Riesgo país, inseguridad y crisis jurídica, trabas para la inversión extranjera en 2024

Los inversionistas extranjeros ya no miran a Bolivia como un mercado seguro para invertir y guardan la billetera por temor a perder los dólares ante la permanente turbulencia política, social y económica que vive el país desde hace más de una década.

De acuerdo con los últimos datos disponibles del Banco Central de Bolivia (BCB), hasta el primer trimestre de 2023 habían ingresado $us 60 millones de Inversión Extranjera Directa (IED), nada comparado con los $us 1.750 millones que ingresaron en 2013, principalmente en inversiones en el sector hidrocarburos.

En 2022, año que marcó la recuperación de las economías de la región después de la pandemia, ingresaron a América Latina y el Caribe (ALC) $us 224.579 millones de IED, siendo Brasil el principal receptor de la región (41% del total), seguido de México (17%). En Bolivia sucedió todo lo contrario, hubo una salida de al menos $us 12 millones.

Analistas y economistas consultados por EL DEBER coincidieron que son tres los más grandes desincentivos -aunque existen muchos más- que ven los inversionistas a la hora de considerar a Bolivia como un país rentable: la permanente caída del riesgo país, la crisis judicial y la falta de seguridad jurídica.

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, manifestó que el país cuenta con todas las posibilidades productivas, no sólo en los sectores extractivos, pero también en la agroindustria, la manufactura o el turismo, pero no existen las condiciones. “Para que eso ocurra tienen que haber ciertas seguridades por parte del Estado, la seguridad jurídica para la inversión, la seguridad de mercados, que no existan cupos y la seguridad de un trabajo conjunto público-privado”, señaló.

Rodríguez lamentó que cuando se produjo la nacionalización de las empresas capitalizadas, en 2006, no se midieron las consecuencias. “Se dejó de perforar, de hacer exploración (en hidrocarburos) y las empresas se fueron a otros países como Perú, Paraguay o Brasil, donde ofrecían mejores condiciones y Bolivia, de ser un país que en el año 2005 gastaba menos de 190 millones de dólares importando diésel y gasolina, en los últimos dos años pasó a gastar casi 3 mil millones solamente esos dos productos”, sostuvo.

Por su parte, el economista Rubén Arias acusó falta del fortalecimiento institucional para ofrecer seguridad jurídica que garantice las inversiones en el país. “Eso ha representado que entre el 2021 y el 2022 tengamos una disminución de más de 600 millones de dólares en IED, en contra de lo que ha significado, por ejemplo, la inversión extranjera en los países de Latinoamérica que han estado por encima del 50% de crecimiento de inversión extranjera”, resaltó.

Agregó que la prórroga de las autoridades judiciales es un elemento crucial que ahuyenta la IED, por lo que las previsiones para 2024 son negativas. Seguramente vamos a tener un récord en desinversión y esta situación no va a cambiar porque el Gobierno tiene, como uno de sus pilares, el control de los sectores estratégicos de la economía, como el tema de los hidrocarburos”, consideró Arias.

Sobre el tema, el BCB remarcó, que la economía boliviana registró un flujo positivo de inversión extranjera por $us 60 millones, situación que a criterio del ente emisor refleja la confianza de los inversionistas extranjeros en Bolivia, a pesar de los desafíos económicos globales y el ataque especulativo interno que sufrió el país en los primeros meses de 2023.

“Este flujo positivo neto se registra por tercera gestión consecutiva para el periodo enero-marzo. Es decir, que los recursos invertidos por inversionistas del exterior en la economía nacional alcanzaron $us 152 millones, siendo superiores a los pagos que estos recibieron ($us 92 millones)”, puntualizaron desde el BCB.

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