23 de agosto de 2022, 4:00 AM
23 de agosto de 2022, 4:00 AM

Si hay algo definitivamente urgente por hacer en Bolivia, es transformar la justicia, corregirla de sus vicios de corrupción, de su falta de independencia y de su servilismo al poder político; pero en Bolivia se muestran con mucha facilidad señales que nos hacen ver como el país del revés: esa urgencia, la de la reforma de la justicia, es precisamente la más postergada de las acciones previstas y hasta ahora no tiene ni plan ni fechas.

Y como no hubo ningún avance en ese objetivo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha comenzado a planificar la próxima elección de autoridades judiciales que por ley debe realizarse cada seis años; esto significa que el próximo año se repetirá la fórmula fracasada de elegir magistrados por voto popular, que es de donde emergieron los actuales magistrados. En realidad, fue una elección a dedo determinada por el partido gobernante el año 2017, y en las urnas ganó el blanco, el nulo y el ausentismo.

Aún no hay fecha para esa elección porque tiene que ser determinada por la Asamblea Legislativa, pero el TSE ha comenzado la planificación y hasta el mes de septiembre prevé enviar al Ministerio de Economía el presupuesto para ese proceso.

A estas alturas, y ante la inacción del Gobierno en la materia, prácticamente ya no hay nada por hacer y una vez más el país tendrá que resignarse a otra elección fracasada de autoridades de la justicia, como hasta el propio Ejecutivo reconoció en voz de su ministro de Justicia, Iván Lima.

Los conocedores del tema afirman que la única opción de cambiar algo ante la falta de voluntad política, es cambiar la forma de elección de jueces a través de un referéndum que permita modificar de forma parcial la Constitución, lo que tendría que realizarse antes de la elección de 2023.

Comunidad Ciudadana planteó un reglamento de preselección de candidatos para conformar el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Esa propuesta implica cambiar la forma de elección a través de una reforma parcial de la Constitución, para que al menos se considere la meritocracia de los postulantes.

El actual Gobierno ha tenido varios fracasos en lo que va de su gestión en los intentos por impulsar una reforma de la justicia.

El 2021 se calificó la resolución de esa crisis como una prioridad nacional, y hasta se realizó una llamada cumbre de la justicia, que terminó resultando en un simple conversatorio irrelevante, pero de nada sirvió porque de allí no prosperó ninguna iniciativa útil.

Da la sensación, dice el presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, Arturo Yáñez, que la estrategia gubernamental frente a la reforma de la justicia es demorar el tratamiento para que el 2023 las elecciones judiciales se realicen bajo la misma modalidad que el 2017, que si a alguien benefició es al MAS.

La inseguridad jurídica que se ha podido comprobar en los últimos meses en el país no solo redunda en una mala administración de la justicia como tal, sino que puede incluso llegar a colocar en peligro el propio sistema democrático porque pone en duda la institucionalidad de uno de los tres grandes poderes del Estado, repercute en una sensación de frustración del ciudadano que se siente en un estado de indefensión y es susceptible de sufrir una persecución judicial por razones políticas.

El jurista Juan del Granado dice que Bolivia vive una tragedia judicial por las visiones autoritarias del Gobierno, que mantiene al Órgano Judicial como un apéndice del Ejecutivo para perseguir a quienes no piensan como el partido gobernante.

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