Ronald Castedo: “Si nosotros fuimos juzgados, los que cometieron delitos deben presentarse ante la justicia”

Ronald ‘Chichi’ Castedo, expresidente de Cotas e involucrado en el caso Terrorismo, ayer estuvo en el programa Qué Semana, de El Deber Radio, exponiendo su experiencia como uno de los 39 acusados, con implicaciones en su salud y economía. Además compartió detalles de su búsqueda de justicia, ya que su demanda también está ante la CIDH desde 2021.

- Ya pasaron 15 años.

Es tan confuso el tema, el caso empezó en 2009 y fui presidente de Cotas en 2010; yo había dejado de ser presidente de Cotas en abril de 2008, estaba retirado de toda actividad dirigencial y en proceso de recuperación de mi salud.

Eso nos marcó a todos de distinta manera, pero gracias a Dios pasó esa pesadilla por la que 300 personas fueron llevadas a La Paz a declarar, cerca de 30 en el Caso Terrorismo 1, y más de una docena en el Caso Terrorismo 2. Hubo mucha gente que prefirió abandonar el país y que no volvió más, pero mi determinación fue enfrentar desde acá.

- Se habló de extorsión para no ser incluidos en el caso ¿Lo llamaron para eso?

Sí, pero nunca quise prestarme a dar, incluso amigos se acercaron a decirme que había forma de arreglarlo, otros venían desde La Paz. El precio era el mismo, pero eran múltiples los que ofrecían sus servicios.

- ¿Era el ex fiscal Marcelo Sosa uno de los extorsionadores?

Debo ser sincero, al fiscal Sosa lo vi cuando terminó mi audiencia en la FELCC, no antes. No tuve contacto con él, pero sí con otros fiscales e investigadores del Ministerio de Gobierno y de la Policía.

Ahí conocí al entonces mayor Jhonny Aguilera (hoy viceministro). Con él tuve un par de charlas de buena manera, pero las ofertas no venían directamente de ellos, sino de otra gente que operaba alrededor. En realidad, había una estructura que rodeaba a la Fiscalía y otro brazo al Ministerio de Gobierno, de ambos lados uno recibía insinuaciones y ofertas. Era cuestión de tomar una determinación.

- ¿Esto le pasó una factura muy alta a su salud?

Tuve un infarto masivo y cuatro paros en noviembre de 2005, ese fue un problema coronario que fue superado, con algunos problemitas, pero lo pasé bien por mi edad, tenía 48 años y buena fortaleza física y espiritual.

Cuando empezó el caso, también ocurrió un deterioro progresivo en mi salud. Primero apareció la enfermedad del corazón, y de ahí todo tipo de patologías que se complicaban, a medida que este caso itinerante iba de un lado a otro, y nos desgastaba sicológica y económicamente, en la salud, a la familia.

El encierro fue muy largo, la cárcel fue mi casa durante diez años, estuve dos días detenido en la FELCC en Santa Cruz, y tres meses recluido en mi casa, buscando que me den permiso para trabajar.

Después, el arresto fue domiciliario, solo podía salir a trabajar de lunes a viernes, de siete de la mañana a siete de la noche, ese arresto duró diez años.

El 17 de septiembre de 2011 tuve una de las experiencias más complicadas, cuando fui declarado clínicamente muerto durante mucho tiempo. Llegaron a hacer mi necrológico, me estaban sacando a una camilla para que me hicieran la autopsia en la morgue, tuve dos infartos al mismo tiempo, uno cerebral y otro coronario, y no supe qué pasó, eran las tres y media de ese día, y yo desperté días después de salir del coma, buscando explicaciones.

Después me enteré de lo que había pasado. Hubo un doctor Méndez, que gracias a Dios no retiró el tubo y por eso no me faltó el oxígeno en el cerebro, entonces volvieron a pasar corriente y a la resucitación mecánica. Terminé con tres costillas rotas, durmiendo tres meses en un sillón, pero aquí estoy. Pasé esa dura prueba.

- No querían audiencia en Santa Cruz

El General Gary Prado, igual que yo, pidió su separación del caso, y probablemente también alguien más. La separación no significaba quedar fuera del proceso, sino que a uno lo juzguen por separado para no estar sometido al estrés.

Nosotros ya habíamos percibido que se trataba de un caso tremendamente especial y complicado, y que ya había pasado por Yacuiba, Cochabamba, La Paz, y a La Paz no asistí, ya tenía yo los informes de juntas médicas, pedidas por el mismo juez, de que yo no podía ir a ciudades con más de 500 metros de altura.

