Escucha esta nota aquí

Detención preventiva por seis meses en el penal de San Roque a Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) fue la disposición del vocal de la sala penal segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (TDJ).

Molina fue imputado por los delitos de organización criminal, daño al patrimonio histórico y otros en la capital del país.

El vocal Hugo Michel revocó la determinación de la jueza Ximena Mendizábal que hace dos semanas ordenó que el imputado se defienda en libertad porque no encontró prueba suficiente para disponer que sea enviado a prisión preventiva.

Esta decisión fue apelada por el Ministerio Público y la pasada semana, los vocales Iván Sandoval y René Conde, ordenaron la inclusión de una prueba consistente en videos que supuestamente involucran a Molina en la comisión de delitos, lo que habría sido determinante para enviarlo a prisión.

Es la tercera vez que Molina se sienta en el banquillo de los acusados. La primera fue ante Mendizábal el 12 de marzo en la capital del país. Cuatro días después de ser liberado volvió a caer en manos de la Policía, pero esta vez en la ciudad de Cochabamba.

La noche del 17 de marzo durmió en una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), pero al día siguiente la jueza Adonis Torrico, ordenó su libertad con medidas sustitutivas, entre ellas, presentarse cada 15 días ante la justicia, arraigo y no comunicarse con los testigos que declararon dentro del proceso que se lleva en su contra.

El Ministerio Público acusa al líder de la RJC por haber encabezado una manifestación y pintarrajeado la pared de la Fiscalía General en octubre de 2020, exigiendo la renuncia del titular, Juan Lanchipa.

CIDH niega ayuda a Áñez

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó otorgar medidas cautelares a favor de la expresidenta del Estado Jeanine Áñez

La carta de la CIDH señala que la solicitud no reúne los requisitos establecidos en el artículo 25 de su reglamento, dado que los alegatos formulados requerirían un análisis de la compatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual excedería el mecanismo de medidas cautelares.

La senadora de Creemos, Centa Rek, (quien fue la solicitante) denunció que el organismo tiene un “doble estándar” con sesgo político e ideológico, por lo cual elevará una queja y considera que la actitud de la CIDH “hace ver que existe un doble estándar, un doble tratamiento para la solicitud de medidas cautelares cuando viene de ciudadanos de izquierda o de derecha, denominados de esta manera”.

La legisladora indicó que la Comisión Interamericana está politizada, lo que lleva a una discrecionalidad en el tratamiento de las solicitudes de cautelares.

Para argumentar su posición, recordó que durante el periodo de 14 años de gobierno del expresidente Evo Morales, la CIDH solo otorgó dos medidas cautelares, sin siquiera favorecer a la marcha del Tipnis de 2011, mientras que en cuatro meses del gobierno transitorio de Jeanine Añez, el organismo otorgó cuatro medidas cautelares, que incluyeron a la Defensora del Pueblo, la organización argentina Madres de Plaza de Mayo y exministros que estaban en la embajada de México.

Lamentó que en el caso de Áñez se haya rechazado las medidas cautelares, cuando considera que existen pruebas de una detención indebida. “Estamos mandando una carta a la CIDH para expresar nuestra sorpresa y nuestro rechazo a un tratamiento discrecional con estándares dobles cuando se trata de temas ideológicos y políticos”, agregó.

Áñez y dos de sus exministros están con detención preventiva acusados en el caso de supuesto “golpe de Estado”. La expresidenta denunció que no se cumplió el debido proceso y que hubo abusos en el operativo de su aprehensión.

Comentarios