Opinión

Regulación del pago de pensiones escolares durante la pandemia

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8 de febrero de 2021, 9:42 AM
8 de febrero de 2021, 9:42 AM

Por José Antonio Velásquez Pérez, abogado

Bajo tres modalidades; presencial, semi presencial y a distancia, se dio inicio al ciclo escolar en Bolivia, para la gestión 2021. La misma tiene grandes desafíos en el sector educativo, tanto en colegios fiscales, particulares y de convenio. Asimismo, a la presente fecha existen cuestiones que deben resolverse, siendo una de ellas, el desacuerdo entre padres de familia y colegios particulares, que gira alrededor del incremento o reducción de las pensiones escolares, que se suscitó debido a la inestabilidad económica que viene de la mano de la pandemia, ocasionada por el Covid-19.

Frente a esta situación, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, durante el mes de enero, emitió dos normativas que establece la regulación del sistema educativo en todos sus niveles y sectores para la gestión 2021. Las cuales son: 1) Resolución Ministerial No. 001/2021; y su complemento, 2) Resolución Ministerial No. 047/2021, de fecha 26 de enero de 2021.

Estas medidas adoptadas en ambas normativas provocaron un debate dentro y fuera del sector educativo a nivel nacional, en especial con el sector privado, ocasionando que éste exprese su total desacuerdo hacia dichas normativas. Señalando que sus medidas y contenido, generan confusión, inseguridad jurídica, y que atentan contra la sostenibilidad económica de la educación privada. “Así lo manifestó la Adecop de Santa Cruz, a través un comunicado oficial”.

Pero, ¿Cuál es el objeto y/o finalidad de las dos normativas emitidas por el Ministerio de Educación?

De manera puntual, en conformidad a lo establecido en el Art. 1 de la Resolución Ministerial No. 001/2021, señala que la misma, tiene por objeto regular los procedimientos de planificación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de la Gestión Educativa y Escolar 2021, declarado “año por la recuperación del derecho a la educación”, en los tres subsistemas: regular, educación superior y educación alternativa y especial.

Además, en su Art. 95 y siguientes, establece la regulación del cobro de pensiones escolares, entre los colegios particulares y padres de familia, durante la presente gestión.

De su aplicación y efectos jurídicos, dentro de la relación contractual entre colegios particulares y padres de familia… En el contenido de ambas resoluciones ministeriales, se estipulan distintas reglas a las cuales deberán ajustarse las relaciones contractuales, que se celebren entre los colegios particulares y padres de familia para la presente gestión, tales como: a) la regulación directa de los contratos por parte de las Direcciones Distritales de Educación; b) la prohibición a los colegios particulares de realizar cobros o imposiciones económicas durante la celebración de contrato, y c) la prohibición de realizar incrementos que no se ajusten a lo dispuesto en la presente resolución. “Esto en conformidad a los Arts. 95, 96, 99 y 100 de la Resolución Ministerial No. 001/2021”.

De la naturaleza de los contratos…

Respecto a este punto, nuestro Código Civil Boliviano, en su Art. 450, establece que: …“Hay contrato cuando dos o más personas se PONEN DE ACUERDO para constituir, modificar o extinguir entre sí, una relación jurídica”…

Siendo que, la Resolución Ministerial No. 001/2021, en sus Arts. 99 y 100 establece una serie de “condiciones adicionales”, que deben implementarse para la celebración de contratos de servicios educativos, que se realizan entre colegios particulares y padres de familia. Con el único fin de que los mismos se ajusten a la realidad económica actual y a la modalidad de estudio ofertada, de mutuo acuerdo entre partes.

Estableciendo en su Art 95, parágrafo II. De la R.M. 001/2021; al Ministerio de Educación, como autoridad reguladora de dicho acto (contrato), quien intervendrá como supervisor por medio de sus Viceministerios y Direcciones de Educación correspondientes.

La libre contratación y los efectos de las presentes normativas...

Nuestro Código Civil Boliviano, en su Art. 454, establece que: ...“las partes intervinientes pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebren”... Sin embargo, la Resolución Ministerial No. 047/2021, en su Art. 8, establece al Ministerio de Educación, como el encargado de regular y supervisar el contenido de los contratos celebrados. Es decir, que todo contrato celebrado entre colegios particulares y los padres de familia, debe ser visado (aprobado y autorizado) por el Ministerio de Educación, quien de acuerdo al Art. 96 de la Resolución Ministerial No. 001/2021, establece una sanción por su omisión.

Asimismo, el ministro de educación, Adrián Quelca manifestó lo siguiente: “Si hay algún incremento, estará en función del aumento general que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas, ese es el parámetro que siempre se ha utilizado para el aumento de pensiones”… Esta declaración es congruente, con lo señalado en el artículo 100, de la Resolución Ministerial No. 001/2021, misma que establece: …“El incremento de las pensiones para la gestión 2021, dependerá de la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”…

Respecto al diferimiento sobre el pago de obligaciones contractuales…

Sobre este punto, de acuerdo a la Resolución Ministerial No. 047/2021, de conformidad a su artículo 9, parágrafo IV, establece lo siguiente:

Artículo 9.IV.- “Excepcionalmente, en el marco de las acciones y política educativa sobre la “Recuperación del Derecho a la Educación para todas y todos”, las madres, padres de familia o tutores, podrán solicitar el diferimiento de la regularización de obligaciones contractuales (pensiones devengadas) en coordinación con la Dirección Distrital Educativa, tomando en cuenta todo el tiempo de la presente gestión educativa 2021, misma que se aprobará según protocolo validado por la Dirección Distrital Educativa correspondiente.”

Sobre el Derecho Constitucional a la Educación.

Desde una perspectiva constitucional, nuestra Constitución Política del Estado, como norma suprema; en su Art. 13, parágrafo III, señala lo siguiente: “Los derechos establecidos en esta constitución no determina jerarquía alguna, ni superioridad de unos derechos sobre otros”. 

Es decir, todos los derechos deben regirse bajo el principio de igualdad. Lo cual se cuestiona sobre el presente tema en análisis, pues, si bien la C.P.E. en sus Arts. 77 y siguientes, establece y garantiza el derecho a la educación; en su Art. 88, reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas privadas, previa verificación y cumplimiento de los requisitos establecidos por ley.

En tal sentido, citando el Art. 77, parágrafo II de la C.P.E, el cual establece que: “El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación”.

Siendo la coordinación, un factor fundamental y determinante para la búsqueda de soluciones que beneficien a ambas partes intervinientes sobre el pago de las pensiones escolares durante la presente gestión 2021; tomando en cuenta que, todas las personas, sean padres de familia y/o representantes de los colegios particulares; tenemos como único fin, el cumplimiento y garantía al “derecho fundamental, de recibir educación en todos los niveles, de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”… (Art. 17 C.P.E.)

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