3 de julio de 2023, 4:00 AM
3 de julio de 2023, 4:00 AM


El artículo 41.I-II de la Ley 341 de Participación y Control Social dice que todos los órganos de todos los gobiernos y todas las entidades y empresas públicas están obligados a asignar, en sus respectivos presupuestos, los recursos necesarios para la participación y control social (PyCS). Esta Ley no especifica el monto, salvo para los gobiernos municipales cuando dice que los recursos antes asignados a los comités de vigilancia pasan a ser para la PyCS (art. 41.VI). El uso y manejo de estos recursos debe ser reglamentado por cada entidad (art. 41.IV). 

Dado que esos recursos son asignados por la Ley 341 específicamente para la PyCS, el objeto de gasto no puede ser otro que no sea financiar la realización de talleres de diseño participativo de planes, presupuestos, cartas orgánicas, estatutos autonómicos, leyes, reglamentos y manuales (todas políticas públicas), así como en las rendiciones públicas de cuentas y otras actividades de PyCS, incluyendo la capacitación de participantes y la dotación de información pública (CPE, arts. 241-242). 

Hay gobiernos municipales que continúan usando los recursos para la PyCS de la misma forma que se hacía con los Comités de Vigilancia: haciendo que sean estos quienes los ejecuten. Se debe tener en cuenta que únicamente los gobiernos (y cualquier institución estatal) puede ejecutar los presupuestos públicos (Ley 031, art. 103.III), por lo que no corresponde que lo haga una instancia de la sociedad civil.

Además, la dotación de los recursos de PyCS a un “Control Social” podría entenderse como una forma de dádiva o cooptación política indirecta, lo cual está prohibido por la Ley 341 (art. 12.I.1), ya que, en la práctica (verdad material), esos recursos suelen ser repartidos entre dirigentes, con la única condición de que cada uno consiga facturas de supuestos gastos en actividades de PyCS. No se debe olvidar que: 1) ningún dinero público puede ser usado en provecho de un particular (art. 339); 2) eso implica delito de malversación y conducta antieconómica (CP, art. 144, 224); 3) la responsabilidad sobre el dinero público recae sobre cada Máxima Autoridad Ejecutiva, sobre las y los responsables jurídicos que en sus informes digan que esos actos son legales, y sobre los funcionarios que autoricen y ejecuten esos gastos; y 4) el daño económico al Estado no prescribe (CPE, arts. 112 y 324).