Sacaba y Senkata, solo para el discurso
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A más de tres años de los enfrentamientos ocurridos en 2019 en Sacaba, Senkata, Montero y varios otros lugares del país, las víctimas y sus familiares no recibieron reparaciones ni justicia de parte del Estado; por el contrario, son utilizadas como argumento de discurso político por el Movimiento Al Socialismo y las autoridades de Gobierno, que no han cumplido la mayoría de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los de octubre y noviembre de 2019 están entre los días más oscuros de la historia de Bolivia. Primero porque hubo manipulación de las elecciones nacionales a favor de Evo Morales y eso desató una protesta nacional que derivó en la renuncia del entonces presidente y sus inmediatos sucesores. Ese vacío de poder, causado por las dimisiones, generó descontrol, enfrentamientos y una dura represión de parte de la Policía y las Fuerzas Armadas. El saldo fue luto y dolor, una herida aún abierta en el país.
El informe del GIEI habla de al menos 37 personas fallecidas y centenares de lesionados, tanto física como sicológicamente. El informe recoge los hechos de violencia en varias zonas del país, ejercida no solo contra quienes defendían a Evo Morales, sino también en contra de grupos opositores que fueron atacados en puntos de bloqueo, como Montero.
El GIEI emitió 30 recomendaciones después de desmenuzar la situación, tras un trabajo de ocho meses. El informe fue emitido en julio de 2021, pero a un año y medio, la mayoría de los ítems ha sido incumplido.
Las muertes de 2019 son utilizadas como bandera política, para intentar sustentar el relato de que hubo “golpe de estado” en Bolivia (a pesar de las renuncias que fueron públicas y del vacío de poder). También se utiliza a las víctimas como el principal argumento para perseguir a los adversarios políticos del MAS.
En la segunda conclusión del documento, el GIEI remarca: “Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas. Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos el reconocimiento de su calidad de víctimas. No se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin abandonar la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política, mientras que las identificadas con el adversario lo son menos o no requieren atención”.
Lo que ha pasado en el país ha sido exactamente lo contrario. Tras la confrontación ideológica, que se tradujo en violencia en las calles y una brutal represión policial y militar, el Gobierno no ha hecho nada para reconciliar al país. En cambio, se mantienen los discursos confrontacionales, se sigue echando sal a una herida profunda y de larga data entre bolivianos.
La siguiente semana volverán los representantes del GIEI a Bolivia. Vendrán a saber si se cumplieron las recomendaciones. El Gobierno tendrá que mostrar resultados que no tiene. Y como lo que más sabe es acusar y perseguir a los opositores, acelera procesos para decir que algo hizo en este tiempo. No se sabe si logrará pasar la prueba, los que sí saben que se aplazó son los bolivianos que quisieran un país menos dividido y con más discursos de paz que de odio.
La pregunta es: Si al gobierno tanto le interesa hacer justicia en los casos de 2019, ¿por qué está tan demorado en cumplir las recomendaciones y reparar los daños?
