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8 de enero de 2023, 7:00 AM
8 de enero de 2023, 7:00 AM

Joaquín Saravia Calderón


No fue sorpresa, se veía venir. La arremetida contra el gobernador Luis Fernando Camacho y contra Santa Cruz representa la actuación reincidente del centralismo estatal empeñado atávicamente en anular todo intento de autonomía real. El método a utilizarse era también previsible, procede de una despiadada cultura política enraizada en la mente de cierta élite en el poder que reacciona irritada cada vez que los cruceños exigen reconocimiento de sus derechos o peor si escuchan la palabra independencia.

En realidad, el Estado boliviano, controlado históricamente por esa casta política de talante autoritario, no tolera ni admite proyectos autonomistas, sea de Oriente o de occidente, y los cruceños lo saben. Por eso, en su memoria histórica el periodo 1876 y 1877 tiene un importante significado.

Fue cuando Andrés Ibañez inició una revuelta que culminó con la conformación de la “Junta Superior del Estado Federativo Oriental”, una especie de gobierno autónomo socavado después por el Gobierno Central en complicidad con la oligarquía terrateniente temerosa de perder sus haciendas. Bajo la declaración de estado de sitio, el gobierno desató un feroz ataque en este departamento. Persiguió a los federalistas y capturó a Andrés Ibañez, que luego fue fusilado. Para entonces Santa Cruz tenía algo más de 10.000 habitantes.

No pasó mucho tiempo para que la vocación autonomista volviera a manifestarse, esta vez en la “Revolución de los Domingos”, llamado así porque se inició en un día domingo de 1891 y porque fue encabezada por los coroneles Domingo Ardaya y José Domingo Ávila.

La movilización desembocó en la creación de una “Junta Gubernativa Federal del Oriente”. Las cosas se tomaron seriamente. Se decidió crear un Banco Federal facultado para imprimir billetes, la formación de un Ejército Federal y la creación de una Guardia Nacional. El Gobierno central conducido por Aniceto Arce consideró este hecho intolerable, y a través de una implacable represión acabó con todos sus cabecillas a quienes acusó de “facciosos, delincuentes revoltosos, sediciosos”.

Pero el rol autoritario del Estado no solo se aplicó en oriente, también se lo hizo en occidente. Solo años después de lo ocurrido en Santa Cruz, entre 1898 y 1899, el paceño José Manuel Pando llegaba al poder con una incumplida promesa de federalismo para Bolivia.

Su llegada a la presidencia no hubiera sido posible sin el apoyo otorgado por el líder indio Zarate Willka a cambio de una también soslayada promesa de devolución de tierras a los indios. Al final, Pando mantuvo el Estado Unitario Centralista a la vez que desató una sañuda persecución y masacre de indios cuando éstos intentaron conformar un gobierno propio. La historia terminó con el fusilamiento de Zarate Willka.

En el siglo XX, el carácter autoritario y centralista del Estado afloró nuevamente en contra Santa Cruz. Era 1958, cuando el gobierno populista del MNR aplacó otro “foco rebelde” cruceño que demandaba el cumplimiento de la Ley del 11 por ciento de regalías para los departamentos productores de petróleo.

Para preparar el escenario de intervención se identificó a Melchor Pinto Parada como promotor del conflicto y se elaboró un discurso estigmatizador con el cual sus acciones fueron mostradas como “una peligrosa reacción de carácter regionalista que ponía en peligro la soberanía y la seguridad nacional”.

El movimiento fue ahogado bajo el ataque de milicias campesinas enviadas desde el valle y occidente al que se sumó el ataque desquiciado de la policía. Terebinto fue la región donde la degradación humana causada por la represión llegó a sus extremos.

Al final, este episodio terminó con el fortalecimiento del discurso separatista basado en dispositivos de adhesión y rechazo: el poder central buscó adhesión al mostrarse como garantía de la unidad nacional y estigmatizó a Santa Cruz ante el resto del país como la región interesada en la desintegración territorial.

Pero solo dos años antes, en la provincia Camacho de la región altiplánica, otro líder indio, llamado Laureano Machaca, ya se había planteado la idea de crear la República Aymara, declarándose inclusive como su presidente. Y aunque el intento fracasó por pugnas internas, ese acontecimiento no dejó de traslucir la secular demanda de independencia de la población india con respecto al Estado centralista.

Actualmente, Santa Cruz vive otro capítulo de su crisis cíclica propia. Con más de 3.370.100 habitantes, la reminiscencia de la autonomía e independencia volvió con más fuerza con el tema del censo y el pedido de libertad para Luis Fernando Camacho. Asombrosamente, todos los escenarios, las conductas de los actores involucrados, los métodos gubernamentales de control y los discursos difundidos hallan semejanza con los eventos vividos antes.

Ahora, el desafío de los cruceños es lograr con su batalla actual mejores resultados que los alcanzados en el pasado.

Finalmente, la recurrencia de los movimientos autonómicos en Bolivia, está mostrando que el problema no se encuentra en las regiones ni en su gente, sino en la presencia del Estado.

El problema no es la gente que bloquea, sino el Estado bloqueador. Un Estado discriminador, centralista y autoritario que requiere ser extirpado junto a la corrupta casta política que lo controla. La decisión consiste en elegir la libertad o el Estado.

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