Reformas que deforman

Con el título “reforma y contra reforma al proceso penal boliviano”, Arturo Yáñez Cortes, ha convertido su tesis doctoral en una excelente monografía sobre el proceso penal boliviano. La investigación científica estudia las reformas procesales desde la fundación de la república. Se trata de una publicación que analiza los sistemas procesales, la reforma procesal penal boliviana y su contra reformas.

Las grandes reformas procesales penales que se hicieron en los años 90 y 2000 no solo que no tuvieron el apoyo y continuidad necesaria por parte del gobierno del MAS, sino que fueron bloqueadas y cambiadas por el modelo de justicia “azul”, que después de 15 años, según los indicadores que tenemos, el remedio resultó peor que la enfermedad.

La publicación pasa revista al estado lamentable de la administración de la justicia penal, que tiene altísimos niveles de presos sin condena o detención preventiva, hacinamiento, vaciamiento sistemático de las garantías, e incapacidad para tutelar derechos fundamentales y proyecta una pésima imagen en todo sentido.

El autor no se limita sólo a cuestionar la utilización del “derecho” penal del enemigo, la venganza o el burdo escarmiento del contrario recurriendo cobardemente al uso abusivo del poder, sino además espera contribuir a diseñar una verdadera política criminal boliviana. El proceso penal tiene que racionalizar el poder y, sobre todo, tutelar los derechos y las garantías de las personas. La investigación considera que la solución a todo este desmadre judicial e instrumentalización de la justicia penal, es más y mejor garantismo, como establecen los convenios y pactos internacionales.

Yáñez Cortes identifica dos hitos determinantes para la reforma procesal penal boliviana: a) el “Estudio del funcionamiento del sistema procesal penal en Bolivia, 1992” del ILANUD, que de manera sistemática puso en evidencia los resultados del inquisitivo, aunque no tuvo la claridad de plantear la reforma integral de ese sistema procesal; y b) el seminario “Experiencias de reformas procesales en  Latinoamérica”, 1994 que, identificando nuevamente varios de los problemas del proceso penal inquisitivo, tuvo el acierto de constituir en diciembre del mismo año la comisión redactora del anteproyecto del nuevo código de procedimiento penal a cargo del entonces ministro de justicia, Dr. René Blattman Bauer.

Entre 1997 y 2019, se aprobaron por lo menos siete planes de seguridad ciudadana para combatir la delincuencia, que incidieron y minaron las garantías procesales al usar y abusar de la detención preventiva. Entre 2006-2009 se aprobó la nueva Constitución con un bloque de garantías (en el papel), que debía haber desarrollado progresivamente el legislador; sin embargo, ocurrió exactamente lo contario: existe una poderosa normativa penal que vulnera los derechos humanos y degrada el Estado Constitucional de Derecho. En realidad, se ha producido una desconstitucionalización y vaciamiento de contenido de las garantías del debido proceso.

La propia doctrina y jurisprudencia del tribunal constitucional quedó también vaciada de contenido, respecto del estándar más alto de protección de los derechos fundamentales, los principios de progresividad, favorabilidad, pro homine o pro liberatis, cuando fueron ignoradas por el mismo tribunal que las había recibido vía jurisprudencia y tenía que desarrollarlas y enriquecerlas.

Las garantías del debido proceso quedaron, igualmente, licuadas al extremo que los propios jueces fueron despedidos por el consejo de la magistratura vulnerando aquellas garantías y la doctrina interamericana. Lo propio ocurrió con algunos fiscales, que fueron suspendidos y luego despedidos, mientras el tribunal constitucional miraba para otro lado.

A tiempo de reconocer que el actual sistema penal es acusatorio, el autor aclara que la reforma en Bolivia ha sido regresiva, por cuanto han generado situaciones que no existieron ni en el modelo inquisitivo, lo cual puede ser objetivamente medido por los peores índices de presos sin condena, la vulneración sistemáticamente de los derechos y garantías procesales.

Los últimos quince años pasarán a la historia como una década y media perdida para la justicia penal. En realidad, la reforma procesal penal ha sido deformada y, por tanto, estamos “peor de lo que empezamos” a fines del siglo XX y todo esto documenta la investigación de Arturo Yáñez Cortes.