Escucha esta nota aquí

La solicitud fue tramitada a partir de una “hoja de ruta” y siguiendo procedimientos diplomáticos. En 2007, cuando el país estaba debatiendo la redacción de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), la administración de Evo Morales canalizó una solicitud a Paraguay para que esa nación provea, “en calidad de préstamo”, un lote de munición no letal que sería usada para dispersar protestas sociales.

“Yo canalicé un requerimiento del Gobierno y la administración de Nicanor Duarte Frutos lo negó”, reveló ayer a EL DEBER Jorge Santistevan, quien ese año fue agregado militar de Bolivia en Asunción. Explicó que el procedimiento se realizó a partir de un requerimiento que nació en la Presidencia del país y frente a una necesidad urgente, para el plazo inmediato, pero las fuerzas militares de Paraguay, además de la Policía, no tenían los recursos suficientes para el préstamo”.

Santistevan, abogado y coronel del Ejército en servicio pasivo, precisó, además, que ese pedido “era muy parecido” al que hizo el gobierno de Jeanine Áñez a Ecuador, el 16 de noviembre de 2019, cuando el país enfrentaba un estado de convulsión por efecto de las fallidas elecciones de ese año.

El legislador ecuatoriano Fausto Jarrín, afín al expresidente Rafael Correa, presentó esta semana una denuncia contra el expresidente Lenin Moreno porque consideró que no hubo “justificación” para la entrega de esos pertrechos.

La exministra ecuatoriana de Gobierno María Paula Romo afirmó ayer “que se trata de un procedimiento habitual”, mientras que la administración de Guillermo Lasso aún no ha fijado un criterio sobre esta demanda legal.

El 27 de mayo de 2020, Hernán Patricio Carrillo, quien fue comandante de la Policía en el gobierno del expresidente Lenin Moreno, envió el oficio 289-CG-2020 al coronel José Luis Frías, entonces agregado militar de Bolivia en Ecuador, para solicitar la devolución “del material que fue entregado el mes de noviembre de 2019”. La misiva detalla el material a ser devuelto: 5.000 granadas de gases lacrimógenos de mano GL-30; 2.389 proyectiles no letales de largo alcance calibre 37; 560 proyectiles no letales de corto alcance calibre 37 y 500 granadas de sonido y destellos para exteriores.

“Es el tipo de equipamiento que usa la policía desde hace más de 15 años”, precisó Santistevan. Si bien este procedimiento no tiene una legislación precisa, se basa en algunos aspectos de la Ley 400, además criterios de manejo de estos agentes químicos.

El especialista en asuntos de defensa Samuel Montaño explicó al El DEBER que “el préstamo de agentes químicos” es una práctica frecuente en América Latina.

“Cuando se dio la crisis de 2003 en Bolivia, Sánchez de Lozada tuvo que prestarse esos gases de Colombia y en 2005, Carlos Mesa también accedió a un préstamo de Argentina. Recientemente, en 2018, Chile solicitó prestado a Ecuador; ese año estalló una gran movilización social en ese país. El propio Lenin Moreno recurrió a Colombia el año pasado”, afirmó.

Pero también existe una razón técnica: Las empresas que fabrican no almacenan estos insumos y demoran 15 días en entregarlos.

Comentarios