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23 de noviembre de 2023, 3:00 AM
23 de noviembre de 2023, 3:00 AM

En su mensaje presidencial, Luis Arce Catacora mencionó la necesidad de reformar Derechos Reales, cuyo funcionamiento está regulado por una ley de 1887, que ya contiene elementos obsoletos. No obstante, en un país donde la institucionalidad ha sido quebrada, la propuesta lleva a la desconfianza.

“No podemos demorar más la reforma al Registro de Derechos Reales, los avasallamientos y la afectación a la propiedad de los bolivianos tienen origen en una ley de hace casi dos siglos y en sistemas obsoletos e inseguros que sólo garantizan el funcionamiento de verdaderas organizaciones criminales que se apropian de viviendas y terrenos de las familias bolivianas”, decía el primer mandatario.

Sin lugar a dudas, los vacíos que hay en la materia llevaron a la corrupción. En las ciudades hay loteadores que usurpan la propiedad privada y consolidan esa invasión de la mano de funcionarios venales en Derechos Reales. En las áreas rurales, hay avasalladores de tierras, que se enteran qué parcelas están en proceso de saneamiento para asaltarlas, incluso con armas y torturas, y después beneficiarse con su posesión de la mano del INRA.

En ambos casos, el problema tiene que ver con la mala práctica de la política. Dirigentes que son miembros de partidos, que crean mafias para usurpar y lo hacen bajo el amparo de militantes de alto rango, que a la vez tienen avales partidarios de mayor nivel y que operan desde estas instituciones. Ya se ha denunciado que hay tráfico de la tierra rural y hay que evitar que se expanda el negocio de los loteadores urbanos.

Entonces el problema no debe limitarse al cuestionamiento de una ley, sino al mecanismo que engloba toda una red de corrupción y que se ve favorecida con la falta de institucionalidad que hay en el país. Eso se plasma en interinatos sucesivos, que se designan en función del favor político y no de la capacidad de quienes están al frente de esa responsabilidad delicada.

En este momento, Derechos Reales depende del Consejo de la Magistratura y en el proyecto se pretende que pase a tuición del Ministerio de Justicia, entidad que está en la mira por acusaciones de injerencia en el sistema judicial para servir a los intereses del partido político en función de Gobierno y por su incapacidad para impulsar una reforma de la Justicia, pese a que el ministro la prometió al asumir el cargo.

Por supuesto que hay dudas sobre el éxito de la reforma de Derechos Reales, porque se está hablando de la entidad que maneja la propiedad de los bolivianos. Y en un país donde hay afanes totalitarios, la libertad de tener propiedad privada no puede estar en duda.

Evo Morales se ocupó de eliminar la institucionalidad en el país. Más de 30 servidores públicos, que debían ser elegidos en la Asamblea Legislativa o mediante procesos normados, para garantizar su probidad e independencia, han sido designados a dedo durante años. La consecuencia es el servilismo y la mediocridad en el desempeño, que no cumplan su responsabilidad y que, finalmente, se perciba que éste es un país inseguro.

Al presidente Luis Arce le quedan dos años en este periodo gubernamental y tiene la oportunidad, en este tiempo, de devolver confianza y garantías en las instituciones del Estado. Sin lugar a dudas la recuperación de la  institucionalidad será un paso que el país apreciará y que ayudará a eliminar el aire autoritario que ahora rodea al Movimiento Al Socialismo en el poder.

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