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Fue la antigua base antidrogas de la DEA de Estados Unidos. El Aeropuerto Soberanía de Chimoré operó durante dos días, el 10 y 11 de marzo. Un total de 16 aviones civiles y dos militares completaron 34 operaciones —despegue y aterrizaje— en esas instalaciones.

De acuerdo con el reporte de operaciones al que accedió EL DEBER, el 10 de marzo, cuando se hizo la reapertura del aeropuerto, 15 naves de entrenamiento volaron al trópico de Cochabamba desde El Trompillo y el Aeroparque Piraí (Santa Cruz), así como desde de la base Jorge Wilsterman de Cochabamba. El reporte señala que dos naves militares de la Fuerza Aérea (FAB) también llegaron desde La Paz ese mismo día.

Al día siguiente, el 11 de marzo, dos naves privadas pequeñas que son de las escuelas de aviación de Cochabamba llegaron y se fueron de Chimoré, señala ese informe.

Hasta ayer, reportes preliminares del Ministerio de Obras Públicas y del sindicato de los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea (Aasana) señalan que el aeródromo había estado activo un solo día.

Ayer, durante una rueda de prensa, el sindicato de controladores aéreos corroboró esa información y precisaron que las escuelas de pilotos solo pagan Bs 415 por mes por el uso de las instalaciones aeroportuarias del trópico de Cochabamba. “Esa tarifa no cubre las operaciones de Aasana”, afirmó ayer Néstor Villarroel, el ejecutivo del sindicato de Aasana.

Sobre la base de un reporte del jefe del aeropuerto de Chimoré, Rómulo Eamara, el dirigente señaló que el 10 de marzo hubo un vuelo de un aerotaxi que no era parte de la flotilla de avionetas que estuvo en Chimoré ese día.

Según el reporte, fue ese día, el 10 de marzo, que aterrizó y pagó solo por una operación. Era una avioneta pequeña. No era de una escuela, era un avión particular, un aerotaxi. El jefe de aeropuerto me reporta que ese día recibió el pago de Bs 56 por una sola operación, que no era de una escuela”, señaló Néstor Villarroel, quien precisó que la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) es la entidad que autoriza los planes de vuelo y la declaración de carga o pasajeros que hace cada aeronave en el país.

El director general de Transporte del Ministerio de Obras Públicas, Sandro Zapata, contradijo el reporte de Aasana y aseguró que durante esos días operaron únicamente aviones de entrenamiento de escuelas de aviación. “Si ustedes observan los planes de vuelo, son escuelas de aviación; no hay transporte de personas y prácticamente esto ha sido delimitado para un show aéreo de entrenamiento”, afirmó la autoridad en un contacto con los periodistas.

Las operaciones aéreas de Chimoré se reanudaron sin que exista un carro bombero ni control del perímetro aéreo de la pista, afirmó el dirigente Omar Alcón. En este aspecto, Zapata sí coincidió con los trabajadores de Aaasana.

“Prácticamente, se ha logrado hacer las investigaciones pertinentes y se ha determinado que hubo riesgo en las operaciones”, dijo el director sobre las irregularidades que se cometieron cuando se autorizaron las operaciones.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, destituyó el lunes al director general ejecutivo de Aasana, Ronny Balderrama, por autorizar los vuelos en ese aeropuerto que, a pesar de varios intentos, no ha podido mantener una operación comercial.

La autoridad manifestó que el exfuncionario será procesado por incumplimiento de deberes” y por infringir el artículo 191 de la Ley de Aeronáutica Civil, que advierte que será sancionado con pena privativa de libertad de uno a seis años “el que realice cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de un aeródromo, de un aeropuerto o de la circulación aérea”.

Los trabajadores de Aasana anunciaron el respaldo a la decisión anunciada por el ministro. “Él tiene todos los documentos y la normativa como el Acuerdo de Chicago que tiene que ver con la seguridad aérea y los riesgos que se corrieron”, señaló Alcón.

Dudas

La repentina apertura del aeropuerto de Chimoré generó, además, críticas por la forma en la que se investigan estos hechos, donde se produce coca que es desviada al narcotráfico, según los informes anuales de la Oficina de Naciones Unidas para la Lucha contra el tráfico de Drogas y el Crimen Organizado (Unodc).

“¿Dónde está el fiscal general? El fiscal Juan Lanchipa actúa en muchas investigaciones, pero no aparece en este caso, porque se actúa de manera política y no al servicio de la ley”, afirmó Joadel Bravo, exfiscal antidroga en una entrevista con EL DEBER radio.

El abogado constitucionalista José Luis Santistevan hizo notar la ausencia de las instituciones del Estado para controlar esa región.

“Mientras el Estado no asuma la institucionalidad del control en la región, prescindiendo de la injerencia política, las provincias Carrasco, donde está ubicado el aeropuerto de Chimoré, y Chapare, el narcotráfico y la corrupción seguirán siendo un problema lacerante que destruye la dignidad de la sociedad boliviana. La Constitución y la ley no tienen valor en dicha región”, puntualizó.

El senador Leonardo Loza (MAS) salió al frente de estas críticas y aseguró que su partido ni las organizaciones sociales que agrupan a los productores de coca del trópico de Cochabamba no permitirán “que se melle la dignidad de los campesinos” de esa región del país y pidió sanciones para las autoridades de la DGAC y las personas que hayan autorizado las operaciones sin ninguna medida de seguridad.

El presidente del Senado y dirigente cocalero, Andrónico Rodríguez, también del MAS, consideró que el aeropuerto Soberanía debería volver a funcionar en favor del turismo y las actividades productivas que hay en el trópico de Cochabamba. Anticipó que existen conversaciones con dirigentes y alcaldes para hacer una propuesta.

El dirigente de Aasana, Néstor Villarroel, informó que el aeródromo estuvo abierto desde el 10 hasta el 20 de marzo. “Ahora está cerrado para todas las operaciones civiles”.

En ese marco, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, también tuvo que dar explicaciones sobre este caso. “Se hicieron todas las medidas previas para ver si no se transportan sustancias controladas en esta avioneta; se han desplazado efectivos de la lucha contra el narcotráfico. Hemos demostrado con informes, con imágenes que no existían vuelos irregulares”, aseguró el ministro.

La autoridad también aclaró que su despacho no autoriza ningún vuelo ni operación aérea. El martes, Montaño señaló que no tuvo reportes sobre requisas por parte de la policía antidroga y ante ello, el Ministerio de Gobierno aseguró que se revisaron 15 aviones con la ayuda de un perro.

Álvaro Munguía, abogado especialista en transporte aéreo, hizo notar, en una entrevista con EL DEBER Radio que “existe una falta de coordinación” de las autoridades en un tema tan complejo como especializado que, además, está asociado a compromisos internacionales que asumió el país.

El abogado recordó tragedias recientes, como la de LaMia (2016), cuando una nave boliviana se estrelló por falta de combustible o la del jet K8 de la FAB, que la pasada semana se estrelló sobre una vivienda en Sacaba. De este modo, cuestionó a la DGAC.

Los trabajadores de Aasana lamentaron que, en muchos cargos técnicos, fueran designados dirigentes sindicales y profesionales, pero sin experiencia en el control aéreo o servicios de seguridad que se requieren en el aeropuerto.

“El 10 y 11 de marzo volaron estudiantes y pudo haber una tragedia porque no teníamos ni un carro bombero”, afirmó Alcón.

Desde que se inauguró, en 2015, el Aeropuerto no pudo mantener las operaciones comerciales.

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