9 de febrero de 2021, 5:00 AM
9 de febrero de 2021, 5:00 AM


Las mujeres víctimas de violencia familiar tendrán la libertad de elegir si quieren procesar penalmente a su agresor o si quieren perdonarlo y resolver el asunto en una conciliación familiar. Todo esto se logrará con la modificación de la llamada Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, como anunció el ministro de Justicia, Iván Lima.

Otra forma de escribir esta misma introducción sería decir: Con la modificación de la ley 348, el marido u hombre golpeador de su esposa o pareja ahora podrá beneficiarse con la posibilidad de no ser procesado penalmente si la víctima decide perdonarlo y arreglar las cosas hablando dentro de la misma casa donde horas antes él la golpeó. Ni más ni menos.

La iniciativa ha sido conocida en los últimos días en voz del propio ministro Lima, hasta aquí de buen proceder, que daba incluso señales de una interesante renovación y ganas de cambiar la justicia del país, que, como todos sabemos, es identificada con los peores adjetivos que se puedan imaginar.

La idea, según Lima, es darle la palabra a las víctimas para que sean ellas las que decidan si quieren la vía penal o la vía familiar para sus agresores, porque -en sus palabras- el Estado ‘no es padrastro ni tutor de las mujeres que sufren violencia’.

Según el ministro, el nuevo enfoque sería un ‘cambio de paradigma’ que es ‘tendencia en la región’.

Habría que indagar en qué países de la región se flexibilizó en tal extremo la legislación de la violencia contra la mujer; y si aun así fuera -cosa dudosa, por cierto- la realidad boliviana está muy distante de otras naciones a la hora de contabilizar las golpizas de mujeres a manos de sus parejas y los feminicidios, que el 2020 alcanzaron la escalofriante cifra de 113 casos oficialmente registrados.

Además, dejar en manos de la mujer la decisión de la vía a tomar se prestará a que ella reciba amenazas familiares y chantajes, que no harán otra cosa que sumar violencia sicológica a la agresión física.

El país entraría, por último, a un atípico sistema judicial donde un mismo delito sería en unos casos penalizado y en otros no, rompiendo así el principio universal de que la ley es igual para todos. Bastantes problemas tenemos incluso ahora mismo con un sistema judicial que suele beneficiar al que tiene más dinero o más poder, como para abrir una nueva puerta a la manipulación y la arbitrariedad.

Apenas horas después de su desafortunada expresión, que generó una avalancha de críticas a lo que se consideró un retroceso lamentable en la defensa de los derechos de la mujer, el ministro salió a hacer precisiones y dijo que la conciliación no aplicaría a feminicidios ni a casos de ‘violencia grave’.

Sin embargo, quienes estudian el fenómeno de la violencia contra la mujer en Bolivia saben que la violencia intrafamiliar es una espiral creciente que comienza en aparentes casos de ‘violencia leve’, pero que rápidamente pasan a la categoría de grave y de ahí al feminicidio ya no hay mayor distancia.

Por tanto, un Estado permisivo con la ‘violencia leve’ contra las mujeres será un Estado responsable de la violencia grave y también del asesinato de mujeres, porque todos esos fenómenos son parte de un mismo problema sensible de larga tradición cultural en nuestro país.

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