7 de junio de 2020, 10:37 AM
7 de junio de 2020, 10:37 AM

A la crisis del coronavirus se ha sumado la profunda crisis económica que ya se siente en Bolivia. Este problema no solo afecta al sector privado pues ya está dejando huellas profundas en todos los niveles del Estado. Los municipios y gobernaciones están clamando por mayores recursos y el Gobierno nacional también muestra señales de depresión económica. La presidenta Jeanine Áñez anunció el recorte de tres ministerios y la supresión de dos embajadas con la finalidad de generar ahorro que permita atravesar este tiempo difícil.

Los gobernados asumimos que esas medidas drásticas en el funcionamiento del Poder Ejecutivo han sido sometidas a un análisis profundo, a fin de conocer cuál será el impacto económico; es decir, que antes de tomar tales determinaciones se ha hecho la cuenta para saber qué ahorro se logrará. Sin embargo, al ser planteada la pregunta, la respuesta fue que recién se está haciendo el cálculo correspondiente. Es decir que no se sabe si es mucho o poco el beneficio para las arcas del Estado.

Esa respuesta causa sorpresa y perturbación, porque no se sabe cuáles fueron los criterios para definir que desaparezcan los ministerios de Cultura y Turismo, de Deportes y de Comunicación, así como las embajadas de Bolivia en Nicaragua e Irán. Asimismo, deja la sensación de que es una medida improvisada o desesperada que no permite vislumbrar un norte en las políticas del Gobierno que, aunque sea transitorio, tiene en sus manos la conducción del país.

La desaparición del Ministerio de Culturas ha causado una furiosa reacción de artistas y gestores culturales, porque se sienten ninguneados. Muchos dicen que la creación de esa cartera de Estado respondía a una lucha de años, aunque, en honor a la verdad, los titulares de esta cartera, a lo largo de la última década, no hubieran dado respuesta al sinfín de demandas de los sectores que se sienten afectados y que, por el contrario, se ocuparon de otras tareas menores sin atender lo fundamental.

Es sabido por todos que el aparato estatal está sobredimensionado, que con intencionalidad política se fue agrandando para atender la demanda de la militancia partidaria, antes que para lograr la eficiencia necesaria. También es obvio que, ante la caída de ingresos, es preciso generar ahorro y eso pasa necesariamente por el achicamiento de la administración pública; sin embargo, una medida así no se puede tomar en un instante y sin cálculos razonables.

Otra respuesta que denota falta de coherencia es que la reducción de tres ministerios “no implica el despido de trabajadores”. Si no es así, ¿entonces para qué la reducción? Es difícil hacer lo necesario y pretender quedar bien con todos. Si se mantiene el número de empleados públicos, es lógico asumir que no habrá ahorro o, por lo menos, que éste no tendrá la dimensión que corresponde.

Cuando asumió esta administración gubernamental, varios ministros dijeron que iban a revisar el funcionamiento de las empresas estatales, a fin de hacer los recortes que sean necesarios y dejar de subvencionar a entidades que solo absorbían recursos económicos sin demostrar eficiencia ni generar utilidades. Han pasado más de seis meses y aún no se conoce el resultado de tal análisis. 

Es necesario ahorrar, no cabe duda, pero es bueno que tomar esas definiciones se base en políticas meditadas, a fin de que los gobernantes no estén dando marcha atrás en las mismas, como ya ha ocurrido con otras medidas, generando más incertidumbre en la población que precisa la certeza de que está conducido por un timonel seguro, que sabe hacia dónde va.

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