15 de junio de 2023, 4:00 AM
15 de junio de 2023, 4:00 AM


Cuando Evo Morales asumió la presidencia de la República por primera vez, en enero de 2006, el cambio en la política de lucha contra el narcotráfico estaba cantado. Morales hizo carrera política en la defensa de la coca excedentaria del Chapare y con dura resistencia a la erradicación voluntaria, compensada y forzosa de la hoja, que es materia prima de la cocaína. Morales tenía en la mira a la DEA que operaba en territorio boliviano con cierta libertad y con ciertos excesos que fueron denunciados oportunamente. Pero el flamante presidente quería fuera a la fuerza antidroga de Estados Unidos, lo que implicaba una disminución sustancial de los recursos técnicos, económicos y logísticos, por ejemplo, el uso de helicópteros para la interdicción al narcotráfico.

Cuando los periodistas buscaban respuestas a la propuesta de Evo, una de las voces autorizadas era el General René Sanabria que ejercía el mando en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. Lógicamente, Sanabria afirmó con convicción que Bolivia podía sola en este complejo propósito.

Lo que nadie imaginó en ese entonces es que, meses después, el prestigioso general cayó preso en Panamá, después de haber sido grabado en Chile en negociaciones para traficar droga desde puertos chilenos a EEUU. Al momento de su caída, Sanabria era asesor del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

Fue el primer escándalo, pero no el único. Después llegó la caída de Óscar Nina y Maximiliano Dávila. Todos con fuertes vínculos a las organizaciones criminales que operan en diferentes países. Tres excomandantes convertidos en narcos dan una pésima imagen de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Y a ello se deben sumar otros nombres: el expolicía Omar Rojas, detenido en Colombia, y Gonzalo Medina, cuyos nexos con Pedro Montenegro acabaron con su carrera.

A ello se suman las inéditas exportaciones de droga desde Viru Viru y la eliminación de evidencias o el insospechado récord de 27 operativos antidroga en el Chapare sin un solo detenido o las denuncias públicas de suspensión de operativos “por orden superior”, que llegaron la Fiscalía y quedaron en nada.

Además, el caso del narcovuelo puso en evidencia una cruda realidad: Bolivia no cuenta con adecuados sistemas de intercambio de información con varios países debido a que en el escenario internacional la DEA es un operador central de todos los circuitos y a ello se añaden las lógicas sospechas de falta de idoneidad e integridad de la Policía boliviana.

En paralelo, han aumentado las zonas rojas en Bolivia, los ajustes de cuentas son cada vez más frecuentes. Y a ello se debe añadir el hallazgo de fábricas de droga en áreas protegidas.

En síntesis, Bolivia ha retrocedido bastante, aunque las autoridades de turno se empeñen en decir lo contrario. El MAS nacionalizó la lucha contra las drogas. Renunció a la cooperación internacional y optó por trabajar domésticamente contra un delito en el que operan mafias internacionales. Los resultados saltan a la vista y ponen en peligro a la sociedad en su conjunto.

Es difícil pedirle al Gobierno que considere el retorno de la DEA a Bolivia o que se establezcan mayores vínculos de cooperación e intercambio de información; pero por lo menos se podría trabajar en serio en refundar la Fuerza Antidroga, en dotarle de mayores recursos y tener oficiales bien remunerados para que no caigan ante la tentación del dinero fácil y abundante.

Y lo más importante sería respetar la institucionalidad de la Policía, que sean oficiales destacados e íntegros los que se enfrenten a los narcos y no los que tienen padrinazgos políticos.

¿Será que el gobierno de Luis Arce es capaz de asumir este desafío?

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