Opinión

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San Calixto nos llama a la conciencia

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7 de agosto de 2020, 3:00 AM
7 de agosto de 2020, 3:00 AM

Sergio E. Giunta

La acción destructora de los sismos es conocida por toda la humanidad y demuestra que estos desastres ocurren con relativa frecuencia. En las zonas sísmicas activas de nuestro planeta las obras están permanentemente expuestas al riesgo de ruina y la única previsión posible consiste en proyectarlas y construirlas de manera tal que sean capaces de resistir los esfuerzos extraordinarios a que esta acción, de tipo dinámica y aleatoria, puede someterlas durante su vida útil.

El balance sismológico mundial ha sido grave y Bolivia en particular ha sufrido muchos eventos de esta naturaleza. El registro del observatorio contiene entre ellos 29 acontecimientos catalogados como sismos importantes por su intensidad superior a VI en la escala de Mercalli Modificada (MM), que han causado pérdidas de vidas humanas y económicas en diferentes regiones, como el del 22 de mayo de 1998, que provocó más de 100 personas fallecidas y afectó a la parte central del país. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se tiene registro de un suceso en febrero de 1845; se señala además el de Florida en noviembre de 1949; en Postrervalle de nivel VII en agosto de 1957; Yapacaní en setiembre de 1986; Vallegrande en abril de 1988; en Samaipata en agosto de 1996; Cabezas de nivel VII en octubre de 2013 y Mairana en agosto de 2014, por nombrar solo algunos.

Cabe destacar que el tipo de riesgo ha venido cambiando ya que antes las poblaciones eran reducidas y comúnmente dispersas con viviendas construidas con materiales de dimensiones muy generosas. Hoy grandes ciudades densamente pobladas, con complejos sistemas de servicios de primera necesidad y extensas conexiones vitales para la economía de un país, representan un gigantesco aumento en el riesgo de un desastre y consecuentemente una inmensa responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad adecuadas, fundamentalmente para las obras de arquitectura como viviendas y edificios que constituyen nuestro hábitat, donde la modernidad a inducido a una excesiva esbeltez de las estructuras.

Basado en información del Instituto Nacional de Estadísticas (https://www.ine.gob.bo/), solo en el transcurso de esta década, la superficie registrada en permisos de construcción a nivel municipal en todo el país alcanza un promedio de casi 3 millones de metros cuadrados anuales, obviamente sin contar todo lo que se hace en forma clandestina. Buena parte se construye en Santa Cruz.

A pesar de que la mayoría de la población del país reside en áreas de sismicidad científicamente demostrada y con gran crecimiento inmobiliario, las autoridades, profesionales y constructores que por diferentes razones tienen conciencia de la necesidad de considerar criterios sismorresistentes en las edificaciones, hasta el presente no han aplicado en forma orgánica medidas adecuadas para prevenir sus efectos, esto es que no existe una imposición obligatoria por parte de las autoridades municipales competentes de Reglamentos Sismorresistentes a aplicar en toda construcción de carácter público o privado.

Concretamente el Código de Urbanismo y Obras vigente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra no alude a la condicionante sísmica y la clasificación general de las edificaciones según su grado de complejidad, en el artículo 81° exime a las viviendas simples y medianas, de uso unifamiliar o multifamiliar con servicios y/o comercios de hasta 600 m2 de superficie construida y hasta dos plantas de altura, requiriendo tan solo presentar la estructura a nivel esquemático. 

Por otro lado, la Norma Boliviana NB 1225001-1 de Hormigón Estructural de reciente vigencia, elaborada en base al Reglamento ACI 318-05 del American Concrete Institute del año 2005 dedica el capítulo 21 a las disposiciones especiales para elementos sismorresistentes, sin embargo, es dable mencionar que se refiere a estructuras con respuesta en rango inelástico a la acción sísmica de diseño, que aplica a edificios de considerable altura. Para las demás construcciones resulta más racional proporcionar una rigidez y una resistencia adecuadas para aproximar la respuesta de la estructura hacia el rango elástico que redunda en menores daños en vista de las limitadas tecnologías constructivas y deficientes controles de calidad en la mayoría de los municipios. 

Muchos no estarán pensando en proyectos a futuro ante la difícil situación que vivimos por la pandemia, pero es preciso dar un salto cualitativo hacia delante en el diseño estructural y las técnicas constructivas para que, a posteriori, propietarios e inversionistas tengan la opción de proteger sus bienes y asegurar sus obras de la amenaza sísmica, lo que redundará en mayor bienestar y mejor valoración.

Desde luego, es un deber que cada habitante sepa el rol que le corresponde tanto para su protección como la de sus bienes. Entonces, como para muchos la vivienda es todo su patrimonio, considere asesorarse con profesionales idóneos y en el marco de reglamentos internacionales comprobados por la eficacia de sus resultados, para lograr adecuada seguridad con una razonable economía, que depende más del ingenio del proyectista, concretamente de su capacidad para el diseño estructural y constructivo.

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