San Matías y la ausencia de Estado

En la última década, unas 170 personas murieron en San Matías a causa de la violencia o sicariato, entre ellos policías, autoridades cívicas y regionales y reinas de belleza. Y en lo que va de 2023, ya son 12 las personas que han muerto acribilladas, según los registros que ha publicado EL DEBER. 

San Matías es una población distante a 691 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Con alrededor de 20.000 habitantes, vive del comercio y la ganadería, pero desde los 90 el narcotráfico ha distorsionado su economía y su seguridad ciudadana.

 Cuenta con un gran potencial turístico porque el municipio amazónico tiene un privilegiado acceso de entrada al Pantanal boliviano y administra 2,9 millones de hectáreas de un área protegida rica en biodiversidad. Y a solo siete kilómetros está Cáceres (Brasil). Pero la violencia empaña las posibilidades y ahuyenta las inversiones.

La zona es considerada peligrosa debido a las muertes registradas por ajustes de cuentas, según sus propias autoridades. San Matías parece haber sido abandonada por el Estado. Hace dos años, cuando un equipo de periodistas de este medio de comunicación llegó al lugar para acompañar una comitiva que llevaba víveres, los dirigentes cívicos les pidieron a los recién llegados que eviten salir del hotel luego de las 17:00 debido al riesgo. 

Entonces, ¿dónde está el Estado que debe preservar la vida de los bolivianos? El Artículo 23 de la Constitución Política del Estado establece que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Y es evidente que San Matías requiere una presencia fuerte y honesta del Estado. 

Desde la década de los noventa se impone el delito en ese territorio. Ingresan vehículos robados de Brasil que se intercambian por droga, se ejecutan secuestros de personas y los asesinatos en vía pública son, además de violentos, frecuentes. A esa población, huyen los sicarios que “ejecutan” algún encargo en Bolivia.

Muchas muertes se planifican por WhatsApp y hay un clan que coordina los asesinatos, según las revelaciones de un recluso. A esa situación, se agrega un código del silencio en la población, que teme acciones de venganza por cualquier “infidencia”, lo que impide que los casos se resuelvan. En muy pocos casos se ha logrado justicia por la vía ordinaria.

En los últimos días, se realizan intensos operativos en San Matías tras el asesinato de un ciudadano brasileño, que fue acribillado con siete impactos de bala, lo que ha llevado a un cruce de acusaciones entre representantes de la Fiscalía y de la Policía de Santa Cruz. Hasta la fecha todos los casos de sicariato terminan con la versión de que los acusados huyen a territorio brasileño.

El clamor de la gente es vivir en paz, pero ¿qué está haciendo el Estado para que las muertes no sigan sumando en San Matías? ¿Quién reclama el incumplimiento de deberes? Las instituciones están debilitadas y una de ellas es el sistema de justicia, que no funciona porque el Estado no da las debidas garantías a jueces y fiscales.