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Las pérdidas no solo se expresan en déficits en cuentas corrientes y balances, o simplemente en la ausencia de beneficio o utilidad. En el caso de la economía de un país, se puede crecer incluso con déficit gemelos en cuenta fiscal y balanza comercial, aun con una inflación reducida y controlada que puede resultar saludable para la economía como resultado de la expansión de la demanda respecto de la oferta. Se pierde también cuando no es posible aprovechar de forma óptima las condiciones del entorno para afianzar y fortalecer la estructura económica aumentando el volumen de la producción, generando mayores empleos formales, incrementando la inversión pública y privada y creando mayores excedentes exportables.

El rebote de la economía global el pasado año fue muy importante para América Latina y el Caribe, al menos una tercera parte de los países logró superar la recesión causada por la pandemia, creciendo el 2021 por encima de la tasa negativa de 2020. Los casos más notables de recuperación, según reporte del Banco Mundial con datos al tercer trimestre (Global Economic Prospects, BM, Enero 2022), son el de Perú cuya economía se contrajo en -11% el 2020 y se prevé cierre oficialmente el año 2021 con un crecimiento del 13,2%; Colombia, que crecerá del -6,8% el 2020 al 9,9% el 2021; Chile se prevé de -5,8% el 2020 a 11,8% el 2021; Paraguay crecerá de -0,8% el 2020 a 4,3% el 2021; inclusive Argentina con una inflación del 50% se espera logre crecer de -9,9% el 2020 a 10% el 2021. En Sudamérica, Bolivia, Ecuador y Venezuela no lograrían superar la tasa de recesión del año de la pandemia, quedando aún con saldo negativo en el bienio 20/21.

Las condiciones favorables del entorno que algunos países hemos desaprovechado este 2021 han sido, entre otras: la expansión de la demanda mundial favorecida en gran parte por el relajamiento de las restricciones por la pandemia, el alza histórica de los precios de los alimentos provistos por los países en desarrollo de Sudamérica, Asia y Oceanía, la elevación de hasta el 40% de los precios del petróleo, gas y energía eléctrica, reducción de la tasa de interés, ayuda a la recuperación de empresas para incrementar contratación de mano de obra y por último subsidios directos a la población que expandieron el consumo. Es evidente que el mejor aprovechamiento de estas condiciones lo tuvieron los países que mejor preparados estaban para expandir su oferta, captando nuevas inversiones, favoreciendo sus exportaciones y generando nuevos empleos formales.

Ahora las previsiones apuntan a que en 2022 el mundo tendrá una desaceleración en su tasa de crecimiento del 5,5% previsto para 2021, a 4,1% el 2022 y 3,2% el 2023. Las nuevas variantes del covid-19 amenazan la recuperación, iniciando por una posible contracción de la demanda china en el primer trimestre, producto de su política de “covid cero” que no solo está golpeando las cadenas de suministro, sino que puede contraer sus importaciones, lo que afectará de manera directa a sus principales suministradores; algo similar se prevé en la Unión Europea y Reino Unido por las nuevas medidas de restricción impuestas. A esta situación se suman otros riesgos latentes, como la inflación global en los precios de los alimentos y la energía que puede afectar el consumo de las mayores economías importadoras, y por si nos faltaba algo podemos contar con un up-grade casi inevitable como la abultada deuda pública de los países en desarrollo que amenaza su estabilidad.

En medio de tantos nubarrones sería sensato que nos pudiéramos sentar a conversar con los legisladores, el Gobierno y los trabajadores, para revaluar el plan de desarrollo y hacer los ajustes o cambios que orienten las políticas hacia una economía más expansiva y abierta al mercado externo y la inversión extranjera directa en los sectores donde se requiere aumentar la producción, como el caso de hidrocarburos, energía, litio y siderurgia. De igual manera se deben reorientar las políticas de desarrollo agropecuario, agroindustria, forestal e industrial manufacturero, así como de servicios y turismo, dando seguridad a la inversión, reducir la presión fiscal, flexibilizar la legislación laboral para aumentar formalidad y acceso a seguridad social.

En este contexto por supuesto que el mercado interno es muy importante, pues la demanda de bienes y servicios de la población y la empresa nacional son la base de los ingresos en el punto de equilibrio financiero de cualquier actividad económica, por tanto el mercado interno debe estar protegido junto al consumidor, especialmente del contrabando, la defraudación, la falsificación y adulteración, al igual que debe estar protegido de cualquier posición abusiva, dominante o monopólica de parte de los oferentes del mercado.

Sin embargo, tan importante como el mercado interno es el mercado externo, las exportaciones, en particular en un país como Bolivia cuya población es aún escasa, con bajo ingreso per cápita y un tercio de su población viviendo en la pobreza, ante lo cual la única posibilidad de consolidar inversiones productivas significativas es con un mercado ampliado a la Comunidad Andina, el Mercosur y otros países con los que podamos desarrollar acuerdos e insertarnos en las cadenas globales de valor, integrando nuestra producción a la de otros países con mayor tecnología y competitividad.

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