Desde hace veinte años que hemos venido criticando la política cambiaria del país porque consideramos que privilegia la estabilidad en desmedro de la competitividad y el crecimiento económico, esto debido al rezago cambiario que en su momento fue cercano al 20%, lo que resta competencia a las exportaciones y favorece las importaciones y el contrabando con un dólar barato, incrementado en su oferta interna por actividades ilícitas de narcotráfico y otras, inocultables como el sol meridiano.

En determinados momentos se planteó desde el sector privado exportador implementar un tipo de cambio preferencial para las exportaciones, que le devuelva la pérdida por la sobre apreciación de la moneda nacional y el costo de producción, ya compensado en buena parte por el subsidio a los combustibles (en particular al diésel), pero ante todo paliar el sobre costo salarial al empleador formal cuyo incremento en más de un lustro a finales de la década pasada llegó al 20% con el doble aguinaldo. Es evidente que cualquier diferencial cambiario para compensar estos costos hubiera tenido que ser al menos del 15%, es decir, pagarle al exportador 8 Bs por cada dólar exportado.

Ahora bien, analizado este contexto previo, veamos la reciente medida adoptada por el Banco Central de Bolivia, mediante su Resolución de Directorio 025/2023 que modifica el Reglamento de Operaciones Cambiarias del año 2013, estableciendo que “… el BCB podrá comprar dólares estadounidenses a través de la entidad bancaria pública (Banco Unión S.A.) generados por el sector exportador privado a tipos de cambio entre el tipo de cambio de compra y el tipos de cambio oficial de venta”, con lo cual la misma autoridad monetaria comunicó de manera formal, el 8 de febrero pasado, que autorizó la compra de dólares de exportación al tipo de cambio de 6.95 Bs, pretendiendo recaudar 1.000 millones de la divisa estadounidense. 

Como era previsible la medida tuvo un efecto inmediato no solo sobre el sistema financiero formal sino en el mercado cambiario libre donde la compra de la divisa subió al mismo nivel de la oferta a los exportadores, y la venta se situó entre 7,00 y 7,05 boliviano por dólar dependiendo del monto a tranzar. Esta reacción es natural ante la oferta de un “big player” como el banco público que marca el precio de la demanda (compra), y recibe del mercado un valor de oferta (venta) al menos 10 centavos mayor al valor de compra.

En otras circunstancias la medida del Banco Central tendría que haber sido aplaudida, pero el actual déficit de divisas, la caída de las Reservas Internacionales Netas, sumada a la demanda de importaciones de las empresas públicas (en particular YPFB) y el déficit fiscal, hacen que los riesgos de una devaluación sean inminentes, lo cual podría hacer que el beneficio se convierta en una riesgosa amenaza, porque esto conllevaría a mayores ajustes en la política cambiaria nada gratos para el sector exportador, tal cual sucede hoy en la Argentina.

Siendo sinceros, lo que menos le importa al gobierno son los exportadores no tradicionales, lo que ahora le interesa son sus divisas. De hecho, una política de fomento a la exportación y la atención de la demanda externa no es sostenible basada en el tipo de cambio preferente, lo que verdaderamente el sector requiere es que liberen las exportaciones, que se aperturen nuevos mercados y que se garantice la neutralidad impositiva de sus ventas al exterior, al igual que se promocionen los negocios e inversiones en función de las oportunidades del mercado internacional.

Los nueve centavos de Bolivianos que se pagaran adicional por cada dólar exportado, pueden llegar a representar unos 580 millones de Bolivianos anuales de beneficio para el sector exportador en su conjunto, sin embargo una elevación del tipo de cambio en mercado libre, entre 15 y 20 centavos puede constituir una devaluación cercana al 3%, después de un tipo de cambio fijo de más de 15 años. Esto implicará a su vez un incremento en los costos de importación de muchos productos que demanda el mismo sector exportador no tradicional, tal el caso de fertilizantes, semillas, agroquímicos maquinaria y otros insumos agrícolas no producidos localmente.

El otro efecto boomerang que podría resultar de una inesperada devaluación de la moneda local es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en función a los niveles de inflación que naturalmente acompañan las devaluaciones, lo que implica un previsible incremento de los costos laborales y de producción, a lo que se debe agregar los nuevos precios de la energía eléctrica producto de la obligación impuesta al sector industrial de no consumir su propia energía, sino a entregarla al sistema interconectado de distribución para después comprarla a precios más elevados.

En definitiva, una medida arriesgada la del BCB para cubrir las obligaciones de la deuda y las importaciones públicas, que en lo inmediato beneficia al exportador, pero que en lo mediato conlleva un riesgo intrínseco, que podría resultar en mayor perjuicio, para el conjunto de la economía, incluidos los exportadores.