Sin embargo, ellos hicieron caso omiso, manejaban a los forenses. Había un fiscal que se llamaba Sergio Céspedes, que dictaba lo que tenían que poner en el infome y pasaban por encima de todo.

En una audiencia en Tarija me desvanecí, pese a todo eso no me separaron y el proceso lo trajeron a Santa Cruz en febrero de 2014, después de que dijeron que no se podía traer, y aquí el proceso avanzó durante años, con las dificultades, las enfermedades del General Prado, de Guedes, Mendoza, porque este era un grupo tremendamente especial, un grupo que parecía reclutado de hospitales, la mayoría enfermos. Finalmente vino la sentencia absolutoria del 4 de febrero de 2020.

- ¿También hubo pérdida económica?

Claro. Este tema del Caso Terrorismo provocó algo que nunca habíamos vivido en Santa Cruz, el temor. Hizo que la gente no se nos apegara, parecía una lepra terminal. Después de ese caso solo pude realizar dos consultorías, a amigos que se acercaron para ayudarme.

Antes de eso yo era un próspero constructor y proyectista, tenía una carrera profesional hecha. Gracias a Dios me había ido bien y tenía un nombre bien puesto. Fui uno de los primeros proyectistas de edificios de mediana altura en Santa Cruz, hice los dos edificios de EL DEBER, trabajamos por 13 años.

- Hay 12 demandas en la CIDH, una es la suya

Sí, la mía es la segunda en la fila, yo vengo después del paquete de cinco que están esperando que concluya el 11 un proceso de conciliación, que ha tenido dos postergaciones desde agosto del año pasado, y que ha ido más allá, como ningún otro, y los demás que estamos en la fila, con informes de fondo. El mío está desde ese mismo año, desde junio de 2021, dejó de ser una petición y se convirtió en un caso, el 14.599, y ya es una demanda que obviamente creemos, por los acontecimientos, que terminará nomás en la Corte IDH de San José, de Costa Rica.

- Demanda un resarcimiento de dos o tres millones de dólares. Hay una intención de conciliar y que baje el monto, eso se va a cambiar por procesar a los responsables. ¿Qué espera usted de la Corte IDH?

Hay muchas cosas que deben conocerse, porque da la impresión de que es una nebulosa, y no es así, todo está claro.

Estos procesos se demoraron más tiempo que otros, es cuestión de entrar al portal de la CIDH para investigar. Tuvimos mucha mala suerte porque hubo dos Paulos que hacían una contención de casos como este, uno era Paulo Abrão, entonces secretario ejecutivo de la CIDH, y el otro Paulo Vannuchi, un brasileño que era el relator para Bolivia y los países bolivarianos.

Entonces los casos no avanzaron, además ayudados en la Corte IDH por Eugenio Zaffaroni, que era juez, ahogado de Evo, y que trabajó como proyectista de varias leyes en Bolivia. También había un gran arquero de Bolivia en la OEA, que las ataja todas, Héctor Arce Zaconeta, que conoce cuál es el verdadero significado de un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ha sido procurador general del Estado, estuvo en las dos veredas. Lo hace bien porque ataja y hace posible que las cosas no sucedan.

- ¿Qué espera de la justicia boliviana?

Nosotros lo hemos vivido todo ese tiempo, es muy penoso, está muy deteriorada, no solo la imagen, requiere de un inmediato cambio.

No creo que a nosotros vuelva a pasarnos algo, pero hay mucha gente que sigue sufriendo, con esto que es la excepción, la detención preventiva.

La norma es que uno pueda defenderse en libertad, cualquier persona tiene derecho a un debido proceso y a ser juzgada en libertad, y obviamente que procede la detención preventiva cuando existen determinados riesgos para el proceso. Pero aquí es lo contrario, la detención preventiva es la norma.

- Se está hablando de una ley para procesar a los que vulneraron los derechos humanos. ¿le queda rencor? ¿quiere que se los procese?

Así como nosotros fuimos juzgados, quien ha cometido delitos, necesariamente tiene que presentarse ante la justicia y responder ante ella.

Eso es un emplazamiento de la CIDH con cinco recomendaciones que no están siendo cumplidas, no es solo iniciar un proceso, hay que investigar qué ocurrió realmente en el Hotel Las Américas. Ahora nosotros hablamos de la CIDH, pero en Europa también hay procesos abiertos en el Parlamento Europeo, en la Corte Penal Internacional.

Cada uno tiene derecho a pedir reparación en lo que cree que fue afectado, y cada uno de los demandó en la CIDH tenemos distintos tipos de reclamo, pero todos coinciden con la vulneración de derechos, como al debido proceso y a defenderse en libertad.

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