El Deber logo
23 de mayo de 2023, 4:00 AM
23 de mayo de 2023, 4:00 AM

Por Gary Prado Araúz, Abg. DAEN

Está por demás demostrado que el sistema capitalista, agropecuario, industrial y comercial financiero privado que rige y conforma la estructura socioeconómica de Santa Cruz, es un escollo en la visión y programa de gobierno de economía centralizada y estatista que propugnan tanto Morales Ayma entre 2006 y 2019 como Arce Catacora desde 2020 y hacia 2025. Hay una incompatibilidad manifiesta.

Morales ascendió al poder con un enorme respaldo popular en la zona occidental y de los valles bolivianos. Paralelamente se construía una visión de Estado con autonomías propugnada por la zona de las llanuras, básicamente en Santa Cruz. Morales buscaba un Estado fuerte, central en la economía, mientras que los cruceños dibujaban su demanda de un Estado autonómico, con mayor libertad de empresa.

Esas visiones colisionaron entre 2008 y 2009 cuando se discutía y aprobaba la nueva Constitución. Recordamos momentos trágicos: La Calancha, Yacuiba, Porvenir, hotel Las Américas. La escalada de violencia tuvo un corolario en esa última acción, despiadada y sangrienta, que a su vez dio inicio a una persecución político – judicial sin parangón en la historia.

El mismo 16 de abril de 2009, el principal vocero del Gobierno de entonces, García Linera, decía: “… ¿cuáles son los móviles ideológicos de estas personas? vinculadas en un principio, por la documentación que hemos podido observar, a una ideología de extrema derecha fascista. La investigación recién comienza. El Gobierno no va a descansar un solo segundo hasta encontrar las otras ramificaciones, las otras células de terroristas y de mercenarios, pero, fundamentalmente, a los auspiciadores, los financiadores, las personas que les han pagado para cometer este tipo de atentado. No vamos a descansar hasta encontrar con los autores criminales, intelectuales, de esta macabra construcción de terrorismo mercenario”.

No fueron cuatro decenas de acusados los únicos que sufrieron la persecución y el escarnio. Fueron centenares de empresarios –fundamentalmente– los que se convirtieron en el objetivo político. Con la colaboración de un abogado de triste memoria y a través de un fiscal malhadado y corrupto, se elaboraron listas de cruceños a quienes se debía investigar por presunta vinculación con mercenarios extranjeros magnicidas.

Esa larga lista de víctimas de la extorsión y el chantaje constituyeron la base de una nueva Pax Romana que se impuso a Santa Cruz. “Ustedes hagan plata, nosotros hacemos política”, decía el mismo García, cuando logró someter al empresariado a su égida. Las instituciones gremiales, el sistema cooperativo, las principales empresas y sus ejecutivos, los medios de comunicación, la naciente expresión de autonomismo cruceño, en fin, la élite cruceña fue acallada.

Pasaron 14 años desde aquel abril y el mes nos vuelve a colocar en la encrucijada. El Gobierno que no encuentra salida a la crisis económica a la que vamos, el quiebre de su modelo vendido como exitoso, el desabastecimiento de carburantes, la falta de dólares, el recurrente déficit fiscal, etcétera, son signos de un agotamiento y alertas que no se atienden adecuadamente.

Muy por el contrario, el Gobierno encuentra en la agresión a Santa Cruz las vías para distraer los problemas urgentes e importantes.

Ya no es un atentado magnificado como terrorista. Ahora se golpea la médula de la sociedad cruceña, atacando a una entidad financiera. Y, a través de ella, al modelo cruceño, su élite y su vocación.

Las alegadas inconductas, los probables delitos, las vinculaciones prohibidas en el manejo financiero de esa entidad no son motivo de este análisis. Ello tiene sus instancias y sus procedimientos. Lo que traigo a colación es el modus operandi. Otra vez se ataca a Santa Cruz y con nuevas excusas, nuevos actores y las mismas motivaciones, se repite la historia.

Hoy no es Sosa, es un medio. Hoy no es García Linera, es el vocero. Se genera un conflicto, se utilizan los recursos del centralismo: ASFI, UIF, Fiscalía, Policía y se abre el escenario. Antes fue terrorismo, hoy son estafa, legitimación, financiamiento al terrorismo.

Leamos al vocero entrevistado en el medio: “15 a 20 familias, estamos hablando de gente muy, pero muy poderosa, muy pocas familias, con una gran cantidad de recursos desviados: seiscientos millones de dólares, para llevar hacia actividades que puedan estar interesadas en la generación de procesos de inestabilidad política e inestabilidad social. Hace seis meses, en noviembre del pasado año, se generó un proceso de desestabilización profundo. La Gobernación, el Comité Cívico, el Comité Interinstitucional que aglutinaba a estas tres instituciones, por ahí circulaban los rumores que decían que eran empresarios que habían hecho los aportes para sostener aquello de las rotondas, las movilizaciones, la logística, el combustible, las motocicletas, el pago a todos los sectores vinculados con la delincuencia que en horas de la noche salía a generar violencia en Santa Cruz”. “Y el año 2019 una acción todavía mucho más virulenta, entonces esto es lo que se tiene que investigar”.

Reiteración palmaria de la práctica. El mismo guionista, distinto guion. Se está vinculando en la investigación hechos de índole cívica y de luchas democráticas con un alegado mal manejo financiero de una entidad bancaria y empresas relacionadas a ella.

Estamos en la boca del lobo inflacionario. Hay una devaluación de facto del boliviano. Comienza la escasez de diésel oil. Pero el Gobierno quiere vincular un banco y sus ejecutivos, inversionistas y prestatarios con su desgastada trama del golpe y con las protestas por el censo y la detención del gobernador Camacho.

En ese afán, volverá el fiscalato y la cohorte de abogados intermediadores a ofrecer arreglos extrajudiciales; volverán las simbólicas detenciones preventivas; volverán las solicitadas y documentales; volverán los facilitadores de contactos para excluir posibles investigados.
Volverán las sindicaciones alevosas y malintencionadas. Las críticas a la “oligarquía” y “los comiteístas”, a las “logias” y los “opositores”.

Duele vernos otra vez, como sociedad y como personas, recorriendo el camino de la ignominia y la extorsión.
Tenemos que parar este nuevo abuso. Sin transar y sin socapar. Separando la paja del trigo. Llamando por su nombre a las cosas. Urge que los líderes cívicos, empresariales, sociales, gremiales se unan y asuman, esta vez sin traiciones y arreglos particulares, una conducta coherente de defensa y protección de lo que está bien hecho y de lo que no es motivo de sospecha.

Tags