma Fiscalía que lo convocó retrocedió y decidió suspender sin fecha esa citación con el ingenuo argumento de una supuesta ‘estrategia de investigación’ para que declare primero su padre, José Luis Camacho.

La suspensión de la declaración era previsible. Siguiendo los antecedentes de estos 10 meses de Luis Arce en los que su Gobierno ha hecho gala explícita de cómo maneja y controla políticamente al Ministerio Público (Fiscalía) y a los jueces, no es difícil identificar que la decisión se tomó en las esferas más altas del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

Todo indica que el Gobierno se echó atrás en su intención de llevar a Camacho a La Paz y detenerlo. De hecho, la convocatoria se estaba haciendo esperar premeditadamente desde hace varios meses.

Pero en un arranque de aparente firmeza y en medio de otras tres fuertes arremetidas gubernamentales con los cocaleros de Yungas, los indígenas del Oriente y una polémica ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, salió la exdiputada Lidia Patty -que no actúa por su cuenta, eso se sabe- a reclamar públicamente al fiscal Juan Lanchipa que le falta huevos para convocar a Camacho. En respuesta, el fiscal general emitió primero la convocatoria y ayer la suspensión.

¿Cuáles eran los escenarios en caso de que se hubiera producido la asistencia de Camacho a la Fiscalía de La Paz este jueves? Uno: que fuera detenido. En ese caso, el Gobierno se hubiera abierto el mayor frente de conflicto de su gestión con la región de Santa Cruz, que dio señales de que no estaba dispuesta a que se lleven a su gobernador.

En una circunstancia así, Camacho hubiera pasado a convertirse en una figura heroica, Santa Cruz estaría probablemente movilizada y la agenda nacional estaría ocupada por varios meses con el tema de su detención. Ese es el poder de Santa Cruz, que una vez más demuestra cuán determinante es en la política nacional.

Dos: si Camacho declaraba y no se ordenaba su detención, entonces las bases masistas se hubieran volcado contra el Gobierno al ver frustradas esas expectativas a las que el propio MAS llevó a su electorado.

Pero más importante aun, con Camacho libre, la teoría del “golpe de Estado” del Gobierno se hubiera derrumbado como un castillo de naipes: si convocan al “principal golpista” -como ellos lo llaman-, él declara y no lo detienen, es que entonces no hubo “golpe”, sería el sencillo silogismo que dejaría descolocado al Gobierno.

De por medio, aunque la Fiscalía no tomó en cuenta en sus argumentos para la suspensión de la audiencia, también estaba el argumento de que no estaría garantizada la seguridad de Camacho en La Paz ante el surgimiento de amenazas de muerte que circularon primero en video y luego con madrugadores muñecos con el rostro de Camacho colgados en pasarelas paceñas.

El primero en abrir ese paraguas fue el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el martes, cuando salió a advertir que existe un grupo que quiere atentar contra la integridad de Camacho y anunció que se le brindaría seguridad como se da a un homicida, un asesino o alguien que confabuló para matar. Su expresión de excesos groseros supera los límites de lo que se puede esperar de una autoridad de Estado.

Por ahora, en la pulseta política perdió el Gobierno, como la perdió hace unos días en La Paz cuando tuvo que resignar su intención de colocar un dirigente afín al MAS como máximo dirigente de los cocaleros de Yungas, ante la fuerza de cocaleros contrarios a su línea que resistieron dos semanas de represión policial y al final hicieron retroceder a los uniformados.

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