Riesgo de vida: responsabilidad del Gobierno

Hay tres fenómenos en el mundo que aceleran la eliminación de la humanidad de más de 7,8 billones de habitantes que viven en el planeta. Por un lado, el coronavirus que ha reducido la población en más de 4.401.675 millones de personas fallecidas (20-08-21) y, por si no fuera menos, las víctimas del terremoto de Haití que han sobrepasado las mil muertes en uno de los países más pobres del mundo; fenómeno natural que alerta replicarse en grados menores a 7,1 y aumentar el número de víctimas.

La gran diferencia de acontecimientos siniestros como los reflejados, es que el covid-19 apunta a ser fruto del dominio global en que se embarca China con Xi Jinping, porque según investigadores el virus de Wuhan fue transformación humana escapado del laboratorio sin ninguna alerta e información a los dirigentes de la ONU.

Resulta inimaginable que en un país con 1, 4 billones de la población mundial y con un comercio financiero extraordinario, se embarque en la travesía paralela de eliminación de vidas humanas, al punto que ante el rebrote de la cepa delta encapsulan a sus ciudadanos sin salidas, violando sus derechos humanos por encima de cualquier ponderación de derechos fundamentales y las restricciones extremas.

Desde la pasada semana con la toma de los talibanes en Kabul, capital de Afganistán, las perspectivas de vida de mujeres y niños se reducen ante las amenazas de los terroristas que calificaron su revolución como “el imperio talibán”, para implantar la sharía (Ley Musulmana), escenario en que los países de la Unión Europea, Inglaterra y otros, se han hecho eco de la gravedad del problema, trasladando al mayor número de ciudadanos afganos que colaboraron en sus embajadas y lo más desgarrador es ver cómo los padres y madres entregan a sus niños a soldados norteamericanos y del Reino Unido con la esperanza de ser educados y mejor tratados en aquellos países. En este orden EEUU agradece a los países que apoyan la evacuación.

Se advierte que ante el complejo mundo en que vivimos, que una gran parte de la juventud actual, e incluso de cualquier edad, desamparadas por las dificultades de la vida, la desocupación y la pobreza, está hasta predispuesta a encontrar chivos expiatorios a sus problemas de vida, salud y hambre, precisamente en los miembros de minorías étnicas o islámicos fundamentalistas que aplican una actitud y discurso claramente incompatibles con el orden material de valores de la democracia constitucional y de los tratados internacionales de los Derechos Humanos.

Los talibanes violentos han vencido los esquemas democráticos regionales más sólidos en sus estructuras y funciones de seguridad, donde se perfila Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, como el líder capaz de conversar con los talibanes para que el clima de violencia cese, pero sin llegar a reconocerlos ante semejante capacidad de militantes destructores, en la que es imposible mantener sus instituciones democráticas.

Por ello, y para hacer frente a estos riesgos de vida que también rebrotan en Bolivia, con el sistema de gobierno de Luis Arce Catacora que interpreta las recomendaciones del GIEI como cancelación de garantías y derechos, pese a que el informe incompleto identifica injerencia severa del Gobierno en procesos penales, incremento de detención preventiva sin valorar los estándares mínimos de presunción de inocencia, el referendo 21f incumplido por Evo Morales y TSE como origen de los problemas, el cambio de la justicia y de fiscales para establecer las responsabilidades selectivas de fallecidos; lo que implica que las actuales autoridades judiciales, magistrados y fiscal general, no son creíbles si se advierte por el GIEI que hay sometimiento al partido de gobierno y, por tanto, no puede haber autorización congresal contra expresidentes si previamente no se cambia a todos los órganos del judicial y fiscal.

De persistir en un sistema de justica anacrónico, vergonzoso, carente de todo principio de imparcialidad, por la gravedad de los delitos que han sido omitidos en el informe de la GIEI: genocidio, asesinato, instigación de Evo Morales al dirigente Faustino Yucra para que no ingrese alimentos a la ciudad de La Paz, terrorismo con más de 2.000 adherentes del MAS trasladados exprofesamente para sembrar actos de vandalismo, destrucción de bienes e instituciones y violación sexual de menores de edad, considerados como delitos de lesa humanidad por los arts. 5.I. a), b) y 7.I. a), b) y g) del Estatuto de Roma, de 1 de julio de 1998, en vigor el 1 de julio de 2002, Evo Morales Ayma deberá ser sometido a jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), donde deberá demostrar su inocencia, como ha afirmado en redes sociales: “Aunque me hagan los procesos que quieran nunca encontrarán nada”.

Referente a la expresidenta Jeanine Áñez detenida preventivamente hace cinco meses, por el supuesto delito de “golpe de Estado” y otros seis hechos imputados, emergente del informe preliminar médico presenta “hipertensión arterial y cuadro depresivo severo” y el traslado intempestivo del penal de Miraflores al Centro Hospitalario del Norte de la ciudad de El Alto a 4.000 metros de altura, ha desencadenado la producción de heridas en su brazo izquierdo (muñeca y antebrazo) la madrugada del sábado 21 de agosto.

La gravedad de la depresión de la expresidenta ha desencadenado un intento autolítico riesgoso para su vida, en cuyo caso es recomendable la evaluación urgente por una especialista en siquiatría, quien recomendará luego de la evaluación su internación en una clínica especializada u otra conducta. Por tanto, el presidente y el ministro de Gobierno al ejercer crueldad, venganza y odio, contra Jeanine Áñez, están poniendo en serio riesgo la vida, que el pueblo boliviano pide humanidad y Dios mayor sensibilidad. Caso contrario, una medida injustificada y perversa generará reacción del pueblo que no aceptará más injusticias.

Robin, Martha, (2005:14) dice: “Nuestra gloria en el cielo será proporcional al fervor que tengamos en nuestras santas comunidades aquí en la tierra”.

Pedro Gareca Perales es Abogado Constitucionalista y Defensor de DDHH