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El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) reconocerá desde este miércoles el papel que jugó Jeanine Áñez como expresidenta. Ese día, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa tratará las cuatro proposiciones acusatorias planteadas en su contra por la Fiscalía con miras a un juicio de responsabilidades, una prerrogativa que es solo para las altas autoridades del Estado.

El diputado Andrés Flores (MAS), quien forma parte de esa entidad legislativa, anunció ayer el inicio de ese debate y desafió a la oposición a presentar pruebas contra el expresidente Evo Morales. “No hemos venido a parcializarnos con nadie”, aseguró.

“¿Cuál es el miedo? ¿O no hay argumentos? Que la oposición presente denuncias, que formalicen las denuncias. Hasta este momento, no hay ninguna denuncia contra el expresidente”, remarcó.

El ministro de Justicia, Iván Lima, tiene este mismo criterio. “Si alguien tiene alguna denuncia contra el expresidente Evo Morales, tiene que ir a Sucre, a la Fiscalía, como yo fui cuatro veces (para denunciar a Áñez), a presentar sus pruebas y traer el proceso a la Asamblea”, afirmó la autoridad.

No veo responsabilidades contra Evo Morales en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Si alguien las ve, que presente sus pruebas”, añadió la autoridad.

El expresidente Carlos Mesa, líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), planteó la necesidad de procesar a Morales por insistir en la reelección sin respetar los límites legales establecidos en la Constitución y la voluntad expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

El criterio fue planteado tras la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que dictaminó que la reelección no es, precisamente, un derecho. El diputado Carlos Alarcón (CC) consideró que esta vulneración “es el origen de la crisis de 2019” y subrayó que no existe independencia en la justicia para poder tramitar un proceso legal contra Morales.

A mí me han procesado desde 1989, les he ganado todos los procesos, y vengan de donde vengan vamos a seguir ganando los procesos”, afirmó el exmandatario en agosto tras el fallo de la Corte IDH.

Encarcelada desde marzo, Áñez enfrenta dos juicios ordinarios por terrorismo e incumplimiento de deberes, delitos que pudo cometer cuando asumió el mando del país sin apoyo legislativo.

Juzgarla en la vía de juicio de responsabilidades es reconocer, desde mi óptica, que fue un gobierno de transición y el MAS ha señalado -y en eso me suscribo absolutamente- que la sucesión no fue constitucional”, afirmó hace algunos días Carlos Romero, exministro de Morales.

Áñez está acusada de delitos de corrupción por tramitar un crédito “irregular” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de ampliar la concesión del Registro de Comercio a favor de Fundempresa. También tiene una demanda por “violar la libertad de expresión en la cuarentena de 2020” y, finalmente, por “genocidio” por Senkata y Sacaba.

El viernes 3 de septiembre, familiares de las víctimas de estos luctuosos sucesos protagonizaron una marcha de protesta en La Paz; quemaron muñecos con el rostro de Áñez y de Amparo Carvajal, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

David Inca, activista que apoya a las familias de Senkata, dijo que “el viernes hubo infiltrados” que cometieron esos excesos. “Vamos a hacer seguimiento pacífico al debate legislativo”, remarcó.

Ayer, un grupo autodenominado “Wila lluch’us” advirtió que quemarán la casa de Carvajal.


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