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Por Deysi Mamani Tola, economista

Desde la aparición de la pandemia provocada por el covid-19, las economías de los países desarrollados y principalmente de los países en desarrollo, resintieron sus efectos. Organismos internacionales ya vaticinaban que el coronavirus tendría efectos devastadores sobre las economías, porque afectaría no solo la demanda, sino también la oferta a través de la interrupción de las cadenas de producción y la caída de los ingresos por el alto desempleo.

A este oscuro contexto, nuestro país venía sufriendo otro embate y era la presencia de un gobierno que unos llaman transitorio y otros de facto, el cual llevó adelante medidas que paralizaron la economía. Estos elementos ocasionaron que la economía boliviana resienta una contracción de 8,8% en 2020, con un incremento de la tasa de desempleo urbana cuyo pico más alto fue alcanzado en julio de ese año con el 11,6%, y una pobreza extrema que subió al 13,7%.

Luego de las elecciones y tras la posesión del presidente Luis Alberto Arce Catacora, renacían las expectativas de que podían venir mejores días sustentadas en la experiencia, capacidad y compromiso que este demostró cuando era ministro de Economía. Y así fue, al mes de su posesión, inició el pago del Bono Contra el Hambre que ayudaba a contrarrestar la reducción de los ingresos de los hogares, la reactivación de la inversión pública para la generación de fuentes de empleo, en los meses siguientes incrementó las pensiones de jubilación, implementó medidas para mejorar los ingresos públicos, impulsó la inversión privada, entre otros. En el ámbito de la salud, su Gobierno priorizó acciones para la lucha frontal contra la pandemia provocada por el covid-19, a través de la compra de vacunas, medicamentos, equipamiento de hospitales y la dotación de personal, porque el control de la pandemia era la puerta a la reconstrucción de la economía.

Los resultados económicos y sociales son evidentes a más de un año de gestión, registrando para 2021 indicadores positivos: se prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto cierre en torno al 6%; a noviembre de 2021 se registró una tasa de desempleo urbano del 5,2%, lo que implica que más de un millón de personas retornaron al mercado laboral; el incremento del 37% en el número de empresas privadas activas; y una reducción en la pobreza extrema a 11%, por debajo de la observada en 2019 de 12,9%.

Asimismo, para 2022 se daría continuidad a las medidas económicas y sociales conforme lo plantean en el Presupuesto General del Estado de 2022, que prevé una inversión pública de $us 5.015 millones orientada principalmente a sectores productivos para la industrialización con sustitución de importaciones, garantiza los recursos para continuar con la lucha contra el covid-19 y las políticas de redistribución de ingresos, y proyecta un crecimiento del PIB del 5,1%. Respecto a esta última previsión que ha sido puesta en entredicho por algunos analistas sustentados en las perspectivas de organismos internacionales, habrá que señalar que al parecer estos organismos son cautelosos al momento de hacer proyecciones, por ejemplo, el Banco Mundial proyectaba en su publicación Perspectivas Económicas Mundiales de enero 2021 que Bolivia crecería 3,9%, pero en su última actualización de enero 2022, ajustó la misma a 5,5%, cercana a la proyección del Gobierno, que está en torno al 6%.

Por lo expresado, los resultados económicos y sociales son los elementos que pueden calificar la gestión del actual Gobierno, más aún considerando que el país se encontraba en una crisis económica y sanitaria a finales de la gestión 2020.

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